Martín Toral Cirilo
Expediente 466/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Toral Cirilo
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído por el que fue decretado el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DESTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO DE FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTISEIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO (Registro 15641). Agréguese el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable oficiante Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. ESTADO DE AUTOS. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad: "La falta de acuerdo respecto del Juicio de Amparo promovido por el suscrito desde el 30 de julio del presente año, junto con otros quejosos, sin que hasta la fecha se haya pronunciado respecto de su admisión, prevención o su desechamiento." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, tal como lo indica el juez responsable, efectivamente en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Del precepto legal transcrito se desprenden dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: a) Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, b) Contra las resoluciones dictadas en ejecución de las mismas. El propósito de dicho supuesto consiste en evitar que lo decidido en un juicio de amparo sea sujeto a un nuevo medio de control de la misma naturaleza, debido a que -en consideración de la Primera Sala del Alto Tribunal- los procesos de garantías constitucionales se rigen por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que lo resuelto en definitiva no puede ser objeto de un nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, habida cuenta que no es posible supeditar una decisión que se encuentra firme a la promoción de un número interminable de juicios de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." De este modo, el hecho de que el juicio constitucional sea improcedente contra las resoluciones dictadas en tales juicios o en ejecución de las mismas pretende garantizar que la decisión pronunciada en un medio extraordinario de defensa no sea sometida nuevamente a un diverso medio de control, toda vez que uno de los elementos que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados es el establecimiento de una última instancia para deducir sus pretensiones y la salvaguarda de la inmutabilidad de las decisiones judiciales que adquieran firmeza. Establecido lo anterior, para considerar actualizada la causal de improcedencia en análisis, esta Juzgadora considera necesario desentrañar los elementos que la integran. Así, la primera hipótesis que contempla la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que en el caso interesa, es la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas en el mismo. Al respecto, la Primera Sala ha establecido que el concepto "resoluciones" no sólo se refiere a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, sino también a las resoluciones emitidas en el incidente de suspensión, en cualquier otro incidente que se tramite y las dictadas después de concluido, ya sea en aclaración de sentencia o en los recursos que prevé la Ley de Amparo. Por tanto, el sentido de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no debe encontrarse bajo la literalidad del concepto "resoluciones" -como si únicamente se tratara de la resolución definitiva del juicio de amparo-, toda vez que lo que busca la norma es evitar someter a un nuevo medio de control las decisiones adoptadas en un mecanismo de defensa de la misma naturaleza, lo que se logra interpretando que ninguna resolución emitida dentro de un juicio de amparo, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser impugnada a través de un procedimiento del mismo orden. En efecto, dentro del juicio de amparo es posible emitir tanto resoluciones de trámite como resoluciones de fondo; sin embargo, el hecho de que tales determinaciones puedan ser combatidas a través de los medios de impugnación que establece la Ley de Amparo -una vez cumplidos los requisitos de procedencia de que se traten-, en modo alguno implica que puedan ser reclamadas a través de un nuevo juicio de amparo, ya que lo que tutela la fracción en análisis no es limitar los medios de impugnación o de defensa, sino evitar que se promueva un diverso juicio de amparo dentro del mismo juicio constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Entonces, como se precisó el acto aquí reclamado deriva de un juicio de amparo, de ahí que no pueda entrarse al análisis del mismo. En consecuencia, al actualizarse en el presente juicio, la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se le de vista a las parte quejosa con tal circunstancia, toda vez que la causal de improcedencia en cuestión se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, de modo que no hay medio de convicción, que pudiera ofertar, con el que pueda desvirtuarse la misma. SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciséis minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. AGREGA ESCRITO. (Registro 15635). Finalmente, glósese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual hace diversas manifestaciones; toda vez que en párrafos que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO (Registro 15641). Agréguese el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable oficiante Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. ESTADO DE AUTOS. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad: "La falta de acuerdo respecto del Juicio de Amparo promovido por el suscrito desde el 30 de julio del presente año, junto con otros quejosos, sin que hasta la fecha se haya pronunciado respecto de su admisión, prevención o su desechamiento." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, tal como lo indica el juez responsable, efectivamente en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Del precepto legal transcrito se desprenden dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: a) Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, b) Contra las resoluciones dictadas en ejecución de las mismas. El propósito de dicho supuesto consiste en evitar que lo decidido en un juicio de amparo sea sujeto a un nuevo medio de control de la misma naturaleza, debido a que -en consideración de la Primera Sala del Alto Tribunal- los procesos de garantías constitucionales se rigen por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que lo resuelto en definitiva no puede ser objeto de un nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, habida cuenta que no es posible supeditar una decisión que se encuentra firme a la promoción de un número interminable de juicios de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." De este modo, el hecho de que el juicio constitucional sea improcedente contra las resoluciones dictadas en tales juicios o en ejecución de las mismas pretende garantizar que la decisión pronunciada en un medio extraordinario de defensa no sea sometida nuevamente a un diverso medio de control, toda vez que uno de los elementos que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados es el establecimiento de una última instancia para deducir sus pretensiones y la salvaguarda de la inmutabilidad de las decisiones judiciales que adquieran firmeza. Establecido lo anterior, para considerar actualizada la causal de improcedencia en análisis, esta Juzgadora considera necesario desentrañar los elementos que la integran. Así, la primera hipótesis que contempla la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que en el caso interesa, es la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas en el mismo. Al respecto, la Primera Sala ha establecido que el concepto "resoluciones" no sólo se refiere a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, sino también a las resoluciones emitidas en el incidente de suspensión, en cualquier otro incidente que se tramite y las dictadas después de concluido, ya sea en aclaración de sentencia o en los recursos que prevé la Ley de Amparo. Por tanto, el sentido de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no debe encontrarse bajo la literalidad del concepto "resoluciones" -como si únicamente se tratara de la resolución definitiva del juicio de amparo-, toda vez que lo que busca la norma es evitar someter a un nuevo medio de control las decisiones adoptadas en un mecanismo de defensa de la misma naturaleza, lo que se logra interpretando que ninguna resolución emitida dentro de un juicio de amparo, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser impugnada a través de un procedimiento del mismo orden. En efecto, dentro del juicio de amparo es posible emitir tanto resoluciones de trámite como resoluciones de fondo; sin embargo, el hecho de que tales determinaciones puedan ser combatidas a través de los medios de impugnación que establece la Ley de Amparo -una vez cumplidos los requisitos de procedencia de que se traten-, en modo alguno implica que puedan ser reclamadas a través de un nuevo juicio de amparo, ya que lo que tutela la fracción en análisis no es limitar los medios de impugnación o de defensa, sino evitar que se promueva un diverso juicio de amparo dentro del mismo juicio constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Entonces, como se precisó el acto aquí reclamado deriva de un juicio de amparo, de ahí que no pueda entrarse al análisis del mismo. En consecuencia, al actualizarse en el presente juicio, la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se le de vista a las parte quejosa con tal circunstancia, toda vez que la causal de improcedencia en cuestión se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, de modo que no hay medio de convicción, que pudiera ofertar, con el que pueda desvirtuarse la misma. SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciséis minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. AGREGA ESCRITO. (Registro 15635). Finalmente, glósese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual hace diversas manifestaciones; toda vez que en párrafos que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
I. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Toral Cirilo, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 466/2021-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo en cuestión, se obtiene que la parte quejosa se duele de: "La falta de acuerdo respecto del Juicio de Amparo promovido por el suscrito desde el 30 de julio del presente año, junto con otros quejosos, sin que hasta la fecha se haya pronunciado respecto de su admisión, prevención o su desechamiento." ADMISIÓN. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión respectivo, al no haber sido solicitado por el quejoso. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. En el entendido que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a que mediante Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se hizo incapié en que los órganos jurisdiccionales habrán de tomar todas las medidas necesarias a efecto de evitar riesgo de contagio, lo que conduce a emitir acciones orientadas a disminuir el contacto directo y personal entre las partes y los miembros de este Juzgado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". PARTE TERCERA INTERESADA. Resérvese proveer lo conducente en torno al llamamiento a juicio, en su caso, de la parte tercera interesada, hasta en tanto se reciba el informe justificado de la autoridad responsable. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables como a la parte quejosa y, en su caso, a quien le revista el carácter de tercera interesada, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Asimismo, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Ulises Torres Román y Enrique Eduardo Villaseñor González, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. CAPTURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de la autoridad responsable, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este incidente de suspensión en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad responsable.
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