Martín Tomás Trejo Ferrusca
Expediente 71/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2018
Partes del expediente
- Martín Tomás Trejo Ferrusca
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que en proveído nueve de febrero de dos mil dieciocho causo estado el desechamiento pronunciado en autos; en consecuencia devuélvasele a la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo del Poder Judicial del Estado de Querétaro, tres tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del tomo I y tomo II del expediente 451/2013 de del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil con residencia en San Juan del Río Querétaro, sin que sea necesario de que acuse recibo del mismo, toda vez que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces de acuse de recibo necesarias, de igual manera devuélvasele los originales del Toca Civil 1267/2017 y Cuaderno de Apelación 88/2017 requiriéndole a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuse de recibido el referido toca y cuaderno de apelación, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo....V
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....v
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COMPETENCIA V I S T O el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ***, luego de que mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, emitido en el amparo directo civil 29/2018, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito, y declinó competencia para conocer de tal demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, el cual por razón de turno, correspondió a este Juzgado Federal, en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad, que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada por razón de turno y al efecto, se provee: REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el artículo, 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 71/2018-V, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, no obstante de que la parte quejosa no haya manifestado los antecedentes de la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se estima que acorde con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, lo correcto es proveer acerca de la demanda en lugar de prevenir al quejoso para que subsane dicha omisión atendiendo al sentido que regirá la presente determinación; máxime que de las constancias generadoras del acto reclamado se advierten los antecedentes del acto reclamado. DESECHAMIENTO Así, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la anterior transcripción legal, se advierte que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera o después de concluido el juicio. Asimismo, señala que contra actos de ejecución de sentencia sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, a saber: La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; Las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: La resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1267/2017, que confirma el acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 451/2013. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: 1. Dentro de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se encuentra radicado el juicio ordinario civil 451/2013, sobre terminación de copropiedad promovido por Ma. de la Luz Ferruzca Hernández, en contra de la sucesión a bienes de Josefina Ferrusca Hernández; siendo el quejoso albacea de dicha sucesión. 2. En los autos del citado juicio el trece de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva (folios 216 a 257 del tomo de pruebas I). 3. Inconforme la parte actora con dicha resolución, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1218/2015, en el sentido de modificar la aludida sentencia en su resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera: ".Segundo.- Al no admitir cómoda división, no haber acordado entre los copropietarios para que alguna de ellas, se adjudique el inmueble que nos ocupa, lo que legalmente procede es la venta del bien inmueble ubicado en calle Francisco Villa número 37, Centro, San Juan del Río, Querétaro, así como la repartición del precio por partes iguales a las litigantes de este asunto, y siendo a las partes iguales tanto las cargas como los gastos de dicha venta cause, lo que se determinara en la etapa de ejecución de sentencia, debiendo actualizarse los peritajes previo a la venta.". (Folios 268 a 280 del tomo de pruebas I). 4. En contra de la citada resolución, la parte actora, promovió amparo directo, del cual conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el número 495/2015, siendo resuelto por sesión de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el sentido de concederle el amparo, y ordenó modificar diversos aspectos salvo el precisado en el párrafo que antecede (folios 318 a 344 del tomo de pruebas I). 5. En cumplimiento a lo anterior, la Sala del conocimiento, emitió la resolución de once de febrero de dos dieciséis (folios 349 a 365 del tomo de pruebas I). 6. El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, a solicitud de la parte actora, se dio inicio con la ejecución parcial de la sentencia definitiva (folio 382 del tomo de pruebas I). 7. Seguido su cauce legal el procedimiento de ejecución de sentencia, el once de julio de dos mil diecisiete, el juez natural, dictó proveído en el que, entre otras cosas, declaró fincado el bien inmueble materia de la controversia a favor de la parte actora (folios 454 a 465 del tomo de pruebas I). 8. Disconforme con dicho proveído el albacea de la parte demandada, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación del que conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, bajo el número de toca 1267/2017, el cual fue resuelto el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmarlo (folios 4 a 16 del tomo de pruebas III). La anterior determinación constituye el acto reclamado. Expuesto lo anterior, cabe señalar que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en la que pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos, a efecto de no entorpecer la ejecución de una resolución que constituye cosa juzgada, y que por la naturaleza propia del procedimiento, entendido como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución, que finalmente sería lo que podría reparar perjuicio a las partes, y por ende puede ser objeto de impugnación, esto es, dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser fundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.7J. 108/2010, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sentadas las premisas anteriores, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el juicio natural se encuentra en su etapa ejecutiva, y que la parte quejosa se encuentra vinculada a su cumplimiento al ser parte demanda. En tal virtud, los efectos y consecuencias del acto reclamado, en todo caso, lo serán para que se continúe con la substanciación de la fase de ejecución de sentencia, pues a través de aquél se confirma el auto de once de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de génesis, por el que el A quo declaró fincado a favor de la parte actora el inmueble materia de la controversia; razón por la que, el auto combatido no es autónomo a la ejecución de la sentencia. De ahí que, el auto reclamado, así como sus consecuencias legales están intrínsecamente relacionados con la cosa juzgada, pues únicamente se pretende dar cumplimiento de manera parcial a la sentencia, sin introducir cuestiones ajenas a ella. Dicho lo anterior, el auto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas el artículo 107, fracción IV, de la Ley amparo, esto es, no es la última resolución dictada en fase de ejecución de sentencia, pues no es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, en las que sí se pudieran harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, entre ellas, las violaciones de las que se duele la parte quejosa en el presente juicio. Los anteriores razonamientos se encuentran en la tesis (V Región)1o.2 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, décima época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia común, número de registro 2015335, visible en el la página 2407, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE REQUIERE AL DEMANDADO POR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO DE DESAHUCIO Y AÚN PENDIENTE DE RESOLVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). La jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.", establece que la razón medular del legislador para determinar la regla de procedencia del juicio de amparo relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. De ahí que, conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto mediante el cual se requiere al demandado por el cumplimiento voluntario de la sentencia de primera instancia condenatoria dictada en un juicio de desahucio, a pesar de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación, en virtud de que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que la sentencia que lo decrete será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin fianza; lo cual implica que, aun cuando no se trate de una sentencia ejecutoriada, aquel proveído es emitido en la fase de ejecución; por tanto, debe estarse a la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, citado." Así como la diversa tesis número P. LVII/97, tomo V, abril de 1997, página 16, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. TOMOS DE PRUEBA Atento a lo anterior, y dada la voluminosidad de las constancias remitidas, para un mejor manejo del caso, fórmese tres tomos de prueba por cuerda separada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas en términos amplios a las personas que se refieren; y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Melina Reyes Gutiérrez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del Despacho en ausencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el punto tercero de la lista de participantes que en el Trigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistrados de Circuito pasan a la Segunda Etapa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamente la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, asistida del Secretario de Acuerdos Asdrúbal Vargas Romero, quien autoriza y da fe. Zeus*
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 25/01/2018 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO MARTÍN TOMAS TREJO FERRUSCA EL AUTO DE 24/01/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: COMPETENCIA V I S T O el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ***, luego de que mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, emitido en el amparo directo civil 29/2018, dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo de mérito, y declinó competencia para conocer de tal demanda de amparo a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, el cual por razón de turno, correspondió a este Juzgado Federal, en consecuencia, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento de la superioridad, que con fundamento en los artículos 1, 33 y 35 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada por razón de turno y al efecto, se provee: REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el artículo, 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 71/2018-V, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, no obstante de que la parte quejosa no haya manifestado los antecedentes de la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se estima que acorde con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, lo correcto es proveer acerca de la demanda en lugar de prevenir al quejoso para que subsane dicha omisión atendiendo al sentido que regirá la presente determinación; máxime que de las constancias generadoras del acto reclamado se advierten los antecedentes del acto reclamado. DESECHAMIENTO Así, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la anterior transcripción legal, se advierte que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera o después de concluido el juicio. Asimismo, señala que contra actos de ejecución de sentencia sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, a saber: La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; Las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: La resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1267/2017, que confirma el acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 451/2013. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: 1. Dentro de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se encuentra radicado el juicio ordinario civil 451/2013, sobre terminación de copropiedad promovido por Ma. de la Luz Ferruzca Hernández, en contra de la sucesión a bienes de Josefina Ferrusca Hernández; siendo el quejoso albacea de dicha sucesión. 2. En los autos del citado juicio el trece de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva (folios 216 a 257 del tomo de pruebas I). 3. Inconforme la parte actora con dicha resolución, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca civil 1218/2015, en el sentido de modificar la aludida sentencia en su resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera: ".Segundo.- Al no admitir cómoda división, no haber acordado entre los copropietarios para que alguna de ellas, se adjudique el inmueble que nos ocupa, lo que legalmente procede es la venta del bien inmueble ubicado en calle Francisco Villa número 37, Centro, San Juan del Río, Querétaro, así como la repartición del precio por partes iguales a las litigantes de este asunto, y siendo a las partes iguales tanto las cargas como los gastos de dicha venta cause, lo que se determinara en la etapa de ejecución de sentencia, debiendo actualizarse los peritajes previo a la venta.". (Folios 268 a 280 del tomo de pruebas I). 4. En contra de la citada resolución, la parte actora, promovió amparo directo, del cual conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el número 495/2015, siendo resuelto por sesión de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el sentido de concederle el amparo, y ordenó modificar diversos aspectos salvo el precisado en el párrafo que antecede (folios 318 a 344 del tomo de pruebas I). 5. En cumplimiento a lo anterior, la Sala del conocimiento, emitió la resolución de once de febrero de dos dieciséis (folios 349 a 365 del tomo de pruebas I). 6. El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, a solicitud de la parte actora, se dio inicio con la ejecución parcial de la sentencia definitiva (folio 382 del tomo de pruebas I). 7. Seguido su cauce legal el procedimiento de ejecución de sentencia, el once de julio de dos mil diecisiete, el juez natural, dictó proveído en el que, entre otras cosas, declaró fincado el bien inmueble materia de la controversia a favor de la parte actora (folios 454 a 465 del tomo de pruebas I). 8. Disconforme con dicho proveído el albacea de la parte demandada, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación del que conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, bajo el número de toca 1267/2017, el cual fue resuelto el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmarlo (folios 4 a 16 del tomo de pruebas III). La anterior determinación constituye el acto reclamado. Expuesto lo anterior, cabe señalar que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en la que pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos, a efecto de no entorpecer la ejecución de una resolución que constituye cosa juzgada, y que por la naturaleza propia del procedimiento, entendido como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución, que finalmente sería lo que podría reparar perjuicio a las partes, y por ende puede ser objeto de impugnación, esto es, dada la vinculación de causa y efecto, entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser fundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.7J. 108/2010, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sentadas las premisas anteriores, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el juicio natural se encuentra en su etapa ejecutiva, y que la parte quejosa se encuentra vinculada a su cumplimiento al ser parte demanda. En tal virtud, los efectos y consecuencias del acto reclamado, en todo caso, lo serán para que se continúe con la substanciación de la fase de ejecución de sentencia, pues a través de aquél se confirma el auto de once de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de génesis, por el que el A quo declaró fincado a favor de la parte actora el inmueble materia de la controversia; razón por la que, el auto combatido no es autónomo a la ejecución de la sentencia. De ahí que, el auto reclamado, así como sus consecuencias legales están intrínsecamente relacionados con la cosa juzgada, pues únicamente se pretende dar cumplimiento de manera parcial a la sentencia, sin introducir cuestiones ajenas a ella. Dicho lo anterior, el auto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas el artículo 107, fracción IV, de la Ley amparo, esto es, no es la última resolución dictada en fase de ejecución de sentencia, pues no es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, en las que sí se pudieran harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, entre ellas, las violaciones de las que se duele la parte quejosa en el presente juicio. Los anteriores razonamientos se encuentran en la tesis (V Región)1o.2 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, décima época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia común, número de registro 2015335, visible en el la página 2407, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE REQUIERE AL DEMANDADO POR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO DE DESAHUCIO Y AÚN PENDIENTE DE RESOLVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). La jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.", establece que la razón medular del legislador para determinar la regla de procedencia del juicio de amparo relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. De ahí que, conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto mediante el cual se requiere al demandado por el cumplimiento voluntario de la sentencia de primera instancia condenatoria dictada en un juicio de desahucio, a pesar de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación, en virtud de que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que la sentencia que lo decrete será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin fianza; lo cual implica que, aun cuando no se trate de una sentencia ejecutoriada, aquel proveído es emitido en la fase de ejecución; por tanto, debe estarse a la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, citado." Así como la diversa tesis número P. LVII/97, tomo V, abril de 1997, página 16, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. TOMOS DE PRUEBA Atento a lo anterior, y dada la voluminosidad de las constancias remitidas, para un mejor manejo del caso, fórmese tres tomos de prueba por cuerda separada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizadas en términos amplios a las personas que se refieren; y con fundamento en el citado artículo, en relación con el 24 de la misma ley, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la diversa persona que se refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS Con base en el artículo 73, así como el diverso 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro; hágase saber a las partes, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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