Martin Toca Gonzalez

Expediente 1330/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1330/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Martin Toca Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el acta de comparecencia de cuenta de la cual se advierte que Martín Toca González, ratifica el contenido y reconoce como suya la firma que calza el ocurso recibido en este Juzgado el once de enero de dos mil veintidós; en consecuencia se provee: Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por el promovente Martín Toca González, y copias que acompaña; en atención a su contenido, en el caso se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: a) Fue demandado en el juicio ejecutivo mercantil 573/2021 del índice de la autoridad designada como responsable. b) Fue emplazado a juicio y, posteriormente, el veinticuatro de noviembre del año próximo pasado presentó escrito de contestación. Resalta el hecho de que el escrito de contestación correspondiente, se encuentra bien dirigido; sin embargo, por un error en su etiquetado para posterior depósito en un buzón judicial, se dirigió a diverso órgano. c) Una vez que el escrito de mérito fue remitido a la autoridad designada como responsable, ésta consideró extemporánea la contestación de demanda y, por el contrario, se le tuvo contestando en sentido afirmativo. Resolución esta última que constituye el acto que por esta vía se combate. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, se estima que la determinación reclamada no es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva; cuestión que, contrario a lo manifestado por el impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, atañe a la contestación de demanda de forma oportuna o extemporánea; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas del impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. Así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Martín Toca González, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso Martín Toca González, en el que obra una firma cuyos rasgos son diferentes con la que obran en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de Servicios Judiciales. Cabe señalar que la facultad de requerir al promovente para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue éste, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en autos. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión bajo protesta de decir verdad, implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable.Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso Martín Toca González, en el que obra una firma cuyos rasgos son diferentes con la que obran en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de Servicios Judiciales. Cabe señalar que la facultad de requerir al promovente para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue éste, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en autos. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión bajo protesta de decir verdad, implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

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