Martín Tepox Xolo

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Martín Tepox Xolo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 461/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa mediante escrito recibido el diez de septiembre del año en curso, ratificado el diecisiete de septiembre siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Martín Tepox Xolo, para el efecto siguiente: "[.] En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Martín Tepox Xolo, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el once de junio de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 459/2021, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance." Mediante proveído de veinticinco de agosto siguiente, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente en proveído de trece de septiembre del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez, que obra en autos el oficio 6046 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, con el cual informó el contenido del auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que ordenó dejar insubsistente la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, y turnó los autos del Juicio Ordinario Civil 459/2021-VI a efecto de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación. Seguidamente, se recibió el oficio 6392/2021 remitido por el citado Juez de lo Familiar, al cual anexó copia certificada de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que determinó resolver el referido recurso ordinario en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tomando en consideración las documentales aportadas al promoverlo, así como las que obren hasta dicho estado procesal, permitiendo obtener el incremento o disminución en su caso, sin cancelar totalmente la pensión provisional. Asimismo, estudio los agravios esgrimidos por el aquí quejoso respecto al cumplimiento de sus obligaciones como padre de los menores involucrados, así como el hecho de tener que erogar gastos personales para sobrevivir, y las manifestaciones del porque considera que la pensión alimenticia provisional es injusta y desproporcionada. Seguidamente, analizó el material probatorio exhibido por el deudor alimentario Martín Tepox Xolo, consistente en: Cuarenta y tres tickets de pago de diversos centros comerciales por diversas fechas y cantidades. Recibo de predial expedido por el Ayuntamiento del Estado de Veracruz. Dos estados de cuenta de la tienda denominada Coppel. Un recibo por servicio de Megacable. Tres recibos de energía eléctrica, expedido por Comisión Federal de Electricidad. Tres pagos y un ticket de la tienda denominada Coppel. Una póliza de seguro de vida individual YZ8791, a nombre del aquí quejoso. Tres bauchers por diversas cantidades. Igualmente, analizó los agravios planteados por Maricela Chucho Toto, al desahogar la vista concedida con el escrito de reclamación. Bajo dichas actuaciones, procedió al análisis del principio de proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, es decir, las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, en relación con los diversos numerales 233, 234 y 239 del citado ordenamiento legal. En ese sentido declaró acreditados los derechos alimentarios reclamados por Maricela Chucho Toto y los menores involucrados, al tomar en consideración las actas de nacimiento de los infantes, así como el acta de matrimonio, concediendo valor probatorio a las referidas constancias, en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV y 337 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, en relación con el 671 del citado código procesal; dejando demostrado el vínculo de filiación. Por otra parte, entablo la capacidad económica del deudor alimentario, al considerar la manifestación expresa hecha en su escrito de reclamación, obteniendo como prueba plena el ingreso del deudor en términos del 320 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; por tanto, al dejar demostrado la capacidad económica del aquí quejoso para sufragar los gastos alimentarios para los menores de identidad reservada y la parte actora, declaró procedente la acción de alimentos, así como el recurso de reclamación. Asimismo, declaró improcedente e insuficientes los argumentos planteados por Martín Tepox Xolo, dirigidos al porcentaje fijado provisionalmente, el cual resulta violatorio del principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, al argumentar la falta de justificación real de la necesidad de recibir alimentos para la actora, toda vez, que en primera instancia se consideró las pruebas exhibidas y los hechos narrados por la actora, atendiendo lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora, con lo anterior el Juez Familiar concluyó que la necesidad de alimentos quedó demostrada, toda vez que se trata de acreedores menores de edad, que por disposición expresa de la Ley tienen a su favor la presunción de necesitarlos, al tenor de los artículos 229 y 229 del Código Procesal Civil de Estado de Veracruz. En ese orden de ideas señalo que lo manifestado por el deudor alimentario, en el sentido de cumplir voluntariamente con su obligación de alimentos hacia los menores involucrados, así como a la parte actora, resulta una obligación de tracto sucesivo, al ser la necesidad de los mismos de momento a momento, de ahí, que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, dejando de manifiesto la falta del cumplimiento de manera regular, constante e ininterrumpida. Así entonces, al resultar obvio para el juzgador la ausencia de efectuar los deberes alimentarios de manera continua, constante y permanente, y que las cantidades sean suficientes para cubrir las necesidades de los menores involucrados, sin pasar por alto, la falta de medios de convicción con las cuales se acreditaría la situación precaria del deudor, determinó que dicha manifestación no constituye pruebas idónea en el recurso de reclamación, y mucho menos justifica la reducción total del monto de la pensión provisional. Acto seguido, planteó que la situación económica del deudor alimentario, al analizar las manifestaciones vertidas por Maricela Chucho Toto, adujó que el deudor alimentario tiene el cargo de Comandante de la Región Naval, que referente a los gastos que eroga son propios de la familia y que se ella se dedica al hogar y al cuidado de los hijos. Sentado lo anterior, el Juez Familiar consideró que la madre de los menores involucrados, es una mujer adulta, que su matrimonio lleva once años, que se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, no se advierte que presente capacidades diferentes o alguna enfermedad o padecimiento por el cual requiera atención médica especializada, tratamiento, y alimentación especial; que respecto a los menores se trata de dos varones que a la fecha cuentan con diez y cuatro años de edad, lo que llevó a deducir que cursan la instrucción primaria y preescolar, lo anterior pone de manifiesto que se trata de una familia de estatus social medio, inclusive al resultar el deudor alimentario empleado de las Fuerzas Armadas, estimó que la atención medica es cubierta por dicha institución. Asimismo, concluyó que el aquí quejoso es empleado de la Secretaria de Armada de México, sin contar con elemento alguno que acredite capacidades diferentes, lo que arrogó que hasta dicho momento procesal pertenece a un entorno social medio, sin gastos superlativos en su esparcimiento o cualquier otra actividad de costumbre. Por otro lado, siguiendo el principio de proporcionalidad, analizó el oficio 179 del Director del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, de veintidós de marzo del año en curso, al cual se anexó el certificado de percepciones y deducciones, el cual contiene las cantidades mensuales que recibe el deudor por la fuente de trabajo que desempeña, dejando claro el saldo negativo con el cual cuenta una vez analizado las deducciones legales, pensión alimenticia y demás préstamos personales, esto es, $ -2,346.92 (menos dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional) con lo cual determinó que la pensión provisional violenta el principio de proporcionalidad, citado en el 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, toda vez, que el deudor queda en condiciones con las que no es posible satisfacer sus necesidades mínimas atendiendo el derecho constitucional al mínimo vital, el cual colige que todos los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo; con lo anterior el Juez Familiar estimó procedente el replanteamiento de la pensión provisional; por tanto, modificó la medida alimentaria provisional del 60% (sesenta por ciento) para dejarlo en lo subsecuente en 50% (cincuenta por ciento) sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el Juez responsable determinó justo, equitativo y humano el referido porcentaje, al fijarse en términos del principio de proporcionalidad, citado en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, sin pasar por alto las necesidades que tiene que sufragar el deudor alimentario, contenidas en el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, así como al considerar las necesidades de los acreedores alimentarios, reiterando que el porcentaje resuelto es justo y equitativo para hacer frente a las necesidades de los acreedores y el restante 50% (cincuenta por ciento) que mantendrá el demando le será suficiente para satisfacer sus necesidades. En ese sentido, analizado lo anterior, se desprende el cumplimiento dado por el Juez Familiar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, toda vez que ordenó dejar sin efectos la resolución once de junio de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación, determinando modificar el porcentaje del 60% (sesenta por ciento) para dejarlo en 50% (cincuenta por ciento) al analizar las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor alimentario, así como las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes, con base al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por Martín Tepox Xolo, pues contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. De autos se advierte que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó citar al promovente Martín Tepox Xolo, a efecto de reconocer como suya la firma y ratifique su escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este juzgado el diez de septiembre del año en curso, lo cual ya aconteció. Ahora, vista el acta de ratificación de diecisiete de septiembre del año en curso, de la cual se advierte que el quejoso ratificó su escrito de manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por así convenir a sus intereses. En tales condiciones y en atención a su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la autoridad responsable, remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: "[.] En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Martín Tepox Xolo, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el once de junio de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 459/2021, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO."[.]" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

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