Martín Serrano Delgado

Expediente 232/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Martín Serrano Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Quejoso solicita devolución de documentos. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa Martín Serrano Delgado, por el cual solicita le sea devuelto el documento original que exhibió en el presente expediente. En virtud de lo anterior, dígasele al quejoso que respecto a su petición, deberá estarse a lo acordado en auto de tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 18 y 18), en el que se dejó a su disposición los documentos que exhibió, por el término de noventa días.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Martín Delgado Serrano y Ma. Eulalia Hernández Serrano: ...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martín Serrano Delgado y Ma. Eulalia Hernández Serrano; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte promovente; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de doce de marzo de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo que promueve Martin Serrano Delgado y Ma. Eulalia Hernández Serrano, contra actos del Organismo Público Descentralizado Comisión Federal de Electricidad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 232/2018-V. En tal virtud de la lectura integral de la demanda de amparo y se advierte como acto reclamado:  La pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala". Expuesto lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo , autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta se advierte como acto reclamado por la parte quejosa el siguiente:  La pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala". Asimismo, en los antecedentes que constituyen el acto reclamado la parte quejosa refiere: "V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTOS A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: (.) ANTECEDENTES (.) 3. Todo transcurría con normalidad hasta el día Jueves del Presente Mes y año cuando el día Jueves primero de febrero del presente año vimos a unas personas que portaban uniforme de Comisión Federal de Electricidad en la servidumbre de paso que accede al predio y al preguntarles si les podíamos servir en algo, nos manifestaron que estaban haciendo una inspección con la finalidad de instalar postes de energía eléctrica con Cables de Alta Tensión para dar servicio a los predios que se encuentran al fondo del nuestro, lo cual de realizarse nos causaría un perjuicio a la posesión que detentamos además de que, implicaría un riesgo a las construcciones que tenemos al margen de esa servidumbre de paso, toda vez que por tratarse de cableado de Alta tensión, podrían incluso poner en Peligro la integridad física de quienes habitamos los predios, por lo que nos vemos en la imperiosa necesidad de promover en la Vía y forma Planteadas el presente Juicio de Garantías." En este sentido, es oportuno destacar que la quejosa se duele de la pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala". En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa la pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala". Del cual, señalan tuvieron conocimiento del acto reclamado cuando menos a partir del uno de febrero del año en curso, pues así lo manifiestan en el punto tres de los antecedentes que narran en su escrito de demanda, pues esa data afirman fueron informados por unas personas que portaban uniforme de la Comisión Federal de Electricidad que estaban haciendo una inspección con la finalidad de instalar postes de energía eléctrica con cables de alta tensión para dar servicio a los predios que se encuentran al fondo. Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado (la pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala"), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo , el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil; esto es el uno de febrero de dos mil dieciocho, por lo que transcurrió del dos al veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dos al veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el nueve de marzo de dos mil dieciocho, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, como quedo precisado la parte quejosa señala como acto reclamado, la pretensión de instalar postes energía eléctrica en un inmueble que afirman es de su posesión y propiedad identificado como "Mecala". Determinaciones que no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo , se tiene como representante común de los promoventes a la segundo de los nombrados en la demanda de amparo, Ma. Eulelia Hernández Serrano, sin perjuicio que con posterioridad pueda ser modificado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, teniéndose como autorizado en términos amplios únicamente a Ilse Arianna Mendoza Hernández por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rafael Rodríguez Rugerio y Gabriela Huerta Macías por no contar dicho registro. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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