Martín Sánchez Esquivias

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Martín Sánchez Esquivias
  • Junta Especial número 2 de la local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 791/2020-H El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. CAUSA ESTADO DESECHADA---

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese al expediente el escrito firmado por el promovente de la demanda de amparo, atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado autos. Análisis de la personería del promovente Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, con base en la carta poder otorgada en su favor por Martín Sánchez Esquivias, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Daniel Esquer León, el carácter con el que comparece a juicio. Se desecha demanda de amparo La parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada en el expediente 1486/2020-2A, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la legislación en comento, textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso concreto, no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el acto materia de reclamo es un acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada en el expediente 1486/2020-2A, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que se declaró improcedente la solicitud de llamar a juicio en términos del artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, con el carácter de interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Acto que en sí mismo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o de las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo laudo favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, lo que no necesariamente va a ocasionar que el laudo que deba dictar la autoridad señalada responsable sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del solicitante de amparo, sino por el contrario, sólo surte efectos intraprocesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues si la resolución que se dicte no le resulta favorable y trascendiera lo aquí reclamado al resultado del laudo, puede impugnarlo a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.3o.C.T.7 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la página 1412, libro 51, febrero de 2018, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 147/2000 Y 1a./J. 102/2008 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)]. El legislador contemporáneo, al utilizar la expresión "afectación material a derechos sustantivos" en el artículo 107, fracción V, de la ley citada, retomó el criterio que en épocas de antaño adoptó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, conforme al cual, para que un acto dentro de juicio fuera de "imposible reparación" y, por ende, reclamable en el amparo indirecto, era necesario que afectara de manera directa, actual y real derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (y ahora también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte), trascendiendo a la persona o bienes de las partes, de tal modo que el perjuicio resentido no pudiera repararse ni en la sentencia definitiva, ni por medio del juicio de amparo directo. De esta manera, el legislador pretendió regresar a la fórmula que originariamente regía respecto a la impugnación de los actos dentro de juicio, conforme a la cual únicamente aquellos que de consumarse sus consecuencias serían verdaderamente irreparables, debían examinarse en la vía indirecta, reservando para la directa el análisis de todas las demás actuaciones que generaran una afectación reparable, ya sea en sentencia definitiva o por el propio Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior es acorde con las exposiciones de motivos, de la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once y de la actual ley, las cuales destacan la necesidad de concentrar los juicios de derechos fundamentales, siendo éste un principio que permea en las disposiciones contenidas en la normatividad vigente, lo cual puede constatarse con el diseño empleado por el legislador para procurar que, desde el primer juicio de amparo directo, se analicen todas las violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del juicio, privilegiando la resolución de fondo sobre los aspectos procesales y formales, sin afectar los derechos de defensa y equidad procesal entre las partes. Así, por una parte se pretendió reducir considerablemente la cantidad de juicios de amparo indirecto promovidos contra actuaciones procesales -al tornar excepcional su procedencia en los términos señalados- y, por otra, concentrar en la medida de lo posible los juicios de amparo directo derivados de una misma secuela procesal, todo ello en aras de optimizar la garantía de protección de derechos humanos más importante que existe en nuestro orden jurídico; lo que lleva a estimar inaplicables las tesis de jurisprudencia P./J. 147/2010 y 1a./J. 102/2008, por no estar vigentes, pues es posible analizar la violación procesal impugnada en el amparo directo. De las consideraciones expuestas se concluye que a pesar de que el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero, afecta el derecho sustantivo de acción del denunciante previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha afectación que carece de la "materialidad" requerida para hacer procedente la vía indirecta, pues no trasciende a la persona o bienes de la parte denunciante, además, aun cuando la determinación negativa aludida no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, a través de la reposición del procedimiento pudiera dejarse insubsistente y ordenarse llamar al tercero, con lo que se retrotraería el estado de las cosas a como se encontraba antes de que se cometiera la infracción adjetiva, sin dejar rastro de afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso." Asimismo, la tesis 2a./J. 63/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 309, agosto de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda." De igual manera se cita, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, agosto de 1992, número 56, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTEN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede en amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Martín Sánchez Esquivias, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Notifíquese vía electrónica.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por Daniel Esquer León, quien se ostenta como apoderado de Martín Sánchez Esquivias; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 791/2020-H. Prevención Es obligación de este órgano jurisdiccional examinar en su integridad el escrito de demanda, y si en el mismo existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, dé cumplimiento con lo siguiente: Exhiba el documento idóneo con el cual acredite la personalidad que ostenta como apoderado de Martín Sánchez Esquivias; lo anterior, pues las documentales exhibidas resultan insuficientes para acreditar tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, requisito de procedencia previsto por al artículo 11 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 43/1996 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, julio de 1996, tomo IV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, por sus consideraciones, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1862, septiembre de 2016, libro 34, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO." En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del documento de referencia, para correr traslado a las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." Se apercibe a quien insta que de no dar cumplimiento en el término y condiciones señalados, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en los términos solicitados, a quienes menciona, y como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. Por otra parte, en relación con la solicitud de quien promueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este asunto. En ese tenor, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario DanielEsquer, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la de la materia, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene al promovente señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones. Con lo anterior, queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días hábiles a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano