Martín Sánchez Arcos

Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1091/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Martín Sánchez Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Martín Sánchez Arcos; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad, el disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia de diez y catorce de junio de dos mil veintidós, desahogada en la causa 688/2022, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1091/2022-5, promovido por **********, contra actos de la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el cinco siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el seis del mismo mes, Martín Sánchez Arcos solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El auto de vinculación a proceso de siete de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa 688/2022. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1091/2022-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante oficio 23632, de siete de julio del presente año, se ordenó emplazar al tercero interesado Fiscal del Ministerio adscrito a la Fiscalía de Violencia de Genero del Estado de Tabasco, el cual fue recibido el catorce del mismo mes y año. El once de julio de dos mil veintidós, se emplazó con dicho carácter a Josefina Centeno Concepción. De igual modo, con oficio 24374/2022 de catorce de julio de dios mil veintidós, se ordenó emplazar a Jaury Vázquez de la Cruz, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, el que fue notificado el veintiuno del citado mes y año. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El auto de vinculación a proceso de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 688/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Josefina Centeno Concepción. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de las actas mínimas y de un disco versátil digital (DVD), que contiene las videograbaciones de las audiencias de diez y catorce de junio de dos mil veintidós. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los primeros fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen, mientras que las segundas constituyen la videograbación de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como de los hechos que contienen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que: El diez de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial por orden cumplida, relacionada con la carpeta administrativa 688/2022, instruida en contra del ahora quejoso por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Josefina Centeno Concepción. Dicha audiencia fue presidida por la Jueza de control Evelyn Aguirre de la Cruz, y comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Jaury Vázquez de la Cruz, el Asesor Jurídico Público Antonino Méndez Hernández, la victima Josefina Centeno Concepción, el Defensor Público Mariano Altamirano Castro y el investigado Martin Sánchez Arcos. El Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Josefina Centeno Concepción. Previa consulta con su defensor, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas; por lo que el juez señaló las trece horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial en fase de vinculación a proceso. Con motivo de lo anterior, previa solicitud de la representación social y debate por parte de la defensa, con base en los artículos 19 constitucional y 153, 154, 155 fracción VIII y 159, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza, por las consideraciones que expresó, impuso al investigado la medida cautelar de prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con Josefina Centeno Concepción, con fines de agresión. Al respecto, determinó que la vigencia de la misma sería Igual al tiempo que dure el procedimiento El catorce de junio de dos mil veintidós, a las catorce horas con veintitrés minutos, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, misma que fue presidida por la Jueza Evelyn Aguirre de la Cruz. A dicha audiencia comparecieron el Fiscal del Ministerio Público Jaury Vázquez de la Cruz, el Asesor Jurídico Público Antonino Méndez Hernández, el Defensor Público Mariano Altamirano Castro y el investigado Martin Sánchez Arcos. Previo debate, la jueza de control dictó el auto de vinculación a proceso que se reclama. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó precisado en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama el auto de vinculación a proceso de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 688/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Josefina Centeno Concepción. Determinación que considera infringe lo dispuesto en los artículos 1, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que, sustancialmente, el quejoso refiere que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, y vulnera los principios de congruencia y exhaustividad, porque: En la comparecencia de la víctima, de treinta de julio de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público no la apercibió y protestó conforme a los artículos 49 del Código de Procedimientos Penales y 289 del Código Penal vigente en el Estado, lo que considera el quejoso conlleva a que no actuó en términos de los numerales 128, 129 y 131 fracción XXIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo tocante al avalúo y fijaciones fotográficas, de dos de agosto de dos mil veintiuno, respecto a los lentes de la víctima, se advierte que no se encuentran rotos ni quebrados, por el contrario, se observa desprendimiento de una de sus patas, producto de carecer del tornillo que la ajusta al marco de los lentes. No existe dato o acto de investigación que justifique que el equipo de telefonía celular Huawei Y6 2018, sobre el cual se realizó la inspección y extracción de comunicaciones de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, sea propiedad de Josefina Centeno Concepción. En el referido acto de investigación, el fiscal del ministerio público no verificó si el timbre y el tono de voz de la persona, que profiere frases en el aludido video, resultara ser igual a la del quejoso, lo cual pudo constatar a través de recabar información de su voz, para posteriormente y mediante los actos de investigación idóneos y pertinentes, constatara si en verdad resultaba ser de él. En la inspección ocular y fijaciones fotográficas, de quince de febrero de dos mil veintidós, realizada por la policía de investigación, ésta no se cercioró con la debida acuciosidad, de que el lugar al que refiere se presentó, realmente resultara ser el inmueble ubicado en la calle progreso número 210, colonia Punta Brava, Centro, Tabasco, dado que no existe ninguna información recabada mediante alguna fijación fotográfica, que ponga de manifiesto el nombre de la calle y la nomenclatura, así como el de la colonia. No existe evidencia de daños en alguna puerta, no obstante las reiteradas y fuertes patadas, que a decir de la víctima, realizara el quejoso. En la entrevista de Erika Jazmín Sánchez Centeno, de catorce de febrero de dos mil veintidós, se dejó de actuar en términos del artículo 132, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que al tener conocimiento de que resultaba ser hija del investigado, debió haberse pronunciado por actuar de manera congruente con el artículo 361 de dicho ordenamiento legal, que contempla la facultad de abstenerse a declarar, cuando tengan parentesco inmediato con aquél. Al respecto, tampoco actuaron acorde a los numerales 49 del citado código y 289 de la ley sustantiva penal del Estado. Erika Jazmín Sánchez Centeno, no estuvo presente en el lugar de los supuestos hechos. Existen contradicciones relevantes entre las declaraciones de la supuesta víctima y la testigo, dado que la primera refirió que los hechos acontecieron a las 00:30 horas, del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, pero en ningún momento señaló haber realizado llamada telefónica de su celular, a su hija Erika Jazmín Sánchez Centeno. Lo manifestado por la referida testigo es falso, porque los hechos los conoció a través de una llamada telefónica, según realizada a las 00:00 de la fecha indicada, cuando ni siquiera habían acontecido, ya que la víctima dijo se suscitaron a las 00:30. Hay ausencia de datos razonables, pertinentes e idóneos, para sustentar el auto de vinculación a proceso. Se resolvió sin realizar un adecuado proceso de racionalidad, acorde a los argumentos del fiscal y la defensa. En apoyo de lo anterior, el impetrante citó las tesis de rubro; AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBAS"; DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA" y, DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL HECHO". En consideración de esta juzgadora, los aludidos motivos de inconformidad resultan infundados. Previo al examen de la determinación reclamada, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 461, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.". Del precitado numeral, se obtiene que el legislador estableció tres lineamientos que el tribunal que deba resolver el aludido medio de impugnación, debe seguir: Sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes; No podrá extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; y, En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, del referido numeral se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Al respecto, señaló que es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, estableció que, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad, para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá repararlas oficiosamente. Por tanto, de las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal del país, se obtiene que, aunque los tribunales deben analizar toda la sentencia para verificar que no existan violaciones a derechos humanos o fundamentales, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión, esto es, no tiene que fundar y motivar la ausencia de dichas transgresiones. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que, a través de la disposición normativa transcrita, el legislador busca mantener la operatividad del proceso penal acusatorio y que se respetan los principios reguladores del sistema, entre ellos, los de oralidad y contradicción. Al respecto, de la precitada ejecutoria se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: esta Primera Sala llegó a la misma conclusión en el amparo directo en revisión 4321/2017, (4) precedente en el que sostuvo que "el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral establece -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja acotada, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse".(5) Asimismo, se consideró que: "[la] suplencia de la queja debe entenderse en su concepción amplia, es decir, como la revisión de algún aspecto, sin necesidad de petición de parte, pero además, circunscrita o acotada al alcance que le dota el contexto normativo en que se encuentra -actos violatorios de derechos fundamentales-".(6) Por otro lado, debe tenerse presente que la suplencia de la queja en el sistema penal acusatorio opera de manera distinta a como lo hacía en el sistema mixto. La suplencia de la queja en el nuevo sistema de justicia penal no implica que el recurso de apelación sea una repetición del juicio oral, ni que el tribunal de alzada deba reasumir jurisdicción como sí ocurría en el sistema penal tradicional. Así, en un recurso de apelación sustanciado conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, el tribunal de alzada advierta violaciones a los derechos fundamentales del imputado. De este modo se mantiene la operatividad del proceso penal y se respetan los principios regulares del sistema.". Como se puede advertir, al interpretar la disposición normativa de mérito, el Máximo Tribunal del país consideró, entre otras cosas, que sólo se justifica que se estudien cuestiones ajenas a los agravios cuando, oficiosamente, el tribunal advierta violaciones a los derechos fundamentales del imputado; ello, para asegurar el mantenimiento de la operatividad del proceso penal y el respeto a los principios regulares del sistema. Consideración que esta juzgadora estima debe adoptarse en el examen del acto reclamado en el presente juicio, ya que se encuentra reforzada con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo: Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Lo anterior tiene sentido porque, en la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Sostuvo que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones; Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso; e, Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Como se puede observar, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, dicho principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Es por ello que la revisión constitucional del acto reclamado debe guiarse por los argumentos planteados por el quejoso, salvo, como se dijo, que se adviertan violaciones a los derechos fundamentales del imputado, lo que en el caso no acontece. No obstante, a efecto de asegurar el cumplimiento de los requisitos constitucionales en la emisión del acto reclamado, cabe tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La primera, es la denominada inicial o de investigación; esta tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Dicha etapa tiene dos fases, la de investigación inicial y la de investigación complementaria; esta última comprende: La formulación de la imputación; La solicitud ministerial de vinculación a proceso; y, La decisión que resuelve la situación jurídica del imputado. En ese tenor, el auto de vinculación se sitúa en la llamada audiencia inicial, y consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado. En él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y, es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. En cambio, la etapa intermedia, que en términos del artículo 211 fracción II del ordenamiento legal precitado, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos. Y la de juicio, que de acuerdo con la fracción III del referido numeral, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí, se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. En relación con el auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, estableció que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, señaló es necesario que: Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; La ley señale como delito a ese hecho; y, Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, dijo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Adujo que, este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, señaló que, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Aunado a ello, en la ejecutoria de mérito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. También precisó que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el apartado A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Al respecto, sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Asimismo, señaló que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, podemos colegir que el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Para comprender mejor lo expuesto, debemos distinguir entre antecedentes de investigación, datos de prueba, medios de prueba y prueba en el sistema penal acusatorio. De acuerdo, con lo instituido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. En cambio, conforme al numeral 261 del referido ordenamiento jurídico, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Respecto de los medios o elementos de prueba, el mismo ordinal establece que, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. En tanto que denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Como se puede advertir, el dato de prueba no es un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. De ahí que, en esta fase inicial, el Juez de amparo debe, por lo común, resolver sólo con base en los datos de prueba verbalizados por las partes. Ello, tomando en cuenta que, en la ejecutoria deducida de la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, al dilucidar la litis constitucional, el Juez de Distrito debe resolver únicamente con base en los datos de investigación que haya tenido en cuenta la autoridad responsable, al emitir una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso, tomando en consideración, sobre todo, que hasta esa etapa procesal -etapa de investigación-, tales medios de investigación no constituyen siquiera un dato respecto del que pueda afirmase la existencia de un hecho previsto por la ley como delito y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, pues por disposición constitucional y legal, adquirirán ese carácter cuando sean desahogados en la audiencia del juicio oral. De ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se requiera un cúmulo probatorio amplio, en razón de que, como se dijo, el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 259. Generalidades Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Ahora bien, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación, se traduce en la expresión de las razones por las cuales, la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Así, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular, y las razones que se hayan considerado, para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso. Mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir el acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Por su parte, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Al respecto, es importante reiterar que, por virtud del auto de vinculación, el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, sin que con ello se presuponga la culpabilidad de éste, ni se produce una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuyen. Únicamente constituye la judicialización de la investigación que se le sigue, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten establecer la existencia de un hecho posiblemente delictuoso, así como su probable intervención. En ese contexto, esta juzgadora advierte que en la determinación reclamada, la autoridad responsable verificó el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, para el dictado del auto de vinculación a proceso. PRIMER REQUISITO: QUE SE HAYA FORMULADO IMPUTACIÓN, EN DONDE SE ESTABLEZCA EL DELITO, ASÍ COMO EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL IMPUTADO. En la resolución impugnada se dijo que dicho requisito quedó satisfecho, lo cual se corrobora con lo verbalizado en la audiencia inicial de diez de junio de dos mil veintidós, en donde consta que la fiscalía formuló imputación en la que hizo saber al ahora quejoso el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador (ocho horas con treinta y cinco minutos de la videograbación relativa). Pues, se advierte que el Ministerio Público le hizo saber que el veintiséis de julio de dos veintiuno, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos de la noche, probablemente el imputado llegó al domicilio de la víctima, ubicado en calle progreso número 210, colonia Punta Brava, Centro, Tabasco, y entró a la recámara donde se encontraba aquélla, con el fin de tener relaciones sexuales con ella, pero ésta le manifestó que no quería, por lo que el investigado se molestó y tomó una almohada, misma que le puso en la cara, haciéndole presión, sintiendo la agraviada que le faltaba el aire, pero logró zafarse, sacándolo del cuarto, por lo que el imputado rompió unos lentes que se encontraban en la mesa y le profirió palabras obscenas. Luego, intentó ingresar de nuevo a la habitación, lo cual no consiguió porque la víctima cubrió la puerta con su cuerpo, por lo que le dio de patadas a la puerta, grabando la agraviada con un teléfono celular desde el interior de la recámara. Asimismo, le comunicó que los anteriores hechos están señalados por la ley como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco. Al respecto, la representación social le dijo al referido imputado que su intervención fue como autor material, que la conducta desplegada es dolosa y que en su contra depusieron la víctima Josefina Centeno Concepción y su hija Erika Jazmín Sánchez Centeno. Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Ministerio Público. Sobre el particular, cabe establecer que el imputado y la defensa no solicitaron aclaración alguna; tampoco existe cuestionamiento al respecto en los conceptos de violación, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. SEGUNDO REQUISITO: QUE SE HAYA OTORGADO AL IMPUTADO LA OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. En la resolución reclamada se dijo que se dio al imputado la oportunidad de declarar y que, previa consulta con su abogado, decidió no hacerlo, lo cual se corrobora en la videograbación de la audiencia inicial de diez de junio de dos mil veintidós. Sobre el particular, cabe establecer que el imputado y la defensa no realizaron manifestación alguna; tampoco existe cuestionamiento al respecto en los conceptos de violación, sin que esta juzgadora advierta de oficio violación de derechos fundamentales. TERCER REQUISITO: QUE DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EXPUESTOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE DESPRENDAN DATOS DE PRUEBA QUE ESTABLEZCAN QUE SE HA COMETIDO UN HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y QUE EXISTA LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN. Al respecto, de la videograbación de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós (quince horas con ocho minutos y siguientes), se advierte que en la resolución reclamada la jueza de control se apoyó en los antecedentes de investigación y datos de prueba referidos por la fiscalía, a saber: La entrevista de Josefina Centeno Concepción, de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Lo declarado en ella coincide con los hechos establecidos en la formulación de imputación. La comparecencia de la víctima, de treinta de julio de dos mil veintiuno. Refiere lo relativo a la videograbación de hechos probablemente relacionados con los de la querella, contenidos en el teléfono celular que se describe. La entrevista de Erika Jazmín Sánchez Centeno, de catorce de febrero de dos mil veintidós. Es hija de la víctima; no presenció los hechos, tuvo conocimiento por la llamada que refiere le hizo su mamá. Declaró que recibió la llamada de la víctima a las doce de la noche; coincide en términos generales con las circunstancias señaladas por aquélla respecto a cómo ocurrieron los hechos. Excepto que, como lo refiere el quejoso en la demanda de amparo, los hechos ocurrieron a las doce horas con treinta minutos de la noche, y la testigo dijo que recibió la llamada a las doce de la noche. Por lo anterior, la jueza de control correctamente le concedió valor de prueba circunstancial. La valoración psicológica, de veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Hace referencia a que las secuelas emocionales que presenta la víctima (retraimiento, temor, falta de defensas e impotencia), coinciden con las producidas por la agresión que sufrió. La pericial de avalúo de daños con fijaciones fotográficas, de dos de agosto de dos mil veintiuno, respecto de los lentes de la víctima, concluyendo que presentan un daño irreparable en su estructura. El informe de extracción de video de dos de octubre de dos mil veintiuno. Hace referencia a las imágenes del lugar en el que probablemente ocurrieron los hechos, con audio relacionado con algunas de las expresiones verbales que la víctima aduce le profirió el imputado. La inspección ocular con fijaciones fotográficas del lugar de los hechos, de quince de febrero de dos mil veintidós, de la que se desprende que fue realizada en el domicilio de la víctima, anteriormente precisado. El acta de matrimonio folio 0382, de seis de agosto de mil novecientos ochenta y seis, con la que se evidencia la unión legal de la víctima y el imputado. Antecedentes de investigación que, efectivamente, fueron referidos por el Ministerio Público, según lo verbalizado en la audiencia inicial de diez de junio de dos mil veintidós, mismos que aportan los datos de prueba retomados por la autoridad responsable y que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Josefina Centeno Concepción. Al respecto, la jueza de control dijo que los hechos encuadran en la hipótesis jurídica contenida en la aludida disposición normativa, porque configuran un acto abusivo de poder, estableciendo que aun cuando no exista un certificado médico que revele lesiones físicas a la víctima, lo declarado por ésta encuentra apoyo en la valoración psicológica que le fue practicada y lo manifestado por su hija. Datos de prueba que consideró suficientes por aportar indicios razonables para establecer que los hechos ocurrieron como lo dijo la víctima, así como la situación jurídica entre ésta y el imputado, corroborada con el acta de matrimonio verbalizada. Hechos que efectivamente están tipificados por la ley como delito de violencia familiar, como se puede corroborar de la aludida disposición normativa: Artículo 208 Bis. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a cuatro años de prisión. Se entenderá por violencia familiar al acto abusivo de poder, dirigido a someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a la víctima, dentro o fuera del domicilio familiar, o incurra en una omisión grave que atente contra su integridad física, psíquica o ambas; siempre y cuando el agresor tenga o haya tenido con ella relación de matrimonio, concubinato o de hecho, de parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, de parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, de adoptante o adoptado, o de tutor. Para los efectos de este artículo se considera una relación de hecho la que exista entre quienes: I. Hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de seis meses; II. Mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio; III. Tengan relación con los hijos de su pareja; IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; A quién cometa este delito además de la sanción establecida en el primer párrafo de este artículo, se le privará del derecho a que la víctima le proporcione alimentos si estuviese obligada a ello, y en su caso la prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él. Cuando el sujeto activo sea reincidente se le aumentará una mitad de la pena privativa de libertad". Datos de prueba que, además, hacen suponer que el imputado cometió dichos hechos o participó en su comisión, en los términos aducidos por la jueza de control. Por tanto, como se dijo, deviene infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso aduce que en la comparecencia de la víctima, de treinta de julio de dos mil veintiuno, el fiscal del ministerio público no la apercibió y protestó conforme a los artículos 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 289 del Código Penal vigente en el Estado, lo que considera el quejoso conlleva a que no actuó en términos de los numerales 128, 129 y 131 fracción XXIII, del primero de los aludidos ordenamientos jurídicos. Ello porque, si bien el primer párrafo del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponga que, dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de dieciocho años de edad inicie su declaración, con excepción del imputado, se le informará de las sanciones penales que la ley establece a los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley; y se le tomará protesta de decir verdad. Dicho numeral no establece que la referida protesta deba exigirse en cada intervención, en este caso, de la víctima, pues desde la primera declaración que rindió ante la autoridad ministerial debió ser advertida y protestada en los términos que indica la precitada disposición normativa. Sin que esta juzgadora advierta de lo verbalizado en la audiencia relativa, que la defensa haya establecido que en la primera entrevista de la agraviada -de veintiséis de julio de dos mil veintiuno- no consta que se le haya tomado la protesta de decir verdad, sólo hace referencia a la de treinta de ese mismo mes y año. De igual forma es infundado el concepto de violación en el que el impetrante refiere que en el avalúo y fijaciones fotográficas, de dos de agosto de dos mil veintiuno, respecto a los lentes de la víctima, no se advierte que se encuentran rotos ni quebrados, por el contrario, considera que el desprendimiento de una de sus patas, es producto de carecer del tornillo que la ajusta al marco de los lentes. Lo anterior, porque únicamente constituye una apreciación subjetiva del quejoso, al interpretar el dictamen de referencia, misma que no fue establecida o corroborada con un dictamen propuesto por él o con el interrogatorio realizado al experto. En cambio, de lo verbalizado en el comienzo de la audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós, se obtiene que la defensa manifestó que no tenía medios de prueba que aportar. En el mismo tenor, es infundado el motivo de inconformidad en el que arguye el impetrante que no existe dato o acto de investigación que justifique que el equipo de telefonía celular Huawei Y6 2018, sobre el cual se realizó la inspección y extracción de comunicaciones de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, sea propiedad de Josefina Centeno Concepción. Pues dicha cuestión es irrelevante ya que dicho dispositivo es el objeto de un acto de investigación, sin que la propiedad del mismo pueda influir sobre la autenticidad del contenido o la información que se pueda extraer de él, salvo que una tercera persona se ostentara como su titular, lo cual no fue establecido por la defensa. También deviene infundado el argumento en el que refiere que el fiscal no verificó si el timbre y el tono de voz de la persona, que profiere frases en el aludido video, resultara ser igual a la del quejoso, lo cual dice éste pudo constatar a través de recabar información de su voz, para posteriormente y mediante los actos de investigación idóneos y pertinentes, constatara si en verdad resultaba ser de él. Toda vez que, como se dijo, dicho antecedente de investigación aporta un indicio, el cual, como lo señaló la juzgadora responsable, corrobora lo manifestado por la víctima en el sentido de que se escuchan algunas de las palabras que probablemente le profirió el imputado. No se establece a partir de ello con un grado de certeza plena, que se encuentre demostrado que el audio y la videograbación correspondan a los hechos en cuestión, sólo que de él se obtiene un dato de prueba que de manera indiciaria corrobora la versión de la agraviada. Mismas consideraciones por las que resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que en la inspección ocular y fijaciones fotográficas, de quince de febrero de dos mil veintidós, realizada por la policía de investigación, ésta no se cercioró con la debida acuciosidad, de que el lugar al que refiere se presentó, realmente resultara ser el inmueble ubicado en la calle progreso número 210, colonia Punta Brava, Centro, Tabasco, dado que no existe ninguna información recabada mediante alguna fijación fotográfica, que ponga de manifiesto el nombre de la calle y la nomenclatura, así como el de la colonia. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé que en el acta relativa de la referida diligencia, deba quedar constancia del cercioramiento que señala el quejoso. Tampoco le resta eficacia al dictamen correspondiente, que, como lo alega el impetrante, no exista evidencia de daños en alguna puerta, ya que, acorde a lo señalado por la autoridad responsable, los hechos imputados son de naturaleza diversa, es decir, no se trata del delito de daños, por lo que con el antecedente de investigación no se pretendió establecer afectaciones al inmueble. Asimismo, es infundado el motivo de inconformidad en el que el quejoso refiere que en la entrevista de Erika Jazmín Sánchez Centeno, de catorce de febrero de dos mil veintidós, se dejó de actuar en términos del artículo 132, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que al tener conocimiento de que resultaba ser hija del investigado, debió haberse pronunciado por actuar de manera congruente con el artículo 361 de dicho ordenamiento legal, que contempla la facultad de abstenerse a declarar, cuando tengan parentesco inmediato con aquél. Ello porque, si bien, de acuerdo con el aludido numeral 361, deberá informarse a las personas que relaciona, de la facultad de abstención antes de declarar, la falta de dicha formalidad no trasciende en los actos de defensa del quejoso y tampoco constituye una causa de nulidad de la referida diligencia. Al respecto, el quejoso aduce que tampoco actuaron acorde a los numerales 49 del citado código y 289 de la ley sustantiva penal del Estado. Sin embargo, omite precisar las consideraciones que sustentan su afirmación, a fin de verificarla con lo verbalizado en la audiencia correspondiente. De igual forma, es cierto lo dicho por el quejoso en cuanto a que Erika Jazmín Sánchez Centeno, no estuvo presente en el lugar de los supuestos hechos, y que los hechos los conoció a través de una llamada telefónica, según realizada a las 00:00 de la fecha indicada, cuando ni siquiera habían acontecido, ya que la víctima dijo se suscitaron a las 00:30 horas. Por esa razón, fue que la jueza de control correctamente le dio valor de prueba circunstancial, por considerar que aporta un indicio razonable sobre lo declarado por la víctima. En ese tenor, como se dijo, los antecedentes de investigación referidos por el fiscal y retomados por la jueza de control aportan datos de prueba idóneos y pertinentes que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que el hecho que se le imputa al ahora quejoso, está señalado por la ley como delito de violencia familiar y que probablemente él lo cometió. Datos de prueba que se relacionan con el contenido de los antecedentes de investigación anteriormente establecidos. Pero no constituyen un medio de prueba o prueba en sí mismo, sino la referencia que el fiscal hace al contenido de un determinado registro que obra como antecedente de investigación en la carpeta administrativa, con el que informa al juez de control que se puede establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Es decir, se relaciona con el contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no constituyen pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado. Por ende, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Lo cual, como ya se dijo, es congruente con lo establecido en los artículos 259 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 259. Generalidades Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código". Artículo 320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código". Con motivo de lo anterior, es infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que hay ausencia de datos razonables, pertinentes e idóneos, para sustentar el auto de vinculación a proceso. De ahí que resulten inaplicables en el sentido que lo propone, la tesis que cita en apoyo de sus argumentos. CUARTO REQUISITO: QUE NO SE ACTUALICE UNA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O EXCLUYENTE DEL DELITO. Sobre el particular, la autoridad responsable estableció que no existen datos que acrediten la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de una causa excluyente del delito. Lo que se corrobora con lo verbalizado en las audiencias de diez y catorce de junio de dos mil veintidós. QUINTO REQUISITO: LA DETERMINACIÓN SE ENCUENTRE FUNDADA Y MOTIVADA. Por las anteriores consideraciones, esta juzgadora estima que la determinación reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, y satisface los requisitos previstos para su dictado en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, cabe destacar que la resolución impugnada establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, sin que con ello se presuponga la culpabilidad de éste, ni se produzca una anticipación de la pena respecto de los hechos que se le atribuye. Esto es, dicha determinación constituye la judicialización de la investigación que se le sigue al ahora quejoso, para continuar el proceso con el inculpado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten establecer la comisión de un hecho posiblemente delictuoso, así como su probable intervención, en los términos señalados anteriormente. De ahí que resulte innecesario que se acrediten de manera plena los hechos y la supuesta comisión de los mismos por parte del inculpado, ya que, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Además, esta juzgadora considera que el análisis de los datos de prueba por parte de la jueza de control, no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que, como quedó asentado, proporcionan indicios razonables y suficientes para informar sobre la existencia del referido hecho delictivo y permiten suponer que probablemente el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participaron en su ejecución. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, del siguiente rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En ese tenor, el valor probatorio otorgado a los datos de prueba verbalizados no es definitivo, pues la responsable únicamente pondera y determina si contienen indicios razonables y suficientes para llevar a juicio al imputado, en donde sí deberá demostrarse de manera fehaciente los hechos y que él los cometió. Con motivo de lo expuesto, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, respecto del acto reclamado y la autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la cuenta que antecede, se advierte que el término de cinco días, para que la parte quejosa Martín Sánchez Arcos, exhibiera la garantía que se le fijó para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en interlocutoria de dieciocho de julio de dos mil veintidós, transcurrió del veintiuno al veintisiete de julio del año en curso; sin que lo hubiera hecho. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que dicha suspensión deja de surtir sus efectos. Por tal razón, hágase saber a la autoridad responsable que queda expedita su facultad para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese.

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