Martín Saldaña Rosales
Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Saldaña Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios 2138/2023, 2140/2023 y 2142/2023, signados por el Juez, el Secretario y la Actuaria del Jugado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, al que el primero adjunta copias certificadas de las constancias que obran dentro del expediente digital de ese Juzgado, de las cuales se colige el acto reclamado, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que refiere la primera autoridad en su ocurso de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 25310/2023, remitido electrónicamente, por el Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe previo que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL ... Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva que solicita, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, de la presente interlocutoria, por los motivos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de ratificación levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que compareció el quejoso ********************, a ratificar la firma y el contenido del escrito de cumplimiento de prevención que presentó el nueve de octubre del año en curso; por tanto, se procede a proveer en cuanto al fondo. Atento a lo anterior, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos de octubre del año en curso, señaló los actos que le atribuye a la autoridad Juez de Oralidad Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado de Nuevo León, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, consistente en: "(.) IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo el auto de fecha 20 veinte día abril de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente número ********************, mediante el cual ordena "para que dentro del improrrogable término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para tal efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesarios, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, en Morelia, Michoacán. Le reclamo el auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Actuario o Secretario, en funciones de Ejecutor, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil en Morelia, Michoacán, le reclamo la ejecución del auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble, a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Fundamentalmente, se reclama la ejecución forzosa de dicho auto.(.)" Escrito aclaratorio: "Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo, además de los ya señalados, la audiencia de remate, celebrada en fecha fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, por la que se adjudicó a ******************** dentro del Fideicomiso irrevocable ********************, dentro del expediente número ********************, ello atendiendo, a que en el propio expediente citado, hay constancia que exhibió la parte actora del mismo, del certificado de gravamen, donde constan el relativo al Juicio que sobre alimentos promoví en contra de la C. ********************, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los numerales 818 y 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, debí ser llamado a dicha diligencia, pues tenía el carácter de Acreedor preferente, en cuanto acreedor alimentario, como así se desprende claramente de la certificación aportada a los autos, y que se inscribió con los siguientes datos: registro número ********************, del tomo ********************, de fecha 17 de agosto del año 2016, correspondiente al Distrito de Morelia." Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y sólo en original el incidente de suspensión por haberse solicitado, ello de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto o copia certificada legible y completa de las mismas, pero en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia Constitucional se fija las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjunta a su ocurso de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Asimismo, se reserva el emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto las autoridades responsables rindan su respectivo informe justificado. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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