Martín Rodríguez Hernández
Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Martín Rodríguez Hernández
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General3; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 354 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte promovente por medio de lista de acuerdos del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal. ACUERDO 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. 1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ****, contra actos del Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa II, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 688/2020, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 La jurisprudencia en cuestión esencialmente expone que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, la parte promovente demanda el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades responsables denominadas Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa II, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral ambas con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y Policía de Investigación Criminal, Comandante y Agentes a su cargo, con sede en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, por lo que señala como acto reclamado destacado en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo, que lo hace consistir en: i) La implementación de la medida cautelar o provisional respecto a la restitución del bien inmueble objeto de la controversia en la causa penal 143/2020, a favor de la víctima aquí tercero interesado; procedimiento en la cual los ahora quejosos figuran como imputados por el delito de despojo de inmueble, quienes se ostentan propietarios del predio. 3.1 Causal de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo3. De los que se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para demostrar lo anterior, debe precisarse que en el caso, en atención a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", en relación a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, los quejosos recibieron notificación de parte del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal 3 ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.????????????? del Sistema Acusatorio y Oral de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con efectos de citación para que a las catorce horas del diecisiete de noviembre de este año, comparecieran ante esa autoridad para la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal indicada, en la que se les formulará imputación por hechos constitutivos del delito de despojo de inmueble. Por lo que, en concepto de la parte quejosa, resulta claro que la finalidad y en su caso, la consecuencia dentro del proceso de referencia, es la de privarlos de la posesión del inmueble objeto de la controversia y/o en su caso privarlos de la libertad de un delito que no han cometido. En ese sentido, es dable indicar que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que los promoventes aducen instar este asunto en contra de una posible afectación a la posesión que refieren tener sobre el bien inmueble materia de la litis en el procedimiento de origen. Lo que es indicativo de que el acto reclamado aún no se ha llevado a cabo, sino que se trata de un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales no procede el juicio de amparo toda vez que el agravio que da derecho a instar esta vía constitucional debe ser directo y actual, es decir, de realización presente o pasada. De ello, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura por depender de su comparecencia a la audiencia inicial, y principalmente del resultado de la misma. Por lo que el acto que aquí se reclama, no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos preceptos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad por los artículos citados y el 113 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. 3.2. Criterios aplicables. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis4. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hidalgo, número 100, colonia Centro, en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Ulises Paredes Villarreal, en virtud de que su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 4 Publicada en la página trescientos sesenta y dos, del Volumen XXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. No pueden ser materia del juicio de garantías. Publicada en la página ochocientos treinta y nueve, del Volumen XX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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