Martín Rodríguez Barbosa
Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Martín Rodríguez Barbosa
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la agraviada ********************; a fin de que la autoridad responsable dentro del expediente laboral ********************, señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en su caso ordenara al actuario de su adscripción realizar el emplazamiento a la parte demandada; asimismo, mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y sus integrantes Presidente; representante de los trabajadores; y, representante de los patrones, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de garantías, o en su caso, hacer del conocimiento del impedimento que tengan para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta, para que en el término de tres días legalmente computado, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva en lo individual la multa con que fueron conminados respectivamente en proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, consistente en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 3449/2023, signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a través del cual remite el proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que acepta la competencia declinada a su favor por este Juzgado de Distrito y se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Ahora bien, vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita el doce de septiembre del presente año, se advierte que no le fue posible enviar vía correo electrónico, el oficio número 34988/2023 dirigido al médico y/o director o encargado del área de enfermería del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tepic, Nayarit, o como se denomine y sea responsable del área de enfermería, mismo que contiene el proveído de once de septiembre de este año, dictado dentro del presente juicio de amparo, en virtud de que al comunicarse a la extensión #897 1028 una persona se sexo femenino, quien dijo llamarse María Cárdenas Álvarez y laborar en ese lugar como Analista Jurídico Sise, le indicó que ese centro no existe un área médica. Sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que del informe relativo a la suspensión de plano que obra en autos, rendido por la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, se corrobora la inexistencia de la autoridad señalada en el párrafo anterior. Finalmente, en atención a lo acordado en párrafos precedentes, se ordena remitir al Juzgado competente los documentos recibidos en este tribunal con relación al trámite del presente juicio de amparo ********************, para lo efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el informe relativo a la suspensión de plano rendido por Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. Ahora bien, toda vez que en proveído de once de septiembre del presente año, se declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en Tepic, por estimar que es quien debe conocer del presente asunto, una vez que se tenga conocimiento a qué tribunal le correspondió conocer del mismo, se remitirá el informe citado en el párrafo que precede, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por ********************, a favor de ********************, contra actos del Director o Encargado del Centro de Justicia Penal Federal de Tepic, Nayarit, y otra autoridad, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 1067/2023-IX, y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la inadecuada atención médica, otorgada al directo quejoso ********************, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar los servicios requeridos de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. ********************Las autoridades responsables deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión, apercibidas cada una, que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.********************Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine.********************Por tanto, a fin de que las citadas autoridades se impongan del contenido del presente auto, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado para que de inmediato proceda remitirlos vía correo electrónico. ********************En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por los quejosos, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, el cual carece por completo de forma en cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la inadecuada atención médica por parte del Director o Encargado del Centro de Justicia Penal Federal, en Tepic, Nayarit, y otra autoridad de dicho centro penitenciario, lugar en que se encuentra recluido el quejoso, debido a que evaden proporcionarle la atención que requiere para detectar y atender sus padecimientos. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, que se hace consistir en la inadecuada atención médica por parte de las responsables del Centro de Justicia Penal Federal, en Tepic, Nayarit, tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el directo quejoso ******************** (Centro de Justicia Penal Federal, en Tepic, Nayarit), por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un juez de Distrito en Materia Penal, con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXIV.2º/J/1, del Semanario Judicial de la Federación, décimo época, visible a página 1982, libro 27, del mes de febrero de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. De igual forma, se cita, la tesis II,2º.P.16 K (10ª), de la Décimo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, que a la letra dice:********************"COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en Tepic, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro de Justicia Penal Federal, Tepic, Nayarit, en el que se encuentra recluido el peticionario de garantías. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en Tepic, a fin de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea.********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en Tepic, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente auto (inserto en la comunicación oficial) al quejoso ********************.********************Se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones.********************Antes de concluir debe precisarse que no se soslaya que el escrito de demanda está dirigido al Juez Tercero de Distrito del Decimonoveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; sin embargo, este órgano jurisdiccional, en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 Constitucional, y atendiendo al acto que se reclama, estimó procedente darle trámite al haber sido presentado en este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que no existe disposición legal que prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar escáneres o fotografías para copiar las actuaciones en el presente juicio, como se solicita, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza la toma de datos mediante los citados medios electrónicos al imponerse de los autos; en el entendido que la reproducción digital y uso que se dé a las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.3o.C.725 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, correspondiente al mes de Marzo de 2009, tomo XXIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente:********************"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.******************** En la inteligencia que tal autorización no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales.********************Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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