Martín Robles Gutiérrez
Expediente 561/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martín Robles Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la ley de Amparo; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable. El juez acuerda: téngase por hecha la anterior certificación para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de admisión, se estableció que una vez que se recibiera el informe justificado respectivo, se proveería respecto a la existencia o inexistencia de terceros interesados y, en su caso, sobre el emplazamiento correspondiente. El juez acuerda: Dado la naturaleza del reclamo (falta de emplazamiento a partes demandadas, entre otro acto), en el caso se considera innecesario proveer sobre el emplazamiento de terceros interesados, estimando que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con la documental ofertada por la parte quejosa y las diversas constancias relativas al juicio de origen, aportadas en copias certificadas por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado; asimismo, se hace constar que en el auto de radicación se reservó proveer respecto de la prueba de inspección judicial ad-cautelam, ofrecida por la parte quejosa, en el escrito inicial, en caso de que las responsables, negaran la existencia del reclamo constitucional, en relación con lo cual se reservó proveer al respecto. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas, exhibidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en mención. Ahora, en relación con la prueba de inspección judicial ofertada ad cautelam, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha el indicado medio probatorio, pues se considera innecesario admitirla y proveer sobre su desahogo, toda vez que, con el contenido del informe justificado respectivo y las documentales remitidas por las autoridades responsables, se desprenden los puntos que pretende probar la parte agraviada; y, por tanto, el objeto de dicha probanza quedó colmado con tales documentales, con las cuales se considera que existe materia suficiente para analizar y dirimir el presente asunto. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 561/2021; y, Resultando: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, Martín Robles Gutiérrez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Sala de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad. Por proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Durante el trámite del biinstancial, mediante acuerdo de siete de septiembre de este año, se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda en relación con el actuario de la adscripción de la autoridad ordenadora; y, en desahogo de tal prevención, mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, el quejoso amplió su demanda en torno al actuario en mención. De esa manera, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda, se solicitó el informe justificado respectivo a la nueva autoridad y se le comunicó la hora y fecha señalada para la audiencia, la cual dio inicio el día de hoy, en términos del acta que antecede y culmina con la resolución que se emite al tenor de los siguientes Considerandos: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes A). La omisión de llevar a cabo el emplazamiento de en el expediente laboral 384/2015, de la totalidad de demandadas: Secretaría de Educación y Cultura; Comisión Mixta Estatal de Promociones; Comisión Interna de Promociones; Comisión Mixta Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General número 6 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; y, María Roxana Avilés Gutiérrez (llamada a juicio). B). Como consecuencia de lo anterior, la dilación para señalar fecha y celebrar la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 113 de la Ley del Servicio Civil. Antecedentes del reclamo. Para una clara comprensión de lo que se dilucidará en esta sentencia, se estima necesario en principio, efectuar una breve relatoría de los antecedentes del caso, lo que se realiza acudiendo al contenido de las constancias remitidas por las responsables, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de lo cual se advierte que: 7.1. El veintiséis de junio de dos mil quince, la parte quejosa promovió demanda laboral ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. En ese asunto, el actor y ahora quejoso, señaló como demandados en el escrito inicial a los siguientes: Secretaría de Educación y Cultura; Comisión Mixta Estatal de Promociones; Comisión Mixta Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General número 6 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; y, María Roxana Avilés Gutiérrez (llamada a juicio). 7.2. Dicho juicio del Servicio Civil se radicó con el número de expediente 384/2015, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, y en el mismo se ordenó correr traslado con copia de la demanda y anexos, a los demandados y a la tercera llamada a juicio. 7.3. Durante el juicio de marras, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el actuario responsable emplazó a la Secretaría de Educación y Cultura, quien presentó contestación mediante escrito de diez de octubre de ese año. 7.4. En acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, el magistrado titular de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, tuvo por contestada la demanda a la Secretaría de Educación y Cultura, y en relación con manifestaciones que realizó dicha pasivo, relativas a que la Comisión Mixta Estatal de Promociones y Comisión Mixta Interna de Promociones, dejaron de existir desde el trece de septiembre de dos mil trece, requirió a la parte actora para que se manifestara en relación con la inexistencia de las demandadas. 7.5 De igual modo, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la responsable ordenadora, nuevamente requirió a la parte accionante para que manifestara si tenía interés en que las demandadas declaradas inexistentes fueran llamadas a juicio; dicho requerimiento fue realizado con apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento, se le tendría por perdido el derecho de hacerlo con posterioridad. 7.6. En siete de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos (treinta de octubre de dos mil dieciocho). 7.7. No obstante, previo a la data de la audiencia, mediante escrito agregado en acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, la parte actora hizo del conocimiento del tribunal administrativo, que la Comisión Mixta Interna de la Escuela Secundaria General número 6, Delegación D-II-57, y la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, si existían; ante lo cual en ese propio acuerdo, se ordenó emplazarles a juicio. 7.8. Mediante razón actuarial de trece de septiembre de dos mil diecinueve, nuevamente el fedatario dio cuenta de la inexistencia de la Comisión Mixta Interna de la Escuela Secundaria General Número 6, Delegación D-II-57, y la Comisión Estatal Mixta de Escalafón; y, en relación a María Roxana Avilés Gutiérrez, le indicaron que ya no trabajaba en el lugar señalado para el emplazamiento. 7.9. Por lo anterior, de nueva cuenta, se dio vista a la parte actora en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 7.10. Con motivo de tal prevención, la parte actora se manifestó al respecto y con base en tales expresiones, la responsable emitió el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que apercibió al actor que en caso de no señalar domicilio de la Comisión Mixta Estatal de Promociones y Comisión Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General Número 6, Delegación D-II-57, se desecharía la demanda, en cuanto a dichas autoridades. 7.11. Paralelo a lo anterior, la responsable requirió a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para que le informara el domicilio de María Roxana Avilez Gutiérrez 7.12. El requerimiento anterior, efectuado a la parte actora, fue reiterado en auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, apercibiéndole que de no señalar domicilio se desecharía la demanda, en relación con las dependencias a emplazar. 7.13. En veintidós de enero de dos mil veinte, con base en escrito de la parte actora, el tribunal responsable ordenó el emplazamiento de las demandadas Comisión Mixta Estatal de Escalafón, y Comisión Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General número 6 "Luis Donaldo Colosio Murrieta. 7.14. Hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, el actuario se constituyó en el domicilio indicado para notificar a la Comisión Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General número 6 "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; sin embargo, dio cuenta de que la escuela estaba totalmente cerrada. 7.15. En auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el tribunal responsable ordenó girar exhorto a la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Sur, en Ciudad Obregón, en el que ordenó el emplazamiento de María Roxana Avilés Gutiérrez. 7.16. El diecinueve de octubre de este año, se efectuó el emplazamiento de la parte demandada Comisión Interna de Promociones de la Escuela Secundaria General número 6 "Luis Donaldo Colosio Murrieta". 7.17. Asimismo, en esa fecha el actuario levantó razón en la que hizo constar que le informaron que la Comisión Interna de Promociones como la Comisión Estatal de Promociones, ya no existen, con lo cual dio vista al tribunal para los efectos legales conducentes. 7.18. Coincidentemente, en esa propia fecha diecinueve de octubre pasado, el fedatario de la junta auxiliar de Ciudad Obregón, Sonora, emplazó a juicio a la diversa demandada María Roxana Avilez Gutiérrez. 7.19. En nueve de noviembre que transcurre, el Tribunal administrativo responsable, emitió un auto en el que tuvo por contestada la demanda a Avilez Gutiérrez y procedió a señalar fecha para la audiencia de pruebas y alegatos ("DIEZ HORAS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO"- SIC-) De la exposición anterior, y relacionado con la petitoria de amparo, se tiene que el promovente de la acción constitucional reclamó la dilación y omisión de llevar a cabo la totalidad de emplazamientos de los demandados, en el expediente laboral 384/2015, del índice de la responsable y, como consecuencia de ello el retardo y dilación para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 113 de la Ley del Servicio Civil, en el cual tiene el carácter de parte actora. Inexistencia del acto reclamado. De conformidad con los antecedentes reseñados en el considerando anterior, hasta la fecha de presentación de la demanda, no resultó cierto el acto reclamado en relación con la omisión de emplazamiento a la Secretaría de Educación y Cultura, así como a la Comisión Interna de Promociones y la Comisión Estatal de Promociones. Lo anterior, no obstante que en su informe justificado la autoridad responsable Sala de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, haya aceptado la existencia del reclamo constitucional. Ello es así, porque de las propias constancias que remitió la responsable ordenadora, vistas con antelación, se advierte que desde el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada mencionada en primer término, conforme a las diligencias actuariales que constan en autos del juicio de origen, y que evidencian, que a la fecha de presentación de la demanda, tal reclamo resultó inexistente. En tanto, que en relación con las dos restantes enjuiciadas, el reclamo resulta inexistente, dado que se acredita en autos que la autoridad ordenadora estuvo intentando a través de requerimientos y mandatos de emplazamientos, en diversas ocasiones el llamamiento de las mismas, aunque de modo infructuoso; empero por razones ajenas a su actuación y atribuciones no pudo llevar a cabo el emplazamiento, pues si bien es cierto, se advierten lapsos distantes entre actuación y actuación, relativa a la consecución de emplazar a esas demandadas, lo cierto es, que esas dilaciones derivan de la falta de información que en relación al domicilio o existencia de tales enjuiciadas (Comisión Interna de Promociones y la Comisión Estatal de Promociones), necesitaba la autoridad ordenadora para actuar y que le eran requeridas a la parte actora y aquí quejosa; de modo que no puede sostenerse al respecto que exista omisión en ordenar el emplazamiento de las mismas, ni del órgano ejecutor; incluso la última razón actuarial fue levantada en diecinueve de octubre de este año, en la cual el actuario hizo constar nuevamente la inexistencia de tales demandadas; lo que conduce a sostener que en relación con lo anteriormente expuesto resultan inexistentes los actos reclamados. Sin que lo anterior, haya sido desvirtuado por el aquí quejoso; de modo que debe sobreseerse al respecto, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se cita por analogía y consubstancialidad, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema, Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Tercera Parte, página 10, Séptima Época, con registro 237797, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos.". Existencia del acto reclamado En cambio, resultó cierto el acto reclamado al tribunal responsable y al actuario de su adscripción, por haberlo manifestado así el tribunal ordenador y por advertirse de las constancias remitidas por la secretaria de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario de su adscripción al rendir su respectivo informe con justificación. Causales de improcedencia No obstante lo anterior, en la especie se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicha causal de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de la Novena Época, Registro: 165870, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, pagina: 1491de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se actualiza la hipótesis antes reseñada -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate la omisión de actuación y dilación de las responsables en emplazar a la totalidad de los demandados en el juicio de origen, lo cual se evidenció con anterioridad, conforme al contenido del informe justificado rendido por la responsable ordenadora, quien admitió la existencia del reclamo; y, con la reseña de antecedentes del juicio de origen, de lo que se desprende que hasta antes de la fecha de presentación de la demanda de amparo, existió omisión de actuación y dilaciones en la función jurisdiccional de las responsables, conforme a plazos y términos de actuación; dado que si bien, se observan actos encaminados a efectuar los emplazamientos de que se trata, también se ve, el retardo y dilación de actuaciones del órgano ejecutor, con el tácito consentimiento del tribunal responsable al no emitir las medidas que instaran la celeridad para que el órgano ejecutor efectuara sus actuaciones dentro de los plazos determinados para notificar. No obstante lo anterior, las restantes partes enjuiciadas que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo no habían sido emplazadas, fueron llamadas a juicio mediante diligencias actuariales de diecinueve de octubre de este año realizadas por el propio órgano ejecutor del tribunal responsable y por la autoridad coadyuvante laboral de Ciudad Obregón a la que se encomendó la diligencia de emplazamiento de María Roxana Avilez Gutiérrez; actualizándose así, la cesación de los efectos en relación con la omisión de emplazamiento de dichas enjuiciadas, por actuación de las responsables, restituyéndole al quejoso en los derechos que exigió en esta instancia, precisamente durante el trámite del sumario constitucional. Igualmente sucede en lo relativo a la omisión de señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, pues derivado de lo anterior, al encontrarse emplazadas las partes demandadas, el tribunal administrativo responsable en nueve de noviembre de este año, emitió también un auto en el que señaló fecha para la audiencia de alegatos en el juicio de origen, lo que conlleva a que el acto omisivo reclamado a la ordenadora también haya cesado en sus efectos, pues por actuación de la propia autoridad, se restituyó al gobernado emitiendo un auto en el que se pronunció en relación con el señalamiento de la fecha para celebración de la audiencia de ley; lo que permite inferir que el reclamo de omisión opuesto por el quejoso cesó por actuación de la propia autoridad, al dictar el auto mencionado durante la substanciación y trámite de este biinstancial. Este juzgador no soslaya que en el auto pronunciado por el tribunal responsable, se indicó como fecha para la audiencia en el juicio de origen, el once de febrero de dos mil veintiuno, lo que supone una data inexistente; sin embargo, es obvio que tal apunte, resulta ser un error meramente mecanográfico, dado que la emisión del acuerdo se efectuó en noviembre de dos mil veintiuno; empero, en todo caso, el justiciable se encuentra en aptitud legal de promover ante la responsable lo que a su interés convenga al respecto, sin que tal irregularidad de actuación observada se considere una eventualidad que deba ser analizada en vía de amparo, por corresponder a una situación procesal en la emisión del auto referido; de modo que analizar la legalidad o no de dicho auto, implicaría afectar un acto que era inexistente al momento de la presentación del juicio de amparo, lo cual le está vedado al juzgador constitucional. Lo anterior lleva a determinar que al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de amparo, lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Decisión Al haber resultado inexistente los actos reclamados tratados en el considerando III, y actualizado la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, en relación con los restantes actos precisados en el diverso apartado VI, de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martin Robles Gutiérrez, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando II, por las razones, fundamentos y motivos, expuestos en los diversos apartados IV y VI del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el actuario de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el actuario de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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