Martin Rico Jimenez

Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
107/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Martin Rico Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintinueve de noviembre pasado, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS Y CERTIFICACIÓN. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento con base en las constancias que obran en autos, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a/J 26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que el tres de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual en el primer resolutivo se decretó el sobreseimiento y en el segundo se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación el quejoso *** interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, quien pronunció la resolución ejecutoria correspondiente, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 107/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, promovido por ***, respecto de lo actos que se reclaman del juez Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, así como respecto de los actos de creación de la norma atribuidos al Gobernador y al Congreso del Estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el primer apartado de la última de las consideraciones jurídicas de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 387, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el apartado segundo de la consideración jurídica quinta de esta sentencia. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto reclamado a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 154/2016, para los efectos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Se precisa que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión penal número 207/2018 de su índice; concedió el amparo para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, en su lugar, 2. Valore la totalidad de las constancias de autos, en particular, aquellas que impliquen una disminución en el adeudo en el juicio ejecutivo mercantil o su garantía y, por tanto, en el daño a reparar con la conducta reprochada y, con base en ello, 3. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución conforme en derecho proceda, sin que pueda agravar la situación jurídica del quejoso. Es pertinente aclarar que debido a que la concesión del amparo se limita a cuestiones estrictamente formales, el Magistrado responsable puede reiterar el sentido de la anterior determinación, pero purgando los vicios que la afectaban, o bien, dictar un nuevo acto en sentido diverso, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le corresponde. Concesión que se extiende a los actos de ejecución que se reclaman del Juzgado Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, en virtud de que sus actos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Con motivo de lo anterior, el diez de octubre de dos mil diecinueve, se requirió al magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la ciudad de Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado por la superioridad. INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a dicho cumplimiento, así como a prórroga que se le concedió para dicho efecto, el magistrado responsable remitió los oficios registrados bajo los números 9063 y 9936, a este último anexó diversas constancias de la resolución pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 370-389), de los que se advierte que dentro del toca número 154/2016 de su índice, en lo que aquí interesa determinó lo siguiente: Guanajuato, Guanajuato, a 18 dieciocho de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. Ahora bien, advirtiéndose del oficio que se recibe que la resolución que resolvió el recurso de revisión interpuesto, modificó la sentencia recurrida, en el que le fue negada la protección de la Justicia Federal al quejoso ***, se deja insubsistente la sentencia de fecha 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de apelación número 154/2016 (fojas 357 a 358). Y, del comunicado registrado bajo el número 9936 al cual se adjuntó copia de la resolución pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, donde se expuso que: VISTO en cumplimiento de la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, dictada en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, al resolver las constancias del recurso de revisión *** relativo al juicio de amparo indirecto penal con número de expediente ***, interpuesto por el quejoso ***, en contra de la resolución de segunda instancia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca seguido ante esta Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el número 154/2016 En mérito de lo expuesto y legalmente fundado y con apoyo además en el artículo 1° y 371 del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: PRIMERO. El Juez de primer grado que emitió la resolución combatida, competente resultó para dictarla, ello de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del considerando primero de esta resolución. Por otra parte, esta Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, resultó competente para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el de primer grado, tal como se precisó en el segundo párrafo del considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Los agravios presentados por el ofendido y por el Ministerio Público resultaron parcialmente fundados y en esa medida operantes, por ello, se MODIFICA el proveído de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la cual se fijó caución para garantizar la libertad provisional del inculpado ***, emitida por el Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato en el proceso 40/2015, que se instruyó en contra de los acusados ***, por la comisión del delito de Abuso de Confianza en agravio de ***, para el siguiente efecto: Establecer que conforme a las constancias del proceso penal se determina que la posible reparación del daño es de $60,346,000.00 sesenta millones trescientos cuarenta y seis mil pesos en moneda nacional, y que, la misma se encuentra garantizada atendiendo la adjudicación de 15 bienes inmuebles con valor de *** y las tres garantías derivadas de los embargos en cumplimiento de ejecución de sentencia por la cantidad de ***, todos en favor del ofendido. Quedando intocado el resto de la resolución apelada. TERCERO. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, hágasele saber al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, sede Celaya, el cumplimiento que se ha dado a la Ejecutoria de mérito, así mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. CUARTO. Notifíquese personalmente, envíese por duplicado testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos y a su Juzgado de Origen y en su oportunidad archívese el presente toca. (foja 388 a 389). Asimismo, se hace constar que dicha determinación le fue notificada por lista a la parte quejosa a través de este Órgano de Control Constitucional en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, quedando enterada el veinte del nombrado mes y año (foja 409). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que el magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la ciudad de Guanajuato, dejó insubsistente la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación número *** de su índice y en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, pronunció una nueva determinación en los términos indicados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 207/2018 de su índice, en la cual estableció que conforme a las constancias del proceso penal se determinó que la posible reparación del daño es de ***, y que, la misma se encuentra garantizada atendiendo la adjudicación de 15 bienes inmuebles con valor de *** y las tres garantías derivadas de los embargos en cumplimiento de ejecución de sentencia por la cantidad de ***, todos en favor del ofendido. Por tanto, conforme al numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio la superioridad modificó la sentencia pronunciada por este tribunal federal, dejando firme el sobreseimiento, negando y concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DEPURABLE. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dichas medidas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de dos mil doce. Mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DESTRUIBLE. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que el quejoso ***, exhibió la PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO 2179855, expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., POR LA CANTIDAD DE *** para el fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; empero no obstante que existen terceros interesados en el presente juicio, dado que se la superioridad le concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se hace del conocimiento del nombrado quejoso, que la citada póliza se encuentra a su disposición, para que si considera oportuna su devolución, acuda ante este Juzgado Federal para dicho efecto, de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir la póliza en comento, deberá hacerlo debidamente identificado, con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente. En la inteligencia que de no hacerlo en el término de TRES DIAS HÁBILES, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, se hará del conocimiento de la Afianzadora que la expidió, para su cancelación.

  2. Principal

    ESTADO DE AUTOS Y CERTIFICACIÓN. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento con base en las constancias que obran en autos, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que el tres de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual en el primer resolutivo se decretó el sobreseimiento y en el segundo se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación el quejoso *** interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, quien pronunció la resolución ejecutoria correspondiente, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 107/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, promovido por Martín Rico Jiménez, respecto de lo actos que se reclaman del juez Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, así como respecto de los actos de creación de la norma atribuidos al Gobernador y al Congreso del Estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el primer apartado de la última de las consideraciones jurídicas de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 387, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el apartado segundo de la consideración jurídica quinta de esta sentencia. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Rico Jiménez contra el acto reclamado a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 154/2016, para los efectos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Se precisa que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el amparo en revisión penal número 207/2018 de su índice; concedió el amparo para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, en su lugar, 2. Valore la totalidad de las constancias de autos, en particular, aquellas que impliquen una disminución en el adeudo en el juicio ejecutivo mercantil o su garantía y, por tanto, en el daño a reparar con la conducta reprochada y, con base en ello, 3. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución conforme en derecho proceda, sin que pueda agravar la situación jurídica del quejoso. Es pertinente aclarar que debido a que la concesión del amparo se limita a cuestiones estrictamente formales, el Magistrado responsable puede reiterar el sentido de la anterior determinación, pero purgando los vicios que la afectaban, o bien, dictar un nuevo acto en sentido diverso, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le corresponde. Concesión que se extiende a los actos de ejecución que se reclaman del Juzgado Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, en virtud de que sus actos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Con motivo de lo anterior, el diez de octubre de dos mil diecinueve, se requirió al magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la ciudad de Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado por la superioridad. INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a dicho cumplimiento, así como a prórroga que se le concedió para dicho efecto, el magistrado responsable remitió los oficios registrados bajo los números 9063 y 9936, a este último anexó diversas constancias de la resolución pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 370-389), de los que se advierte que dentro del toca número 154/2016 de su índice, en lo que aquí interesa determinó lo siguiente: Guanajuato, Guanajuato, a 18 dieciocho de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. Ahora bien, advirtiéndose del oficio que se recibe que la resolución que resolvió el recurso de revisión interpuesto, modificó la sentencia recurrida, en el que le fue negada la protección de la Justicia Federal al quejoso ***, se deja insubsistente la sentencia de fecha 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca de apelación número 154/2016 (fojas 357 a 358). Y, del comunicado registrado bajo el número 9936 al cual se adjuntó copia de la resolución pronunciada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, donde se expuso que: VISTO en cumplimiento de la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, dictada en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, al resolver las constancias del recurso de revisión *** relativo al juicio de amparo indirecto penal con número de expediente ***, interpuesto por el quejoso Martín Rico Jiménez, en contra de la resolución de segunda instancia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca seguido ante esta Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el número 154/2016 En mérito de lo expuesto y legalmente fundado y con apoyo además en el artículo 1° y 371 del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: PRIMERO. El Juez de primer grado que emitió la resolución combatida, competente resultó para dictarla, ello de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del considerando primero de esta resolución. Por otra parte, esta Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, resultó competente para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el de primer grado, tal como se precisó en el segundo párrafo del considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Los agravios presentados por el ofendido y por el Ministerio Público resultaron parcialmente fundados y en esa medida operantes, por ello, se MODIFICA el proveído de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la cual se fijó caución para garantizar la libertad provisional del inculpado ***, emitida por el Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato en el proceso 40/2015, que se instruyó en contra de los acusados ***, por la comisión del delito de Abuso de Confianza en agravio de ***, para el siguiente efecto: Establecer que conforme a las constancias del proceso penal se determina que la posible reparación del daño es de $60,346,000.00 sesenta millones trescientos cuarenta y seis mil pesos en moneda nacional, y que, la misma se encuentra garantizada atendiendo la adjudicación de 15 bienes inmuebles con valor de *** y las tres garantías derivadas de los embargos en cumplimiento de ejecución de sentencia por la cantidad de ***, todos en favor del ofendido. Quedando intocado el resto de la resolución apelada. TERCERO. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, hágasele saber al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, sede Celaya, el cumplimiento que se ha dado a la Ejecutoria de mérito, así mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. CUARTO. Notifíquese personalmente, envíese por duplicado testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos y a su Juzgado de Origen y en su oportunidad archívese el presente toca." (foja 388 a 389). Asimismo, se hace constar que dicha determinación le fue notificada por lista a la parte quejosa a través de este Órgano de Control Constitucional en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, quedando enterada el veinte del nombrado mes y año (foja 409). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que el magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la ciudad de Guanajuato, dejó insubsistente la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación número *** de su índice y en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, pronunció una nueva determinación en los términos indicados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 207/2018 de su índice, en la cual estableció que conforme a las constancias del proceso penal se determinó que la posible reparación del daño es de ***, y que, la misma se encuentra garantizada atendiendo la adjudicación de 15 bienes inmuebles con valor de *** y las tres garantías derivadas de los embargos en cumplimiento de ejecución de sentencia por la cantidad de ***, todos en favor del ofendido. Por tanto, conforme al numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio la superioridad modificó la sentencia pronunciada por este tribunal federal, dejando firme el sobreseimiento, negando y concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DEPURABLE. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dichas medidas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de dos mil doce. Mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DESTRUIBLE. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que el quejoso ***, exhibió la PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO 2179855, expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., POR LA CANTIDAD DE *** para el fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; empero no obstante que existen terceros interesados en el presente juicio, dado que se la superioridad le concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se hace del conocimiento del nombrado quejoso, que la citada póliza se encuentra a su disposición, para que si considera oportuna su devolución, acuda ante este Juzgado Federal para dicho efecto, de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir la póliza en comento, deberá hacerlo debidamente identificado, con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente. En la inteligencia que de no hacerlo en el término de TRES DIAS HÁBILES, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, se hará del conocimiento de la Afianzadora que la expidió, para su cancelación.

  3. Principal

    INFORME DE CUMPLIMIENTO. Por recibido el oficio firmado por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando diversas constancias para acreditar su dicho. Por tanto, previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. Asimismo, se le tiene acusando recibo del oficio 15339/2019 de este índice, el cual se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda.

  4. Principal

    Por recibido el oficio firmado por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato. En atención a su contenido, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, conforme a los artículos 219 y 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en virtud de que ya obra acordado en proveído de veintidós de octubre último, por haberse recibido en vía diversa en este juzgado federal.

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