Martin Reyes Ramirez
Expediente 61/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martin Reyes Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del auto de trece de julio de dos mil quince, sin embargo, no ha lugar a dictar mayor proveído al respecto, toda vez que el presente juicio de amparo causo estado el veintinueve de junio de dos mil quince. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ***, hubiese recurrido el auto de cinco de junio de dos mil quince, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. ****Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso...hora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso..Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1294/2013. Para ello, la parte actora ofreció los siguientes medios probatorios: 1 y 2. Confesionales; 3. Instrumental de actuaciones; 4. Presuncional legal y humana; 5, 7, 9, 10 y 14. Informes de autoridad; 8. Inspección ocular; 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 y 16. Diversas documentales. Por su parte, la demandada E*** y S***, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; B**, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y G**, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, ofrecieron las siguientes pruebas: 1. Confesional; 2. Testimonial; 3. Presuncional legal y humana; 4. Instrumental de actuaciones; 5 y 6. Informes de autoridad. En ese mismo sentido, la persona moral demandada E **, Sociedad Anónima de Capital Variable, ofreció los siguientes medios de convicción: 1. Confesional; 2. Testimonial; 3. Presuncional legal y humana; 4. Instrumental de actuaciones; 5 y 6. Informes de autoridad; 7. Documentales. Resulta que, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, al dar contestación al requerimiento formulado por acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, hizo del conocimiento que el veintinueve de abril del año en curso, dictó el acuerdo sobre la admisión y desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes, en el sentido de que: a) Admitió las pruebas de la parte actora marcadas con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 y 16, con excepción de los informes de autoridad, identificados bajo los números 9 y 10, ofrecidos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. b) Admitió los medios probatorios ofrecidos por E** y S**, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; B**, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y G**, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y desechó los informes de autoridad identificados con los números 5 y 6, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Consultores en Ingeniería Administrativa. c) Admitió los medios probatorios ofrecidos por la persona moral E**, Sociedad Anónima de Capital Variable, y desechó los informes de autoridad identificados con los números 5 y 6, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Consultores en Ingeniería Administrativa. Acuerdo que ya fue notificado a las partes, tal como se desprende de las constancias con las cuales se dio cuenta y las que se concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo respecto de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, y éste ya se dictó y notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ya ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa. De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la de ofrecimiento y admisión de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciocho minutos del ocho de junio de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: "Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso...hora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso..Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1294/2013. Para ello, la parte actora ofreció los siguientes medios probatorios: 1 y 2. Confesionales; 3. Instrumental de actuaciones; 4. Presuncional legal y humana; 5, 7, 9, 10 y 14. Informes de autoridad; 8. Inspección ocular; 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 y 16. Diversas documentales. Por su parte, la demandada E*** y S***, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; B**, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y G**, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, ofrecieron las siguientes pruebas: 1. Confesional; 2. Testimonial; 3. Presuncional legal y humana; 4. Instrumental de actuaciones; 5 y 6. Informes de autoridad. En ese mismo sentido, la persona moral demandada E **, Sociedad Anónima de Capital Variable, ofreció los siguientes medios de convicción: 1. Confesional; 2. Testimonial; 3. Presuncional legal y humana; 4. Instrumental de actuaciones; 5 y 6. Informes de autoridad; 7. Documentales. Resulta que, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, al dar contestación al requerimiento formulado por acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, hizo del conocimiento que el veintinueve de abril del año en curso, dictó el acuerdo sobre la admisión y desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes, en el sentido de que: a) Admitió las pruebas de la parte actora marcadas con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15 y 16, con excepción de los informes de autoridad, identificados bajo los números 9 y 10, ofrecidos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. b) Admitió los medios probatorios ofrecidos por E** y S**, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; B**, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y G**, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y desechó los informes de autoridad identificados con los números 5 y 6, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Consultores en Ingeniería Administrativa. c) Admitió los medios probatorios ofrecidos por la persona moral E**, Sociedad Anónima de Capital Variable, y desechó los informes de autoridad identificados con los números 5 y 6, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Consultores en Ingeniería Administrativa. Acuerdo que ya fue notificado a las partes, tal como se desprende de las constancias con las cuales se dio cuenta y las que se concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo respecto de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, y éste ya se dictó y notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ya ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa. De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la de ofrecimiento y admisión de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciocho minutos del ocho de junio de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a las partes.".
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