Martín Reyes Lara
Expediente 1076/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/02/2022
Partes del expediente
- Martín Reyes Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado nueve de febrero de dos mil veintidós. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede de oficio a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: De no existir impedimento legal, acredite que giró los oficios y el despacho que derivan del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, en su caso, requiera la devolución del despacho, y, de ser procedente, haga efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y vuelva a requerir al ayuntamiento demandado por el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 331/2007-C1 o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante oficio recibido en auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, remitió copia certificada de los acuses generados con motivo del acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte dictado dentro del juicio de origen 331/2007-C1; asimismo, exhibe copia certificada del acuerdo de fecha veinte de enero del año en curso, en el que hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, e impone una multa consistente en cien unidades de medida y actualización y de nueva cuenta requiere a la parte demandada, el Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, para que dé cumplimiento al laudo dictado en autos. De igual forma, mediante oficio recibido en proveído de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada del acta de notificación del auto de veinte de enero del año en curso, realizada a la parte demandada en el juicio de origen; asimismo, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio MC1/298/2022 ordenado por acuerdo de fecha veinte de enero del año en curso, por el cual se ordenó a la Secretaría de Hacienda de Estado de Jalisco aplique al síndico municipal del Ayuntamiento en cita la multa mencionada en el párrafo anterior. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Se precisa. Ahora bien, no obstante que en la sentencia dictada en autos se condenó a la responsable a girar los oficios derivados del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, se advierte de actuaciones que el acuerdo correcto es el relativo al veintiuno de septiembre de dos mil veinte, lo cual ya aconteció como se expuso en párrafos anteriores. Orden de archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, qué devolver a las partes. Notifíquese personalmente; así como por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el oficio de cuenta proveniente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual remite copias certificadas de diversos autos dictados dentro del juicio de origen; agréguense a los autos y de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, acredite que notificó al Ayuntamiento Constitucional de Etzatlan (parte demandada), así como a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, el proveído de veinte de enero del año en curso, dictado en el juicio de origen 331/2007-C1. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que las responsables no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo.
- Principal
Visto el oficio signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de tres de enero de dos mil veintidós, informa que la sentencia dictada en el presente juicio el día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, le fue notificada el día diecinueve de noviembre del año en cita. Causa ejecutoria. En consecuencia de lo anterior y vista la certificación que antecede, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizará el acto siguiente: De no existir impedimento legal, acredite que giró los oficios y el despacho que derivan del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, en su caso, requiera la devolución del despacho, y, de ser procedente, haga efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y vuelva a requerir al ayuntamiento demandado por el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 331/2007-C1.o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requiérase a la autoridad. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular de la Junta una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite el expediente original relativo al presente juicio de amparo, así como el testimonio de la resolución dictada en ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 172/2021, del índice de la superioridad, del que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió: "ÚNICO.- Queda sin materia el recurso de queja interpuesto". Anotaciones. En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Requerimiento. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el acuse de recibo relativo al oficio **** del índice local, mediante el cual se ordenó notificar a la parte tercera interesada *****, la sentencia dictada en fecha veintisiete de octubre de dos mi veintiuno; por tanto, requiérase vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por los medios acostumbrados, a la citada autoridad tercera interesada, para que dentro del término de tres días contados a partir de que le surta efectos la presente notificación, informe vía telegráfica, la fecha en que recibió el oficio mencionado en supra líneas. Apercibimiento. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.
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