Martin Reyes Jimenez
Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martin Reyes Jimenez
- Director del Centro Estatal de Prevension Social de Esta Ciudad de Celaya, Gto.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que se pronunciara al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de diecisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 185 a 202), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables: 1. Deje insubsistente su acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal ***; 2. Emita una nueva determinación en la cual, de manera fundada y motivada, y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se pronuncie respecto al traslado del quejoso *********autorizado por el director general del Sistema Penitenciario en el Estado de Guanajuato; y, 3. Ordene su notificación personal al quejoso. Sin que en el caso proceda ordenar el regreso del quejoso *********al Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, pues atento al sentido de la presente determinación, este órgano de control constitucional, no puede sustituirse en las facultades del juez de origen correspondiente; quien en el ámbito de su competencia, deberá subsanar la irregularidades detectadas en esta instancia y pronunciarse de manera debidamente fundada y motivada sobre la calificación de la legalidad de la determinación administrativa de traslado. Concesión que se hace extensiva a los actos atribuidos al director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y al director general del Sistema Penitenciario en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, dado que la legalidad o ilegalidad de sus actos dependerá de lo que al respecto resuelva el juez de proceso, por lo cual no es dable hacer pronunciamiento al respecto Por acuerdo de seis de agosto del año en curso (foja 207), causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió al juez responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con el número 8793 (fojas 211 a 246) el jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento del fallo protector, y al efecto remitió disco compacto grabado en formato PDF, que contiene los archivos relativos al auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, así como los oficios JOCEL/7325/2018 y JOCEL/7326/2018, de lo que se obtuvo copia certificada y se glosó a los autos para que obraran como legalmente correspondan e informó que se encontraba pendiente la notificación respectiva. Por lo que, en proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se le otorgó el término de cinco días para que remitiera las constancias de notificación practicadas al promovente del amparo (foja 247). De ahí que, por oficio registrado con número 8973, el jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió disco compacto grabado en formato PDF, que contiene el archivo relativo a la notificación practicada al quejoso del auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, de lo que se obtuvo copia certificada, para ser glosada a los autos (fojas 249 a 253). Ahora, de las citadas documentales se desprende que el Tribunal de Juicio Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, autoridad que ahora tiene jurisdicción del acusado, aquí quejoso, sustituta del juez de Control que emitió el acto reclamado, determinó: 1. Dejar insubsistente el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal ***, por el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad. 2. Dictó el auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, donde determinó, en lo que interesa: Pero además, todos los anteriores medios de prueba, al ser valorados bajo el criterio de libre valoración de la prueba, como ya se mencionó, en los términos del numeral ya citado de la Ley del Proceso Penal, de acuerdo a las máximas de la experiencia, reglas de la lógica, y sana crítica, dado que son documentales lícitas y pertinentes, se puede inferir y hacen convicción suficiente en el ánimo de este Juzgador, para concluir que en efecto, con motivo de ese disturbio en el interior del citado Centro de Prevención, de los cuales, sin duda alguna, participo *********, y que empiezan a ocasionar disturbios fuertes en el interior del mismo, no solo se pone en peligro la vida y la integridad de dicha persona y de los integrantes de población penitenciaria así como la vida e integridad de las demás personas privadas de la libertad recluidas en dicho Centro, sino que además, y lo que resulta de mayor gravedad y preocupación, se acredita, como bien lo concluyó el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, en el Acta No. ***Guanajuato, de fecha 26 veintiséis de septiembre del año en curso, suscrito y firmada por los integrantes del mismo (en la cual se detallan los motivos y fundamentos para solicitar al Director General del Sistema Penitenciario en el Estado, la reubicación del procesado Martín Reyes Jiménez, misma que contiene valoraciones psicológicas y criminológicas de la persona privada de su libertad en cita), que se pone en ALTO RIESGO LA SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO de esta ciudad, así como la SEGURIDAD PÚBLICA, por lo cual procedente resulta la reubicación de MARTÍN REYES JIMÉNEZ, máxime que éste forma parte del grupo que está ocasionando los disturbios en el interior de la institución a grado tal de que han resultado ya, algunas guardias de seguridad y custodios, afectadas en su salud, como se acredita con los certificados médicos que se anexan al escrito que se acuerda, y que han son valorados conforme a derecho. Bajo ese orden de ideas, este TRIBUNAL comulga, por considerarla ajustada a derecho, con la determinación administrativa asumida por el Maestro Gregorio Nicasio Fonseca, Director General del Sistema Penitenciario de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en fecha 26 veintiséis de diciembre del año 2017, mediante la cual autoriza al Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, la REUBICACIÓN en carácter de URGENTE, del procesado *********, de dicho, al Centro de Reinserción Social de León, Guanajuato, por ser un Centro de mayor seguridad, y para mantener la seguridad, el orden y la gobernabilidad del Centro de Prevención de esta ciudad, y la Seguridad Pública del Estado; reubicación en carácter de urgente, que atendiendo al contenido de la copia certificada de la hoja de Remisión del Centro de Reinserción Social de León, Guanajuato, se llevó a cabo por la tarde del día 27 veintisiete de diciembre del 2017, con las correspondientes medidas de seguridad. Por ende, por las razones ya expuestas, al considerar que el inculpado ********* durante su reclusión en el Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, ha mostrado una conducta delictiva, problemas de indisciplina, posibilidad de ser agredido o agredir a otras personas privadas de su libertad, ser de alta peligrosidad y de alto riesgo institucional, además de formar parte de un grupo de poder que está poniendo en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro, SE CALIFICA DE LEGAL LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, consistente en el traslado en carácter de Urgente del citado procesado, llevada a cabo por el Director del Centro Estatal de Prevención Social de éste municipio, al actualizarse en el caso en concreto, por las razones ya expuestas, los supuestos legales que contemplan las fracciones II y III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen las excepciones al Traslado Voluntario, y que a la letra dicen: La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y, III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Ahora bien, del oficio número DGSP/CEPSC/J/1822/2017 de fecha 27 veintisiete de diciembre de 2017, se advierte que el Director del Centro Estatal de Prevención Social, Licenciado J. Jesús Gallardo Cerrillo, dio cabal cumplimiento, al requisito establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su última parte del primer párrafo, dado que informó dentro del término de 24 veinticuatro horas el traslado del inculpado **********, después de haberse realizado el mismo, el día 27 veintisiete de diciembre de 2017, aproximadamente a las 16:48 e informado a éste Juzgador, a las 8:59 ocho horas con cincuenta y nueve o minutos del día siguiente, es decir, del día 28 veintiocho de diciembre 3. Notificó dicha determinación al quejoso, el trece de agosto de dos mil dieciocho. En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitió otro en el que con libertad de jurisdicción consideró procedente la reubicación del quejoso ********** al Centro de Reinserción Social de León, Guanajuato, por lo que calificó de legal el traslado reclamado y se lo notificó a la parte promovente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del citado Acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir del presente auto, puesto que en el expediente principal se concedió el amparo, en tanto que en el incidente de suspensión se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva; debiéndose conservar la demanda y la sentencia respectivas. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el catorce de agosto pasado, remite las constancias de notificación practicadas respecto del auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dado que el diecisiete de agosto del año en curso, se tuvieron por recibidas dichas constancias.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña un disco compacto grabado en formato PDF, que contiene el archivo relativo a la notificación practicada al quejoso del auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, con lo que informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glosado a los presentes autos. Por lo tanto, obténgase copia certificada del citado archivo y glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista personalmente a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veinte y veintiuno de agosto del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello, siendo inhábiles el dieciocho y diecinueve del mes y año citados-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho; y que en lo conducente establece: Téngase por recibido el oficio signado por el jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña un disco compacto grabado en formato PDF, que contiene el archivo relativo a la notificación practicada al quejoso del auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, con lo que informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glosado a los presentes autos. Por lo tanto, obténgase copia certificada del citado archivo y glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista personalmente a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
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