Martín Ramos Cruz
Expediente 489/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 38 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 13/12/2017
Partes del expediente
- Martín Ramos Cruz y Otros.
- Martín Ramos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil Provisional, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistentes en cuatro tomos.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, a los terceros interesados GUADALUPE VILLAREAL AGUNDEZ y MARCO ANTONIO HIGUERA AGUILAR, el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio de Amparo 489/2016-IV-B y su acumulado 490/2016; lo anterior, en cumplimiento al auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de amparo y, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, cumplió la sentencia dictada en el presente asunto, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Martín Ramos Cruz y Antonio Villareal Agundez, la cual fue recurrida y confirmada por resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California; en cuatro de octubre del año en curso, fecha en que se acordó respecto a la citada ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la sentencia de amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. [.]" En diez de octubre del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por la responsable en cita, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en ese asunto a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que le ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, lo cual, como se vio, se realizó ya que la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, es evidente que quedó acatada la sentencia dictada en el presente asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, cumplió la sentencia dictada en el presente asunto, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Martín Ramos Cruz y Antonio Villareal Agundez, la cual fue recurrida y confirmada por resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California; en cuatro de octubre del año en curso, fecha en que se acordó respecto a la citada ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la sentencia de amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. [.]" En diez de octubre del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por la responsable en cita, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en ese asunto a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que le ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, lo cual, como se vio, se realizó ya que la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, es evidente que quedó acatada la sentencia dictada en el presente asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de los quejosos Antonio Villareal Agundez y Martín Ramos Cruz, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a los citados quejosos, publicada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, cumplió la sentencia dictada en el presente asunto, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Martín Ramos Cruz y Antonio Villareal Agundez, la cual fue recurrida y confirmada por resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California; en cuatro de octubre del año en curso, fecha en que se acordó respecto a la citada ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] Efectos de la sentencia de amparo. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. [.]" En diez de octubre del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por la responsable en cita, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en ese asunto a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que le ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 261/2012, a partir de los emplazamientos cuestionados, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, lo cual, como se vio, se realizó ya que la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 261/2012 de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir de los emplazamientos realizados por medio de edictos a los quejosos, resultando invalidas todas las actuaciones posteriores que se hayan realizado en el referido expediente de origen; asimismo, remitió el acuse original dirigido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, con el que ordenó cancelar la inscripción de la sentencia dictada en el expediente 261/2012 de su índice, inscrita bajo partida 5297338 de la sección civil de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, es evidente que quedó acatada la sentencia dictada en el presente asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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