Martín Ramón García Valdez
Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martín Ramón García Valdez
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Ramón García Valdez, por derecho propio, contra los actos que reclama del Superintendente Zona Mazatlán, de la Comisión Federal de Electricidad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, todas con sede en esta ciudad, por considerarlos como violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 278/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; por tanto, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción respecto a la causa de improcedencia respectiva es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los dos últimos aplicados en sentido contrario; lo anterior, debido a que los actos reclamados consisten en la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, derivado del aviso de recibo expedido en dieciséis de abril de dos mil diecinueve. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos preceptos se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Al respecto, resulta pertinente traer a cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Novena Época. Registro 161133. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta .Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, materia común, tesis: 2a./J. 164/2011, página 1089). Criterio del que se advierte que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En ese sentido, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para efectos del amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que lo que reclama la parte quejosa es la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa; derivado del aviso de recibo expedido en dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En tales condiciones, se considera que en el caso no se cumplen los requisitos establecidos en los incisos a) y c), toda vez que dichos actos derivan de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (parte quejosa), adquieren derechos y obligaciones recíprocas; de ahí que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. Sin que pueda considerarse que la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, constituya un acto unilateral susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que ello solo es consecuencia del incumplimiento de lo pactado en el contrato de adhesión que tiene celebrado el promovente con Comisión Federal de Electricidad. Por tales motivos, es inconcuso que cualquier acto derivado del incumplimiento del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio de energía eléctrica, no puede reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares, sobre los que existe un acuerdo de voluntades y para combatirlos tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Aunado a ello, de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial. Por tanto, se concluye que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a través del juicio constitucional, al no tratarse de actos de autoridad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias, de texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." (Décima Época. Registro 2015944. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, materia civil, tesis: 2a./J. 156/2017 (10a.), página 336) "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." (Décima Época. Registro 2016656. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, materia civil, tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), página 532). Cabe destacar que no se soslaya la existencia de la jurisprudencia 54/2012 de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Sin embargo, el indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Lo anterior, en virtud de que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclarar tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 245/2016 de su índice, derivada del juicio de amparo 810/2016, del control administrativo de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. IV. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Martínez Quintero, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Israel Díaz Piña, toda vez que no acredita tener cédula registrada en el sistema de referencia. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a treinta de abril de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Martín Ramón García Valdez; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Ramón García Valdez, por derecho propio, contra los actos que reclama del Superintendente Zona Mazatlán, de la Comisión Federal de Electricidad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, todas con sede en esta ciudad, por considerarlos como violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 278/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; por tanto, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción respecto a la causa de improcedencia respectiva es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los dos últimos aplicados en sentido contrario; lo anterior, debido a que los actos reclamados consisten en la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, derivado del aviso de recibo expedido en dieciséis de abril de dos mil diecinueve. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos preceptos se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Al respecto, resulta pertinente traer a cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Novena Época. Registro 161133. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta .Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, materia común, tesis: 2a./J. 164/2011, página 1089). Criterio del que se advierte que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En ese sentido, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para efectos del amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que lo que reclama la parte quejosa es la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa; derivado del aviso de recibo expedido en dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En tales condiciones, se considera que en el caso no se cumplen los requisitos establecidos en los incisos a) y c), toda vez que dichos actos derivan de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (parte quejosa), adquieren derechos y obligaciones recíprocas; de ahí que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. Sin que pueda considerarse que la pretensión del corte del servicio de energía eléctrica respecto al domicilio ubicado en calle Gabriel Leyva número 77, entre avenida de la Juventud y Aquiles Serdan, Colonia Centro, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, constituya un acto unilateral susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que ello solo es consecuencia del incumplimiento de lo pactado en el contrato de adhesión que tiene celebrado el promovente con Comisión Federal de Electricidad. Por tales motivos, es inconcuso que cualquier acto derivado del incumplimiento del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio de energía eléctrica, no puede reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares, sobre los que existe un acuerdo de voluntades y para combatirlos tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Aunado a ello, de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial. Por tanto, se concluye que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a través del juicio constitucional, al no tratarse de actos de autoridad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias, de texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." (Décima Época. Registro 2015944. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, materia civil, tesis: 2a./J. 156/2017 (10a.), página 336) "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." (Décima Época. Registro 2016656. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, materia civil, tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), página 532). Cabe destacar que no se soslaya la existencia de la jurisprudencia 54/2012 de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Sin embargo, el indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Lo anterior, en virtud de que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclarar tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 245/2016 de su índice, derivada del juicio de amparo 810/2016, del control administrativo de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. IV. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Martínez Quintero, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Israel Díaz Piña, toda vez que no acredita tener cédula registrada en el sistema de referencia. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lic. Sergio López Valdez Actuaria Judicial
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