Martín Ramírez Colmenero

Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
26/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Martín Ramírez Colmenero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: - Se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger los documentos originales que haya exhibido en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de prueba documental que anexó a su informe justificado la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: - Se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger los documentos originales que haya exhibido en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Toda vez que es innecesario permanecer con el legajo de prueba documental que anexó a su informe justificado la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Efectos de control. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo, que remite la presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de diecisiete de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.

  4. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por Martín Ramírez Colmenero, a través de su apoderado legal Kim Alfonso Alatorre Hernández, en la que reclamó del Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, la omisión en gestionar lo necesario para que la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, rinda el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen, desde el cuatro de octubre de dos mil veintidós, y de ésta última, la omisión de dar respuesta al informe que le fue solicitado. Por su parte, de la constancia que anexó el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del titular de dicho Órgano, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que los actos reclamados consistentes en la omisión por parte del Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, en requerir a la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, rindiera el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen desde el cuatro de octubre de dos mil veintidós, así como la omisión de ésta última en dar respuesta al informe que le fue solicitado, han cesado; ello, toda vez que al informe justificado rendido por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrado Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del titular de dicho Órgano, con residencia en esta ciudad, se anexó el acuse de recibo del oficio emitido el ocho de febrero de dos mil veintitrés (posterior a la presentación de la demanda), a través del cual el titular de la Oficina de los Litigios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, contestó el requerimiento efectuado por la junta responsable, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, el cual fue recibido en esa misma data por la Junta responsable. En ese contexto, es incuestionable que al haberse emitido la respuesta al informe ofrecido como prueba dentro del expediente laboral de origen, mediante oficio de ocho de febrero del año en curso, y al haberse presentado el mismo ante la Junta responsable en esa misma fecha, según se desprende del sello receptor estampado en la parte posterior del referido oficio, han cesado los efectos de los actos reclamados. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haberse emitido la respuesta respectiva mediante oficio de ocho de febrero de dos mil veintitrés, entregado en esa misma fecha ante la Junta responsable según se desprende del sello receptor con folio ********************, quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistentes los actos, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. En ese orden de ideas, al cesar los efectos de los actos aquí impugnados, la improcedencia de mérito está justificada, por lo que resulta innecesario examinar la constitucionalidad de los mismos, al ya no estar surtiendo sus efectos en modo alguno en la esfera jurídica del quejoso, por lo que, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las doce horas con once minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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