Martín Polvo Pérez
Expediente 445/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Martín Polvo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, a través de los oficios TSJ-SP-20-683 y TSJ-SP20-711, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con los mismos y su anexo, por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes, sin que hayan hecho manifestaciones; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de cuatro de junio de dos mil veinte, este órgano colegiado resolvió el juicio de amparo directo penal 445/2019 en el que determinó conceder la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el fallo reclamado. 2. Luego, reitere lo relativo a que [no] es materia de la concesión, es decir, que fue correcta la determinación del juez de la causa en cuanto a la acreditación del delito y la responsabilidad penal del justiciable en la comisión del delito por el que se le acusó, la condena a la reparación del daño, la amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos. 3. Y, en cuanto a la individualización de la pena, haga el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las sanciones a imponer, atento a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, en la inteligencia que en ese ejercicio para el que se le otorga plenitud de jurisdicción, no podrá agravar las sanciones impuestas, y dado el quántum que se puede imponer, deberá reiterar la concesión del beneficio de la conmutación de la pena de prisión que se le imponga, por resultar procedente en términos de lo que disponen los artículos 67 y 68 del Código Penal aplicable. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: ? Por oficio TSJ-SP-20-683 de ocho de septiembre de dos mil veinte, la Secretaria de Acuerdos de la sala responsable informó sobre el acuerdo dictado en el que, dejó insubsistente el fallo reclamado (1). ? Luego, conforme lo revela la lectura de la nueva resolución emitida, reiteró lo relativo a la acreditación del delito por el que se formuló acusación contra el quejoso, su plena responsabilidad en la comisión, la condena a la reparación del daño, la amonestación, así como la suspensión de derechos civiles y políticos del justiciable (2). ? En el apartado de individualización de la pena, que fue motivo de la concesión otorgada, de manera implícita, asumió las consideraciones que rigieron a la ejecutoria de amparo para sustentar su sentido, señaló que los agravios formulados por el recurrente ante esa alzada encontraban su análisis en los pronunciamientos emitidos por este órgano de amparo. Con base en la inserción íntegra de las razones plasmadas en la sentencia de amparo, sin agregar más, determinó modificar el quántum de la pena impuesta al quejoso por el juez de primer grado, para ubicarla en el parámetro legal mínimo, es decir, seis meses de prisión y dos días multa, con la precisión que debían descontarse, a la pena privativa de libertad, los días que estuvo detenido antes de obtener su libertad bajo caución, esto es, tres días (3). De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en la ejecutoria de amparo, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos precisados en párrafos anteriores, y si bien, de la lectura de la ejecutoria de amparo se desprende que, la concesión otorgada estuvo motivada por una deficiencia formal, relativa a la falta de motivación para imponer una pena mayor a la mínima, y que la responsable al dar cumplimiento se limita a citar las consideraciones que este órgano colegiado emitió como apoyo a la decisión final al dictar la sentencia de amparo. Lo cierto es que, al imponer una pena mínima, sin que destaque alguna condición especial en la ejecución del delito sancionado, es inexigible una motivación, dado que no es dable una sanción menor. Cobra aplicación, por su sentido y alcance jurídico, la jurisprudencia que se comparte, publicada con el número VI. 3o. J/14 del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN. Cuando el juzgador, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima que contempla la ley para el delito que corresponda, es evidente que tal proceder no es violatorio de garantías, ya que en este caso ni siquiera es necesario razonar la imposición de la misma en base al grado de peligrosidad o circunstancias en que se efectuó el delito, en virtud de que estos elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una sanción mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que no podría aplicarse una menor a ésta". Lo anterior permite concluir, que aun en las particulares condiciones en que se resolvió el tema de la individualización de la pena, es dable considerar que la responsable cumplió con lo establecido en la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Se tienen por recibidos los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de los que se advierte que se dejó insubsistente la sentencia reclamada y que se remite copia certificada de la sentencia de nueve de septiembre del año en curso. En tal condición, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia certificada de los oficios de cuenta, y sus respectivos anexos, a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista a los terceros interesados los menores A.A.P.M. y L.A.P.M. cuya identidad se protege, por conducto de AMN y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
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