Martín Plata González
Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martín Plata González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, y toda vez que en los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y reanudar el trámite y resolución de los expedientes, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se reanuda el presente asunto y se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por la Subdirectora de Juicios Civiles, Amparos y Recursos de Inconformidad, quien actúa en ausencia del Consejero Jurídico de Servicios Legales y del Director General de Procesos Jurisdiccionales, todos del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual, informa en relación al requerimiento formulado el cuatro de diciembre pasado, que mediante oficio de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, requirió al Director General de Servicios Legales de dicha dependencia, el cumplimiento a la ejecutoria del amparo. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
* QUEJOSO: CONSSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que en sesión de treinta de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mismo que estableció como medidas especiales del uno al nueve de febrero de este año, el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Ahora, del expediente en que se actúa se advierte que por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, este juzgado determinó reservar el proveído que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo formulada por Martín Plata González, contra el acto de la Jefa del Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de Zona Lomas de la Comisión Federal de Electricidad Distribución y otra autoridad, consistente en el oficio DVMS/ZLOMAS/DTSA/758/2020 de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, hasta en tanto, se restablecieran las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, derivado a que no se está en presencia de alguno de los supuestos de casos urgentes a que se refiere el artículo 4, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, No obstante, a fin de dar celeridad a la impartición de justicia, provéase respecto al contenido de la demanda de amparo registrada con el juicio de amparo 94/2021, promovida por Martín Plata González. Naturaleza del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse en qué consisten los actos reclamados, atendiendo al análisis integral del escrito de demanda. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo reclama el oficio DVMS/ZLOMAS/DTSA/758/2020 de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual propone que el gobernado ".trabaje con escalonamiento de horarios de su jornada laboral en la modalidad presencial sin que se afecte la duración de su jornada laboral". Afirma que en dicha comunicación oficial no se dio respuesta a su petición de quince del mismo mes y año, en la cual solicitó se dé continuidad a la modalidad de trabajo a distancia mixta, asignada a la plaza 32SA0313 de Auxiliar Administrativo de la que es titular y que consiste en laborar presencialmente dos días a la semana por tres a distancia, como medida para aminorar la probabilidad de contagio por el virus SARS-CoV2 o COVID 19. Precisión que se formula con apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis de Competencia En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito, de manera sustancial, determinó en lo que aquí importa que: Si bien era cierto, se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, esta Juzgadora procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J.21/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Así, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la competencia para conocer de un juicio de amparo surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS, en la que se concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Conforme a lo expuesto, se pone en evidencia que el acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, esta Juzgadora carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. Lo anterior, pues al resolver una cuestión competencial por razón de materia, debe atenderse fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, y ordena remitir VÍA INTERCONEXIÓN el expediente formado con motivo del presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; y una vez que el juzgado correspondiente tome conocimiento del presente asunto, se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. ....
- Principal
* SE AUTORIZA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que en sesión de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mismo que estableció como medidas especiales del veintiséis de enero al nueve de febrero de este año, el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV,1 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8 , se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Asimismo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Precisado lo anterior, con la demanda de amparo presentada en línea por ***; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 94/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el oficio *** de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se da respuesta a la petición del quince del mismo mes y año. Con base en lo anterior, la suscrita advierte que no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Artículo. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se citan a continuación: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. [.] Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refiere el artículo 4, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Se autoriza a la parte quejosa el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, con el usuario ***. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular del órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
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