Martin Pérez Zavaleta

Expediente 312/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
312/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Martin Pérez Zavaleta

Actuaciones

  1. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de depuración y/o destrucción. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ----Acto que se reclama. La ilegal orden de aprehensión y/o comparecencia así como su ejecución. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo transgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En el caso, según se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, la demanda fue recibida en forma electrónica, es decir, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que no es susceptible de estamparse una firma autógrafa. De modo que la manera de firmar este documento, es empleando la firma electrónica, y la que aparece estampada con la criptografía no corresponde a la del quejoso ******************** (quien dijo promover por propio derecho), sino a la de una diversa persona llamada******************** (quien figura como autorizado según el ocurso de demanda). Así, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que, de la demanda, se observa que carece de firma electrónica del quejoso, pues la firma plasmada pertenece a una diversa persona llamada********************, por lo que no puede considerarse que la parte impetrante externó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. En tales condiciones, la demanda que dio origen al presente juicio es improcedente, pues tal deficiencia (falta de firma electrónica de quien promueve directamente), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Sin que sea impedimento a lo anterior, que el ocurso contenga la firma electrónica de una persona que figura como autorizado, y que aparentemente, en éste se haya plasmado una firma autógrafa, pues sin el original de la firma autógrafa o electrónica del interesado, no puede sostenerse su voluntad de forma fehaciente para promover la acción, por lo que no hay instancia de parte y, consecuentemente, el suscrito cuenta con facultad para desechar de plano la demanda. ---- De ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo expresamente. Autorizados Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual en su momento será localizada, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato. VI. Copias y reproducción de constancias.--- VII. Habilitación de días y horas.--- VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Copias y reproducción de constancias.----hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

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