Martín Pérez Xochitiotzi

Expediente 1059/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 57 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2021
Año
2021
Actuaciones
57
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Martín Pérez Xochitiotzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Devuélvase al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la copia certificada del expediente ********************, copia certificada del incidente de disminución de pensión alimenticia e incidente de cancelación de pensión que remitió mediante oficio 2375 presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno y 150 presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ordenándose dar vista de manera electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin embargo, toda vez que mediante oficio número DTLAX/041/2023 de fecha once de enero del año en curso, se tuvo al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala, informando que a partir de esa fecha el Licenciado Cesar Aguilar García, Agente del Ministerio Público de la Federación, se haría cargo de las diligencias de este Juzgado; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo, para el único efecto de notificar vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado vía electrónica al usuario ******************** Por lo que, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice el registro correspondiente y para que se le notifique por dicha vía. Por lo tanto, se instruye al Actuario Judicial a fin de que proceda a realizar la notificación del proveído de dieciocho de enero del año en curso, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado vía electrónica al usuario ******************** Notifíquese; y electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con anexo que al mismo acompaña en copia certificada; en atención a su contenido, se tiene al mismo dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de once de enero del presente año, para los efectos legales procedentes; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas por la responsable, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo del presente expediente identificado con el número II. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte una causal de improcedencia notoria y manifiesta lo que hace procedente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. En efecto, tomando en consideración que la demanda de amparo es un todo, es el caso de tener como actos reclamados la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito. El ahora quejoso en el referido escrito, solicitó: "(.) que por medio del presente escrito, vengo a nombrar como mis nuevos defensores a los licenciados en Derecho Oscar Méndez Saldaña con número de cédula 5291574 y Sergio Nava Águila con número de cédula 9677137, indistintamente, solicitando se revoquen todos y cada uno de los nombramientos realizados con anterioridad, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones todo tipo de notificaciones el ubicado en Jesús Carranza, número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban, así como para interponerse a los autos a los profesionistas anteriormente mencionados, lo anterior para los efectos legales correspondientes (.)". (foja 11). De las constancias remitidas por la autoridad a las que se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el hoy quejoso mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó lo siguiente: "(.) 1. En primer término vengo a nombrar como mis nuevos defensores a los licenciados en Derecho Oscar Méndez Saldaña con número de cédula 5291574 y Sergio Nava Águila con número de cédula 9677137, indistintamente, solicitando se revoquen todos y cada uno de los nombramientos realizados con anterioridad, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Jesús Carranza, número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban, así como para interponerse a los autos a los profesionistas anteriormente mencionados, lo anterior para los efectos legales correspondientes (.)". (foja 32 del tomo II de prueba). El juez responsable, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, acordó el escrito antes mencionado, en lo conducente, en los siguientes términos: "(.) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 82, fracción IV, 93, 96 y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tlaxcala, téngase por señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Jesús Carranza número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Cent ro de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, autorizando para recibirlas a los profesionistas que indica; (.)". Dicho proveído le fue notificado al quejoso el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. De lo anterior, la suscrita advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito, mediante el cual solicitó se le tuviera nombrando como nuevos defensores a los licenciados Oscar Méndez Saldaña y Sergio Nava Águila y como nuevo domicilio el ubicado en Jesús Carranza número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, y si bien es verdad que dicho escrito aún no se encuentra acordado, lo cierto es que el juez responsable, mediante diverso proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en atención a diverso escrito del quejoso, tuvo al hoy quejoso por autorizados a los abogados mencionados, y como domicilio el antes referido; de ahí que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es, la omisión de acordar el escrito respecto de la petición en cuestión; dicha situación no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haberse acordado favorable el nombramiento de los abogados y el domicilio para oír y recibir notificaciones; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En las relacionadas condiciones, es evidente que en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo antes acordado se dejan sin efectos la fecha y hora establecidas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con anexo que al mismo acompaña en copia certificada; en atención a su contenido, se tiene al mismo dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de once de enero del presente año, para los efectos legales procedentes; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas por la responsable, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo del presente expediente identificado con el número II. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte una causal de improcedencia notoria y manifiesta lo que hace procedente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. En efecto, tomando en consideración que la demanda de amparo es un todo, es el caso de tener como actos reclamados la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito. El ahora quejoso en el referido escrito, solicitó: "(.) que por medio del presente escrito, vengo a nombrar como mis nuevos defensores a los licenciados en Derecho Oscar Méndez Saldaña con número de cédula 5291574 y Sergio Nava Águila con número de cédula 9677137, indistintamente, solicitando se revoquen todos y cada uno de los nombramientos realizados con anterioridad, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones todo tipo de notificaciones el ubicado en Jesús Carranza, número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban, así como para interponerse a los autos a los profesionistas anteriormente mencionados, lo anterior para los efectos legales correspondientes (.)". (foja 11). De las constancias remitidas por la autoridad a las que se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el hoy quejoso mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó lo siguiente: "(.) 1. En primer término vengo a nombrar como mis nuevos defensores a los licenciados en Derecho Oscar Méndez Saldaña con número de cédula 5291574 y Sergio Nava Águila con número de cédula 9677137, indistintamente, solicitando se revoquen todos y cada uno de los nombramientos realizados con anterioridad, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Jesús Carranza, número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban, así como para interponerse a los autos a los profesionistas anteriormente mencionados, lo anterior para los efectos legales correspondientes (.)". (foja 32 del tomo II de prueba). El juez responsable, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, acordó el escrito antes mencionado, en lo conducente, en los siguientes términos: "(.) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 82, fracción IV, 93, 96 y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tlaxcala, téngase por señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Jesús Carranza número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Cent ro de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, autorizando para recibirlas a los profesionistas que indica; (.)". Dicho proveído le fue notificado al quejoso el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. De lo anterior, la suscrita advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la omisión de notificar el acuerdo recaído a dicho escrito, mediante el cual solicitó se le tuviera nombrando como nuevos defensores a los licenciados Oscar Méndez Saldaña y Sergio Nava Águila y como nuevo domicilio el ubicado en Jesús Carranza número trescientos dos guión "A" (302-A), Colonia Centro de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, y si bien es verdad que dicho escrito aún no se encuentra acordado, lo cierto es que el juez responsable, mediante diverso proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en atención a diverso escrito del quejoso, tuvo al hoy quejoso por autorizados a los abogados mencionados, y como domicilio el antes referido; de ahí que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es, la omisión de acordar el escrito respecto de la petición en cuestión; dicha situación no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haberse acordado favorable el nombramiento de los abogados y el domicilio para oír y recibir notificaciones; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En las relacionadas condiciones, es evidente que en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo antes acordado se dejan sin efectos la fecha y hora establecidas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y, a fin de integrar debidamente la presente litis y estar en condiciones de resolver con la totalidad de constancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias que integran el incidente de cancelación de pensión alimenticia 798/2004, a partir del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a la fecha; o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Se apercibe a la citada autoridad que de no hacerlo, se le sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el 259, de la ley de la materia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

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