Martín Pérez Molina
Expediente 501/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Martín Pérez Molina
Actuaciones
- Principal
PRAL.501/2018-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil dieciocho. 1. Firmeza de la falta de presentación de la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso -fojas 29 a 34-, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. En virtud de que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y toda vez que en este fecha, ha quedado firme tal determinación; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. 5. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.501/2018-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo electrónica, recibida el diecisiete de este mes en el sistema de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional por la misma vía el dieciocho siguiente, promovida por Martín Pérez Molina, por propio derecho, contra actos del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 501/2018. Integración del expediente (instrucción al ( a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento. Causal de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" . Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio por consentimiento tácito de los actos reclamados, que se traduce en la promoción extemporánea de la demanda de amparo; causal que se relaciona con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. El segundo numeral establece tres hipótesis a partir de las cuales debe computarse el plazo de quince días para promover el juicio de amparo; esto es, a partir del día siguiente a que: a) Surta efectos la notificación de la resolución que se reclama. b) El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto impugnado o de su ejecución. Es importante destacar que el inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente a que se actualice cualquiera de esas hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación. Naturaleza de la norma impugnada. El quejoso Martín Pérez Molina reclama como acto destacado el artículo 36 de la Ley Estatal de Derechos, que faculta el cobro por arrastre de vehículos -foja 4-; así como su aplicación. Dicho precepto dispone: Artículo 36. Las personas físicas, morales o unidades económicas, causarán y pagarán derechos, conforme a los conceptos y cuotas siguientes: . IV Por arrastre de automóvil o camioneta dentro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. V Por arrastre de camión o autobús dentro de la ciudad de Oaxaca de Juárez: VI Por arrastre fuera del perímetro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por cada kilómetro. . De ahí que sea necesario identificar si la norma impugnada, desde el punto de vista de la teoría de la individualización -desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, es autoaplicativa o heteroaplicativa. Bajo ese enfoque, es pertinente destacar que al tenor de la citada teoría, una norma autoaplicativa es aquella que trasciende directamente en la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto; es decir, las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, sin necesidad de que una autoridad ejecute un acto tendente a cumplirla. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 55/97, de rubro y texto: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En el caso, de la demanda de amparo, como se indicó, se advierte que el quejoso Martín Pérez Molina reclama como acto destacado el artículo 36 de la Ley Estatal de Derechos, que faculta el cobro por arrastre de vehículos, así como su aplicación que se traduce en el exceso o indebido cobro de tarifas no contempladas por el encierro, depósito o arrastre de su unidad de motor (motocicleta marca italika, con número de placas HAN61 -foja 06-). Dicha norma adquiere el carácter de heteroaplicativa, pues tiene aplicación siempre y cuando se cobre al particular el derecho de arrastre de un vehículo, motivo por el cual el plazo para impugnarla, vía amparo indirecto, es de quince días, pues no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. Caso concreto. Martín Pérez Molina, bajo protesta de decir verdad, en el apartado denominado "fecha de notificación del acto reclamado" manifiesta que el veintitrés de abril del año en curso tuvo conocimiento de la factura 720, expedida por Servicios de Grúas Providencia, en la cual se le realiza el cobro por la cantidad de $1,322.40 (mil trescientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional), por concepto de traslado de la unidad motor de Sebastopol al Corralón -fojas 5 y 23-. De lo anterior, se advierte que se actualiza el segundo supuesto, previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, pues el referido quejoso tuvo conocimiento del cobro por el traslado de su vehículo (motocicleta marca italika, con número de placas HAN61 -foja 06-), el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días que tenía para presentar la demanda de amparo transcurrió del veinticuatro del abril último al quince de este mes; con excepción de los días veintiocho y veintinueve de abril último, uno, cinco, seis, doce y trece del actual por ser inhábiles. Determinación. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de cuenta, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia, pues el quejoso no la promovió dentro del plazo de quince días establecido por el legislador para ello. Por las razones que contienen, sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Precisión. Sin que pase desapercibido el hecho de que quejoso impugna el artículo 36 de la Ley Estatal de Derechos que faculta el cobro por arrastre de vehículos, lo que podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha ley fue abrogada mediante decreto 779, publicado en el periódico oficial el 20 de diciembre de 2017. Sin embargo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (extemporaneidad), es de estudio preferente; por lo que ningún fin práctico tiene analizar la cesación de efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.P.255 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías. Consulta y notificación vía electrónica. Ahora, en relación a la petición formulada por el quejoso, relativa a que se le autorice el uso de la consulta vía internet del expediente electrónico dentro de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; se tiene a Martín Pérez Molina por autorizado para accesar al expediente electrónico 501/2018, con nombre de usuario "Justicia", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, para que en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, por ese medio, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Martín Madrigal Casares y Otros.672/2017
- Martín Martínez Flores444/2021
- Martín Martínez Morales423/2017
- Martín Martínez Sánchez868/2022
- Martín Pedro Gámez Hernández754/2017
- Martín Pedro Reyes974/2022
- Martín Ramírez Hernández598/2023
- Martín Rigoberto Castellanos Vargas615/2022
- Martín Rigoberto Castellanos Vargas1261/2021
- Martín Rigoberto Castellanos Vargas139/2023
- Martin Salvador García823/2020
- Martín Sánchez Santiago1311/2022