Martín Ortiz Sánchez
Expediente 53/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 31 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Martín Ortiz Sánchez
- Ma. Guadalupe Cerna Villanueva
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo
- Abenamar Montaño Sánchez
- Ayuntamiento Constitucional de Atitalaquia, Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto; se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, seis de marzo de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio de cuenta, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de lo que refiere y estese a lo acordado en proveído que antecede. Finalmente, devuélvase el expediente en que se actúa al archivo. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que mediante oficio 1665, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ejecutoria de dos de febrero pasado, juicio de amparo indirecto 1084/2021-III-B y un anexo, tal como se advierte de la constancia de notificación agregada a foja 66 del presente asunto. Luego, al haberse confirmado la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado; y al no existir documento original que devolver ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14 y 18, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos de artículo 15 del acuerdo citado; en consecuencia, consérvese el escrito de agravios y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que obra a foja 99 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; desahogando tal vista solo el quejoso, mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Martín Ortiz Sánchez, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal de carácter Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 268/2021 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca penal 268/2021, de su índice. b) Previo a dictar nueva sentencia, de acuerdo a los lineamientos de esta ejecutoria, deberá fijar día y hora para la celebración de la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) Abierta la audiencia y llevada a cabo en términos legales, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, deberá emitir la sentencia de segundo grado que corresponda, ya sea que lo haga en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes al de su celebración, para lo cual deberá citar a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Derivado de lo anterior, se remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable (Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo), para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado. En observancia al fallo protector, la autoridad responsable remitió diversas copias certificadas, un CD y la sentencia dictada en cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la responsable: I. Por acuerdo dictado el dos de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia reclamada (la de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno), señaló día y hora para la celebración de la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y citó a las partes para la emisión de la sentencia correspondiente, de conformidad con lo previsto en el numeral 477 del referido código [Cumplimiento de los lineamientos "a)", "b)" y "c)"]. II. El doce de enero de dos mil veintitrés, a las catorce horas treinta minutos, se llevó a cabo la audiencia prevista en el citado el artículo 478, en la que entre diversas cuestiones, se estableció lo siguiente [Cumplimiento del lineamiento "c"]: "[.] 15:00 horas. La Magistrada señala que, la sentencia sería emitida dentro de los 03 días siguientes de conformidad con el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales [...]". III. Finalmente, el trece de enero de dos mil veintitrés, con libertad de jurisdicción, la Sala responsable dictó sentencia en la que declaró infundados lo agravios expresados; confirmó el auto de vinculación a proceso y sobreseimiento, dictado dentro de la continuación de audiencia inicial de 14 de septiembre de dos mil veintiuno, por la Jueza Penal de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado en materia Penal de carácter acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, lo cual plasmó en los resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria de fecha 17 de noviembre de 2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo 53/2022 de su índice administrativo; la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal de carácter acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante acuerdo de fecha 02 de diciembre de 2022, procedió a dejar INSUBSISTENTE Y SIN EFECTOS la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2021, dentro del presente toca penal 268/2021, misma que constituyó el acto reclamado en el citado juicio constitucional, llevándose a cabo la audiencia respectiva el 12 de enero de 2023, en la que se determinó dictar sentencia, por escrito, durante los tres días siguientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo procedente pronunciar una NUEVA RESOLUCIÓN en esta fecha. SEGUNDO. Con base en los argumentos vertidos en la presente resolución, considero que los agravios vertidos por la víctima Martín Ortiz Sánchez, resultan INFUNDADOS. TERCERO. En consecuencia al punto que antecede, se CONFIRMA el AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO Y SOBRESEIMIENTO, dictado dentro de la continuación de audiencia inicial de fecha 14 de septiembre de 2021, por la Juez Penal de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado en materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo. CUARTO. En virtud de que la presente resolución es una sentencia definitiva, procede la elaboración de su versión pública, con la salvaguarda debida de los datos personales, en términos del considerando VII de la presente resolución. QUINTO. Con testimonio debidamente autorizado de esta resolución, hágase del conocimiento del Juzgado de origen su contenido; igualmente, devuélvanse los discos versátiles digitales y las constancias de la causa penal que se enviaron para el estudio y resolución de este recurso de apelación. SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente concluido. SÉPTIMO. Notifíquese y cúmplase.". Desahogo de vista de la parte quejosa. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el impetrante manifestó: "Que estando en tiempo y forma vengo a dar contestación a la vista que me fue hecha mediante auto de fecha 16 de enero de 2023, para lo cual alego el defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo anterior en virtud de que me fue concedido el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que: "A) Deje insubsistente la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca penal 268/2021, de su índice. B) Previo a dictar nueva sentencia, de acuerdo a los lineamientos de esta ejecutoria, deberá fijar día y hora para la celebración de la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales C) Abierta la audiencia y llevada a cabo en términos legales, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, deberá emitir la sentencia de segundo grado que corresponda, ya sea que lo haga en propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes al de su celebración, para lo cual deberá citar a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales", en primer término la responsable dio cumplimiento al punto marcado como inciso A), al dejar insubsistente la resolución dictada el 23 de noviembre de 2021, por lo que hace al inciso B) de igual manera dio cumplimiento al mismo ya que fuimos citados el día 12 de enero de 2023 a efecto de llevar a cabo la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo la autoridad responsable no se hizo cargo de dar cumplimiento al inciso marcado como C), en el cual, este órgano colegiado concede el amparo y protección de la justicia federal para que se emita una nueva resolución de manera fundada y motivada, situación que no aconteció, ya que de la lectura de la nueva solución se denota que la misma es una transcripción de la anterior resolución y la que fue acto reclamado del presente juicio de amparo, dicha resolución carece de la debida fundamentación y motivación tal y como lo he hecho valer en mis conceptos de violación y los cuales se encuentran en mi escrito inicial, primeramente porque la responsable no se hace cargo de los agravios del suscrito, ya que de la lectura de la nueva resolución que fue dictada se puede denotar que lo reduce a un solo párrafo a expresar porque a su opinión son infundados los agravios vertidos, situación que no me da certeza jurídica alguna ya que no existe la motivación suficiente para llegar a la determinación de que el hecho con apariencia de delito no aconteció. En este orden de ideas, es importante manifestar que la nueva resolución que la responsable dicta, dentro del toca 489/2021 viola en mi perjuicio lo consagrado en el artículo 16 constitucional al carecer de una debida fundamentación y motivación, la sentencia que hoy se recurre además de lo anterior viola el principio de congruencia, además no se hace cargo de los agravios expresados por el suscrito, pues se limita prácticamente a calcar la resolución de la primera instancia sin realizar una metodología en su argumentación jurídica en la cual explique al hoy quejoso el motivo de los infundados de sus agravios, la sentencia es incongruente ya que en primer término menciona "los datos de prueba aportados por la fiscalía, en opinión de quien resuelve, son insuficientes, aun para la etapa procesal que se revisa, para tener la sospecha razonable de que esto aconteció", en primer término observamos que el ad quem basa su resolución en un mera opinión, no así en un juicio y en una resolución, ya que como se observa el primer agravio se combate el hecho de que si existen los requisitos establecidos por el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dicho argumento va encaminado a señalar en basta con que exista un hecho con apariencia de delito y la probable intervención de la persona en contra de quien se sigue a investigación, argumentando que estos requisitos se encuentran colmados por las razones hechas valer vía agravio, además de que a consideración del hoy quejoso el a quo se sobre excedió en sus facultades, en este sentido el a quem no explica por qué los medios de prueba aportados por la defensa le causan convicción de que el hecho no existió pero más allá de ello y más relevante aún resulta que no explica ni de manera indiciaria porque los medios de prueba aportados por la representación social son insuficientes para acreditar la probabilidad de un hecho con apariencia de delito, de igual manera, aquí encontramos que se viola el principio de congruencia, pues señala en la resolución que no basta únicamente con que sea el propietario del inmueble, sino que también se debe perturbar la posesión del mismo, además señala que cualquier dato de prueba aportado por la representación social le resulta insuficiente, sin explicar con argumentación jurídica, cual es la razón de que las pruebas aportadas por el fiscal no le generaren la certeza de que el hecho no sucedió, señala el ad quem que de la entrevista de la víctima y sus ampliaciones no se desprende de manera clara la posesión sobre el bien inmueble y de manera incongruente en el párrafo siguiente menciona que la madre de la víctima le donó al hoy quejoso el inmueble en fecha 06 de octubre de 2017, que siempre ha vivido ahí, hizo actos de posesión y que se vio interrumpida porque su hermano metió automóviles, contrariando todo lo afirmado en su resolución en el párrafo siguiente diciendo que si observa un indicio sobre la posesión continua siendo incongruente el juzgador en el siguiente párrafo al mencionar que tampoco se relaciona con otro dato de prueba lo narrado por el hoy quejoso, sin embargo después de realizar tal aseveración procede a mencionar que existen entrevistas de Antonia Sánchez Islas que menciona realizar la donación a favor del hoy quejoso, de igual manera procede a mencionar que María Fabiola Omaña Rocha realiza una manifestación en sentido similar, datos de prueba mencionados por el juez vagamente y de los cuales no explica cuál es el motivo por el que dichos actos de investigación serían insuficientes para acreditar que el hecho no ocurrió, pues con el mismo argumento en que el ad quem sostiene lo infundado de mi agravio, en esta instancia se sostiene lo infundado de la resolución al omitir el juzgador de segunda instancia explicar porque en una etapa procesal tan temprana como lo es la audiencia inicial resultan insuficientes los datos de prueba aportados para señalar que existe un hecho señalado como delito, el juzgador tendría que haber explicado con toda precisión al hoy quejoso como es que estos datos de prueba son insuficientes para acreditar un probable hecho constitutivo de delito, por lo que se considera que la resolución no reúne las condiciones mínimas para encontrar que se encuentra debidamente fundada y motivada ya que el juzgador no se hace cargo de los agravios y simplifica su resolución a una mera transcripción y opinión de lo resuelto por la primera instancia. Además resultando absurdo que pretendan manifestar que existían actos posesorios con anterioridad a la donación realizada por Antonia Sánchez Islas a favor del quejoso, pues es sabido que de ninguna manera se adquieren derechos de prescripción positiva adquisitiva en contra de ascendientes en línea recta por lo que resulta totalmente infundado que el ad quem pretenda manifestar que existen indicios de posesión en contra de la madre del imputado Sergio Ortiz Sánchez, siendo también infundado que se pretenda sostener que un título justificativo de la propiedad no es suficiente para acreditar que es ajeno el inmueble al imputado, además de que la contestación de los siguientes agravios vertidos por el hoy quejoso el juzgador se limita a explicar lo infundado de los mismos únicamente con un párrafo lo que de ninguna manera puede brindar certeza jurídica la hoy quejoso.". No obstante, es palmario que tales señalamientos involucran temas de fondo no fueron materia de la concesión del amparo, es decir, en tales argumentos se alegan aspectos de legalidad del fallo que se analiza, que no pueden ser materia de estudio en la presente resolución; esto es, dichos alegatos no conciernen al exceso o el defecto en el cumplimiento dado por la autoridad del conocimiento a los lineamientos del fallo protector, sino a cuestiones de fondo que no fueron materia de estudio en la ejecutoria, las cuales, en todo caso, sólo pueden ser objeto de combate en un nuevo juicio de amparo. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196, párrafos segundo y tercero y 214 de la Ley de Amparo, ordenar el archivo del asunto como total y definitivamente concluido."
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