Martín Ortíz Rojas

Expediente 523/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 5 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
523/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
05/04/2017

Partes del expediente

  • Martín Ortíz Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y, atento su contenido, se procede a precisar los alcances y efectos de la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, mediante interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil quince, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva en los términos y para el efecto siguiente: "..la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. (.) Ahora bien, debe tomarse en consideración que existe una normatividad complementaria que atañe a aspectos específicos, derivados de las disposiciones materia de los razonamientos que anteceden, como parte de la cual se integra incluso, entre otras, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, y que resulta trascendente respecto de esta resolución porque de un modo u otro obligan al contribuyente a sujetarse al sistema denominado buzón tributario, así como a las denominadas contabilidad electrónica, en sus diversos aspectos inherentes tanto al registro como a la remisión, y revisión electrónica; por tanto, la conclusión alcanzada comprende también a esas diversas disposiciones que en uno u otro aspecto, inciden en la situación jurídico tributaria de la parte quejosa en relación con la obligación de registrar y enviar mensualmente su información contable por medios electrónicos, particularmente a través del buzón tributario y, por tanto, deben seguir la misma suerte que las disposiciones complementadas. Considerarlo de otro modo implicaría dejar sin materia el juicio de amparo, particularmente si se considera que expresa o implícitamente involucra lo relativo a buzón tributario, registro electrónico de contabilidad, remisión de la contabilidad a través del buzón tributario, revisión electrónica y preliquidación, por lo que, excluir de los alcances y efectos de la medida cautelar cualquiera de esos rubros, conllevaría inevitablemente la sujeción del contribuyente quejoso a la regulación inherente a todos los demás y, consecuentemente, a dejar sin materia el juicio de garantías. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 148 y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y por tanto, las disposiciones reclamadas no surtan sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del asunto del que deriva este incidente de suspensión." Al respecto, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica y para efectos de precisar el cumplimiento que debe dar la autoridad fiscal a la medida cautelar otorgada, se señala que, tal como se desprende del texto y el contexto de la resolución interloculoria de referencia, el alcance y efecto relativo consiste en eximir a la quejosa de ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; así como también de que la autoridad hacendaria se abstenga de notificar a la parte quejosa cualquier acto o resolución administrativa por conducto del Buzón Tributario. En el entendido de que el referido medio de comunicación denominado buzón tributario quedará habilitado para todas aquellas otras operaciones diversas a la precisada con antelación, que realiza la quejosa, es decir, que la suspensión concedida no implica la inhabilitación total de dicho buzón, ya que no es ese el efecto ni alcance determinado. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida; en los términos antes explicados. Se apercibe al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede dentro del plazo señalado para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259 Ley de Amparo; por lo que una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Notifíquese y expídase a la parte quejosa copia del presente auto.

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