Martín Ortega Zavala

Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
524/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Martín Ortega Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Martin Ortega Zavala, hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticinco de abril del año en curso, se tuvo como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones a la parte quejosa el ubicado en ********************mismo que se encuentra fuera de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de veinticinco de abril del año que transcurre, la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto la parte quejosa señale diverso domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y, por lista el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés al quejoso ********************. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. ( Radicación demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio 12722/2023, signado por la Secretaria de este órgano jurisdiccional, el cual contiene el auto inserto de veinte de abril del año que transcurre, dictado en autos del diverso juicio de amparo 369/2023-II, por el cual se anexa el escrito de ampliación de demanda promovida por Martin Ortega Zavala, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 524/2023-II. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa Martin Ortega Zavala, reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: Desechamiento de demanda. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, dado que el acto reclamado no es de imposible reparación, por las siguientes consideraciones. En los artículos enunciados se establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que los quejosos no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estarán en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial; también son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso tilda de inconstitucional la resolución de siete de marzo del año en curso, dictado en la causa judicial 161/2021, del índice del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, en el cual se resolvió no excluir el medio de prueba consistente en el dictamen pericial de necropsia en materia de medica legal. Sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales. Encuentra sustento a lo anterior, la tesis XI.P.12 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2012689, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materias Común y Penal, página 2632, que dice: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano". Por otra parte, respecto a que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual o inminente; en oposición a especulativa y contingente, se estima que se actualizaría hasta el dictado de la sentencia definitiva o la resolución que le ponga fin, lo que no generaría una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, porque se les considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. Sostiene lo anterior, la tesis 1a. XXV/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Registro digital: 2024865, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL. LA POSIBILIDAD DE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE PONEN DE MANIFIESTO COMO CONSECUENCIA DEL DEBATE ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, NO CONSTITUYE UNA INTROMISIÓN EN EL ACTUAR DE LOS JUZGADORES QUE INTERVINIERON EN FASES ANTERIORES Hechos: El quejoso -de origen guatemalteco- fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la posibilidad de analizar en amparo directo las violaciones procesales contenidas en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, cuando se ponen de manifiesto sólo como consecuencia del debate acontecido en la audiencia de juicio oral, no debe entenderse como una forma de intromisión en el actuar de los juzgadores que intervinieron durante una etapa anterior. Justificación: Como lo sostuvo esta Primera Sala al fallar el amparo directo en revisión 669/2015, la organización del modelo acusatorio por etapas tiene una racionalidad específica: busca que cada una de ellas cumpla una función de depuración respecto a la subsecuente, de tal forma que el juicio fluya dinámicamente, de manera continua, sin tropiezos constantes que requieran reponer el proceso una y otra vez hasta las primeras fases. Sin embargo, de ello no se sigue que la doctrina de cierre de etapas haya buscado generar compuertas perfectamente herméticas que siempre impidan, en términos categóricos, debatir sobre lo sucedido en etapas preliminares, especialmente si lo acontecido ahí es relevante para la demostración de la argumentación integral del caso. La introducción de ese debate es perfectamente posible y connatural a la lógica del sistema acusatorio, siempre que el punto a dilucidar verse sobre el camino de la prueba y demuestre ser relevante para la teoría del caso que se pretende argumentar. Además, no se desconoce que, idealmente, es el Juez de Control quien opera como garantía orgánica o principal guardián de derechos en las primeras fases del proceso penal y quien debe decidir razonadamente qué pruebas merecen ser admitidas a juicio. Su misión es depurar y preparar el juicio para que, llegada la fase protagónica del proceso, el debate pueda fluir y no quedar entorpecido. Sin embargo, ese objetivo de ninguna manera puede obstruir la posibilidad de que la dinámica de la audiencia genere debate sobre la obtención de los medios de prueba que atañen a etapas previas y que se vinculan con el argumento global de las partes. Esto obedece a que resulta perfectamente normal que en la audiencia de juicio oral surjan planteamientos de carácter constitucional, pues -por la manera en que los principios de debido proceso irradian en las instancias ordinarias- el material probatorio siempre admite ser cuestionado a partir de argumentos sobre ilicitud de la prueba por violaciones a derechos humanos". Asimismo, la tesis 1a. XXIV/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Registro digital: 2024866, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El quejoso -de origen guatemalteco- fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que es legítimo el propósito del legislador al permitir, en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, que en amparo directo se estudien violaciones originadas en etapas previas a la de juicio oral. Sin embargo, las fracciones respectivas deben ser interpretadas en el sentido de que tales violaciones pueden ser materia de análisis siempre y cuando sean motivo de debate, por virtud de que alguno de los sujetos intervinientes en la audiencia de juicio oral incorpore información al respecto y, por tanto, eso genere contradicción entre las partes. Justificación: El artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo debe tener plena eficacia, sin embargo, es necesario precisar su correcto alcance. Considerando que los efectos y las consecuencias de ciertas violaciones ocurridas en fases preliminares naturalmente admiten ser enlazadas con los argumentos centrales de las partes, y que éstos sólo pueden manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa de juicio oral, se debe reconocer lo siguiente: a) La posibilidad de introducir alegatos sobre violaciones procesales suscitadas en fases previas no sólo está permitida, sino que es perfectamente connatural a la lógica de todo sistema acusatorio que genuinamente aspire a colmar el principio contradictorio; y, b) Cuando eso ocurra, esto es, cuando la valoración probatoria discutida en la audiencia de juicio oral se relacione con argumentos sobre violaciones cometidas en etapas previas, entonces, ese debate y la determinación judicial tomada al respecto, válidamente podrán integrar la materia de análisis en el juicio del amparo directo. Así, se mantiene la conclusión alcanzada en el amparo directo en revisión 669/2015, en el sentido de que en amparo directo sólo puede ser objeto de revisión una violación que se materializa durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Sin embargo, se debe entender que esa posibilidad de materialización no impide que la violación se haya originado en fases previas, pues una infracción procesal puede ocurrir en fase de investigación o en etapa intermedia, y aun así sólo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral. Cuando se dan estas condiciones, el juzgador de amparo no busca una calificación de invalidez o validez en sus propios méritos, sino analizar si la ilicitud de cierto acto tuvo un impacto en el material probatorio exhibido y argumentado por las partes. Ésta es, precisamente, la representación más lógica y natural de una violación que ha trascendido al resultado del fallo -fórmula que siempre ha definido la materia de un juicio de amparo directo-. De igual manera la tesis 1a. XXIII/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Registro digital: 2024867, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES ORIGINADAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER ANALIZADAS EN AMPARO DIRECTO. DESARROLLO Y ACLARACIÓN DE LA DOCTRINA REFLEJADA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 669/2015. Hechos: El quejoso -de origen guatemalteco- fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que como es propio de cualquier precedente novedoso de importancia, los primeros años de vida del amparo directo en revisión 669/2015 demuestran que aún es necesario terminar de explorar sus alcances y aclarar sus condiciones de aplicación. Esto conduce a afirmar que si una violación procesal se origina en una etapa previa a la audiencia de juicio oral, pero sus efectos perduran por haber producido pruebas que se consideran ilícitas (y esa ilicitud sólo ha podido ser argumentada a la luz del material probatorio sometido al escrutinio recíproco de las partes, propio de la audiencia de juicio oral), entonces es perfectamente posible examinarla en esta etapa y, consecuentemente, también en el juicio de amparo directo. Justificación: La necesidad de aclarar los límites de nuestra doctrina sobre cierre de etapas procesales surge al reconocer un hecho innegable: en ocasiones, ciertas violaciones procesales, ocurridas en fases previas a la audiencia de juicio oral, impactan de manera continua en las etapas sucesivas del proceso penal y se ponen en evidencia de manera cabal hasta ese momento. Cuando eso ocurre, tales violaciones deben entenderse susceptibles de discusión y refutación en la audiencia de juicio oral, escenario único que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizan para el libre intercambio de argumentos entre las partes en confronta. Es en este momento cuando, por primera vez, ellas están en condiciones de realmente argumentar sustancialmente su teoría del caso. Si algo caracteriza al sistema acusatorio es precisamente esta oportunidad única de contienda abierta, de exposición argumentativa, de crítica recíproca, siempre expuesta a la luz pública. Reconocer las finalidades que persigue esta particular forma de interacción oral y pública entre las partes, deja claro por qué la información que fluye de la misma (a propósito de los interrogatorios y contrainterrogatorios que deben poderse formular) siempre es capaz de arrojar luz sobre la obtención de los medios de prueba -sobre todo si éstos son tildados inválidos por devenir de violaciones procesales-. La audiencia oral no tendría cualidades epistémicas (es decir, no permitiría conocer la verdad) si no admitiera a las partes exhibir con amplitud y flexibilidad argumentos dirigidos a evidenciar alguna forma de indefensión durante el proceso. Por ello, ciertos aspectos sobre lo ocurrido en fases preliminares admiten, por lógica, ser introducidos al debate de la audiencia, lo cual surge con motivo de la información que los órganos de prueba producen y que, por tanto, da pie a interrogatorios o contrainterrogatorios encaminados a proveer al Tribunal de Enjuiciamiento de elementos para dilucidar si la prueba fue obtenida lícitamente". En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Solicita uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Resguardo de disco versátil digital (DVD) Por otra parte, a fin de tener un mejor manejo y seguridad del DVD que exhibe la parte quejosa como anexo al escrito de demanda de amparo que se atiende, se ordena que sea resguardado en la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

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