Martín Ortega Gómez
Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martín Ortega Gómez
Actuaciones
- Principal
... se advierte que transcurrió el término previsto... para interponer recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
*** promueve juicio de amparo... se concluye que la demanda de amparo es improcedente debido a que la fiscalía responsable únicamente actúa en el ámbito de sus atribuciones legales, ya que en dicha fase procedimental no se irroga perjuicio alguno al quejoso, pues en su caso, la afectación se materializaría hasta que la fiscalía ponga a disposición del juez de control al imputado y éste determine si resulta procedente o no vincularlo a proceso; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es decir, la citación de la persona investigada dentro de una carpeta de investigación, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere la presencia de aquél para el esclarecimiento de los hechos que podrían constituir un delito... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda... se faculta como su autorizado... a ***... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Fiscalía Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 434/2019. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otro lado, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo determina que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo sólo es procedente si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme con lo establecido en el artículo 107 Constitucional, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. Es decir, dicho agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; pues si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese sentido, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 Constitucional, esto es, cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el procedimiento penal está integrado por tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y: b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En otro orden, los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito; asimismo, que si el Ministerio Público manifiesta interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de Control que lo cite en libertad y señalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. Por su parte, el artículo 307 del código referido dispone que en la audiencia inicial: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no se le hubieren informado con anterioridad. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La citación de treinta de abril de dos mil diecinueve, girada por la Fiscalía Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en esta ciudad, en la carpeta de investigación ***. Cabe señalar, que dicha citación se realizó para que el promovente se constituya en las instalaciones de la fiscalía responsable el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que se lleve a cabo una entrevista relativa a los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación en cita, donde el promovente tiene el carácter de denunciado por el delito de ***; asimismo, se apercibe con multa de veinte a mil días de salario, en caso de no comparecer. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye que la demanda de amparo es improcedente debido a que la fiscalía responsable únicamente actúa en el ámbito de sus atribuciones legales, ya que en dicha fase procedimental no se irroga perjuicio alguno al quejoso, pues en su caso, la afectación se materializaría hasta que la fiscalía ponga a disposición del juez de control al imputado y éste determine si resulta procedente o no vincularlo a proceso; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es decir, la citación de la persona investigada dentro de una carpeta de investigación, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere la presencia de aquél para el esclarecimiento de los hechos que podrían constituir un delito. No obsta a lo anterior el hecho de que lo aperciban con multa como medida de apremio, en caso de no comparecer injustificadamente, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado; de ahí que contra la citación del investigado es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; de igual forma, se faculta en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, al restante profesionista que señala, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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