Martín Omar Bernal Mercado
Expediente 446/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/06/2017
Partes del expediente
- Martín Omar Bernal Mercado
- Luis Fernando De Jesús Sánchez
- Martín Omar Bernal Mercado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 446/2017; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, turnado el mismo día a este juzgado; Martín Omar Bernal Mercado, Luis Fernando de Jesús Sánchez y Rodolfo de Jesús Velázquez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, de quien se reclama: - La omisión de dictar el acuerdo respectivo para remitir la capeta administrativa 13/2017, al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por los quejosos. 2. Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, de quien se reclama: - La notificación del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de apelación referido. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las citadas autoridades responsables al rendir su informe con justificación negaron los actos que se les reclaman, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las copias certificadas que conforman la carpeta administrativa 13/2017, las cuales tienen el valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, toda vez que la procedencia del juicio de control constitucional es de orden público, y por ende, su examen es de carácter preferente. En el caso, se advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo respectivo para remitir la capeta administrativa 13/2017, al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por los quejosos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. En efecto, la porción normativa de referencia es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Sobre este tipo de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se puede actualizar en dos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; caso en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial, y; 2) Cuando ocurre una sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En apoyo a lo expuesto, resultan aplicables las jurisprudencias 2ª./J.59/99 y 2ª./J. 9/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterios que a pesar de que fueron emitidos con la vigencia de la anterior Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que regulan la misma figura jurídica. A consideración de este órgano de control constitucional, en el presente asunto se presenta la primera de esas hipótesis, porque durante el trámite del juicio de amparo, se destruyeron todos los efectos de esa omisión en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares. En efecto, si los quejosos señalaron como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo respectivo para remitir la capeta administrativa 13/2017, al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por los quejosos, y de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto se desprende que mediante auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable precisó que al encontrarse integradas la totalidad de la actuaciones, ordenó remitir el duplicado de la carpeta administrativa 13/2017, junto con los registros de audiencias para substanciar las apelaciones interpuestas contra el auto de vinculación a proceso de doce de enero del año en curso, por ende, es evidente que dicha negativa dejó de surtir efecto legal alguno en la esfera jurídica de los agraviados. Para ilustrar lo anterior, es preciso destacar los siguientes datos que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable: El doce de enero de dos mil diecisiete, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa 14/2017, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Martín Omar Bernal Mercado, Luis Fernando de Jesús Sánchez y Rodolfo de Jesús Velázquez y otros, por el hecho delictivo de robo con modificativa agravante de haberse cometido aprovechando la confusión ocasionada por un desorden, perpetrado en agravio de Coopel, Sociedad Anónima de Capital Variable, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción IV, 290 fracción VI, en relación con los diversos 7, 8 fracciones I y II, y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México. Asimismo, dicha juzgadora declinó competencia a favor del Juzgado de Control de Tenancingo, Estado de México. En desacuerdo con lo anterior, los aquí quejosos interpusieron recurso de apelación. En auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por admitidos dichos medios de impugnación por parte de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. En auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, el Juez de Control de Tenancingo, Estado de México, tuvo por recibida la carpeta administrativa 14/2017, del índice del Juzgado de Control de Toluca, registrándola con el número 13/2017, y en el mismo proveído determinó no aceptar la competencia declinada, por lo que ordenó devolver las constancias a la juzgadora declinante. En auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, sostuvo su falta de competencia para continuar conociendo del asunto, por lo que planteó conflicto competencial ante el tribunal de alzada, tocando conocer del mismo al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, quien mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, declaró la competencia a favor del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. En auto de seis de abril del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, tuvo por presentados los recursos de apelación hechos valer contra el auto de vinculación a proceso de doce de enero del año en curso, ordenado correr traslado con los mismos al Ministerio Público, a la ofendida y a los imputados. Por auto de veintiséis de abril siguiente, el Juez responsable ordenó remitir el duplicado de la carpeta administrativa al tribunal de alzada a efecto de que se substanciaran las apelaciones hechas valer. De los anteriores antecedentes se puede advertir que, aconteció una situación de la que se evidencia que a la fecha en que se emite la presente sentencia, ya no existe la afectación a la esfera jurídica de los quejosos emanada de la omisión reclamada a la autoridad responsable, es decir, cesaron los efectos de ese acto reclamado, y ante ello, el órgano jurisdiccional de amparo está imposibilitado para reparar algún daño a los impetrantes. Lo anterior actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del diverso numeral 63 de esa misma legislación, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo respectivo para remitir la capeta administrativa 13/2017, al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por los quejosos. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado consistente en la notificación del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Los conceptos de violación se contienen en el apartado respectivo, sin que sea necesario reproducirlos, pues no existe precepto legal que lo autorice y, con ello, no se transgrede los principios de congruencia y exhaustividad. En apoyo de lo anterior, se invoca la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, que en su rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los motivos de disentimiento esgrimidos son infundados. En efecto, los solicitantes del amparo reclaman del Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, la notificación del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de apelación que hicieran valer contra del auto de vinculación a proceso de doce de enero del año en curso, sin embargo, señalan en su demanda de amparo que se transgredieron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, sin que les asista razón en lo que alegan; ello es así, pues se advierte que la notificación reclamada, se ciñó al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación. Así es, el acto reclamado antes citado no viola en perjuicio de los quejosos el numeral 14 Constitucional, pues la notificación reclamada no constituye un acto privativo de los que rigen las garantías tuteladas en el citado numeral, habida cuenta que dicha actuación únicamente forma parte de la obligación del Juez de Control de notificar lo que procediere respecto a la notificación del auto en el que se tiene por interpuesta la apelación. De igual manera, en la especie no se advierte transgresión al numeral 16 de la Ley Suprema, puesto que dicha notificación fue ordenada por autoridad competente, como lo es el Juez de Control, y practicada por el funcionario a quien compete realizar dicha notificación (Notificadora); además la finalidad de ésta era hacer del conocimiento de los quejosos el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos de la carpeta administrativa 14/2017, sin soslayar que en realidad fue la Notificadora adscrita al Juzgado de Control de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, quien realizó dicha notificación. Por ello, la notificación reclamada, no se considera ilegal; además, si bien los quejosos no manifestaron en su demanda de amparo, cuándo tuvieron conocimiento de la notificación reclamada, de autos se advierte que el auto de diecinueve de enero del año en curso les fue notificado vía correo electrónico a la defensa particular de Luis Fernando de Jesús Sánchez y Rodolfo de Jesús Sánchez, el veinte de enero de dos mil diecisiete, es decir, al día siguiente de su emisión; y a Martín Omar Bernal Mercado, el mismo día veinte del mes y año en cita, de manera personal en el lugar de su reclusión. Por consiguiente, la autoridad responsable actúo conforme al contenido del artículo 82, fracción I, incisos b) y d), y 84 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, esto es, notificar dicha determinación dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se dictó. De lo anterior se concluye que tampoco existió transgresión a lo previsto por el artículo 8° Constitucional, pues a los escritos de los quejosos, le recayó una respuesta por escrito, en forma congruente y en breve plazo. En esas condiciones, ante lo infundado de los motivos de disenso formulados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Notificador adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, consistente en la notificación del auto diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Omar Bernal Mercado, Luis Fernando de Jesús Sánchez y Rodolfo de Jesús Velázquez, por propio derecho, contra el acto y autoridad especificada en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara Ni protege a Martín Omar Bernal Mercado, Luis Fernando de Jesús Sánchez y Rodolfo de Jesús Velázquez, contra la autoridad señalada como responsable y por cuanto hace al acto que se le reclama, por los razonamientos contenidos en el considerando quinto de la presente ejecutoria. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe; hasta el día de hoy veintitrés de junio de dos mil diecisiete, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Agréguese el oficio que remite la autoridad que lo suscribe, por el cual da cabal cumplimiento al requerimiento de veinticinco de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el contenido íntegro del mismo, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa y fórmese el anexo uno. Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se transfiere y en su lugar se señalan las diez horas del veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.
- Principal
. Intégrense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora, del sello de oficialía de partes se aprecia que fueron recibidos sin anexos dichos informes justificados, no se adjuntó como lo refiere el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, copia certificada de la carpeta administrativa 13/2017 ; por tanto, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas legalmente, se sirva remitir copia certificada, completa y legible de la carpeta administrativa referida, quedando subsistente el apercibimiento con que fue conminada en proveído de veintisiete de marzo del año en curso. Asimismo, se tiene por hecha la aclaración de la denominación correcta de dicha autoridad responsable. Para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, para su verificativo.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ***, *** y ***, respecto de los actos que reclaman a las autoridades precisadas y por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria.
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