Martín Olguin Lozano
Expediente 763/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2018
Partes del expediente
- Martín Olguin Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad requerida, previo desglose se haga de la carátula del tomo de prueba formado con la misma...II
- Principal
...CUMPLE PREVENCIÓN. Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, por medio del cual da cumplimiento a al requerimiento que se le formuló en autos, asimismo se levanta la reserva decretada en proveído pasado; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, o bien, que el Juzgador se allegue de ellos para esclarecer los actos que se le reclaman; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora, de una lectura integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en: a) Las violaciones procesales suscitas dentro de la causa penal 84/2009, del otrora Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro, actualmente del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro, seguido en contra del aquí quejoso. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por ser una cuestión de orden pública y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuestos en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por el multicitado quejoso. El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, y lo que en el presente juicio interesa, el aquí quejoso se duele de las violaciones que se suscitaron dentro de la causa penal 84/2009, del otrora Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro, actualmente del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro, por el delito que la ley señala como robo calificado, previsto por el artículo 182, fracción II y III en relación con el 183, fracción I y II del Código Penal para el Estado de Querétaro, sin embargo, dicho actos ya fueron consumados de manera irreparable, al existir un cambio de situación jurídica, pues se alegan violaciones en el proceso, sin embargo, seguida la causa penal en cada una de sus etapas, se llegó al dictado de la sentencia definitiva, resolución que, incluso, fue impugnada mediante recurso de apelación interpuesto por el quejoso, posteriormente confirmada por el Tribunal de Alzada; además, inconforme con tal determinación, el sentencia promovió juicio de amparo directo penal, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí impetrante de amparo. Actualmente, la causa penal de referencia, se encuentra en ejecución de sentencia y toda vez que los ofendidos y el fiscal de procesos manifestaron que no resultaba de su interés promover el incidente de liquidación de sentencia, se puso a disposición del ejecutivo al aquí quejoso para el cumplimiento de las sanciones impuestas. Lo anterior tiene sustento en la demanda y escritos aclaratorios suscritos por el quejoso, el oficio y las constancias que allegó el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro, las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en el proceso penal 84/2009, se dictó sentencia definitiva, condenando al aquí quejoso, por el delito antes señalado. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, página 139, de la Octava Época, que establece: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada dictada por la extinta Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 314, de la Octava Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR, EN CASO DE SUSTITUCION DE UNA ETAPA PROCESAL POR OTRA EN UN JUICIO PENAL. Si la situación jurídica que impera para el recurrente en la época que solicita el amparo, depende de los efectos y consecuencias de un auto de formal prisión, los cuales desaparecen al ser sustituidos por los efectos y consecuencias de la sentencia que se dicta en el proceso penal, aun cuando en ambos casos resulta privado de su libertad personal, en cada uno lo es por motivos diversos, por lo que opera un cambio de la situación jurídica precedente, lo que lleva a concluir que se consumaron de manera irreparable las violaciones reclamadas, provocando la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada dictada por la Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVIII, página 990, de la Quinta Época, que a la letra dice: "SITUACION JURIDICA DEL REO, CAMBIO DE LA.Surge la causa de improcedencia a que alude la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, si el auto de formal prisión reclamado ha emanado de un procedimiento judicial, en donde ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, por virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, y en tales condiciones, los actos reclamados deben considerarse consumados, ya que de decidirse en este juicio se afectaría la nueva situación jurídica de la quejosa." Por lo que resulta evidente el cambió la situación jurídica del demandante del amparo, pues al existir una sentencia condenatoria, ya no se encuentra en posibilidad de alegar violaciones que se hicieron presentes en la proceso respectivo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada. En tales condiciones, al actualizarse la citada causal de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, promovida por MARTÍN OLGUÍN LOZANO, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."...II
- Principal
...Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual, cumple con el requerimiento que le fue realizado en autos; en tal virtud, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa cumpla con la prevención de dicha data. Por otra parte, con las copias certificadas del expediente 84/2009, del índice de la autoridad de mérito fórmese por separado el cuaderno de pruebas correspondiente, el cual para su mejor manejo será identificado como tomo I...II NP
- Principal
...V I S T A la certificación de cuenta, así como el escrito, con anexo, signado por el quejoso, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto inicial, sin embargo, no ha lugar a tenerlo dando cumplimiento a tal requerimiento, toda vez que, si bien es cierto relata algunos antecedentes de la causa penal 84/2009, también lo es que no refiere el estado procesal en que se encuentra actualmente, esto es, no informa si a la fecha ya se dictó sentencia condenatoria, de ahí entonces, que subsiste el requerimiento y término para acatarlo, señalados en el referido auto. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que con la presentación del escrito de cuenta, se interrumpió el plazo para desahogar el requerimiento formulado y continuará una vez que se le notifique el presente proveído. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero 2012, Tomo 3, página 2271, con número de registro 2000070 y texto siguiente: "CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA ESTABLECER LAS FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS LEGALES POR SU INCUMPLIMIENTO, PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 329 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Código de Comercio solamente regula el término legal en que debe contestarse la demanda, que a través de ésta el demandado debe hacer valer sus excepciones y proponer, en el caso que proceda, la reconvención, y que, una vez contestada se mandará recibir el negocio a prueba (artículos 1378, 1379, 1380, 1381 y 1382). Sin embargo, no establece cuáles son los requisitos de la contestación de la demanda o de la reconvención, ni cuáles son las consecuencias legales que, en su caso, llegaran a derivar de una determinada conducta que asuma quien debe presentar alguna de esas contestaciones (concretamente cuando al formularse no se suscita controversia respecto de ciertos hechos). En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 del propio Código de Comercio, lo procedente es aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, concretamente, su artículo 329, que regula expresamente la forma en que debe contestarse la demanda y las consecuencias legales que derivan del incumplimiento de tales formalidades. Éstas resultan igualmente aplicables para la contestación de la reconvención, pues así lo dispone la norma supletoria. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD. Asimismo, con fundamento en los artículos 78, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de esta ley, que establecen que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos; en el caso, y toda vez que se previene a la promovente para que subsane su demanda y en atención a la garantía de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra los principios de justicia pronta y expedita, con el objeto de mejor proveer en seguimiento de los indicados principios constitucionales, requiérase a la Juez Cuarto de Primera Instancia Penal en San José el Alto, Querétaro (quien absorbió al Juzgado Quinto del mismo rango y jerarquía), para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe el estado procesal que guarda la causa penal 84/2009, seguida en contra de Martín Olguín Lozano, asimismo, informe si a la fecha ya se dictó sentencia condenatoria, debiendo remitir copia certificada en donde se advierta lo solicitado; bajo apercibimiento que de no hacerlo en dicho término, se hará acreedor a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por su contenido y alcance la Jurisprudencia 27/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de consulta en la página 354, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que siguen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." Así como la tesis sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1858, Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que siguen: "REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo a lo previsto en los artículos 79 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el Juez de amparo puede allegarse de información sobre la existencia y autenticidad de los documentos con los que la parte quejosa pretende demostrar su interés público subjetivo en el interés jurídico, siempre que lo haga dentro del mismo término que se le otorga a la parte quejosa, cuando el ocurso de demanda haya sido objeto de aclaración o requerimiento porque no satisface los requisitos a que alude el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, en el mismo auto de admisión de la demanda, sin que con ello deba retardar el proveer sobre la suspensión provisional dentro del término legal previsto para ello, y sin que deba reservar de acordar cuando no haya causa legal para ello."...II
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Martín Nicolás Estrada Flores471/2018
- Martin Nicolas Perez Y/O Perez Castelli638/2020
- Martín Nieves Hernández3040/2015
- Martín Octavio Gomez Nieves2849/2015
- Martín Octavio Olvera Jaramillo649/2017
- Martin Olguin Lozano363/2020
- Martín Ortiz Cárdenas2/2015
- Martín Pérez Montiel136/2019
- Martín Pérez Serrato1707/2016
- Martín Ramírez De Santiago679/2019
- Martin Tadeo Camberos Muro935/2016
- Martín Tomás Trejo Ferrusca1017/2018