Martín Nava Campos
Expediente 496/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martín Nava Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En catorce de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de agosto al nueve de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado el dieciocho de agosto del año que transcurre, dentro del juicio de amparo número 496/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el dieciocho de agosto de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
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Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de agosto de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, asentada por el Actuario Judicial de la adscripción se desprende no le fue posible notificar la sentencia de dieciocho de agosto del año en curso, al tercero interesado Salvador Maldonado Santillán, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido legalmente notificado y requerido para que lo señalara; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena la notificación de la referida resolución, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 496/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el siete de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARTIN NAVA CAMPOS, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad responsable. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Ambos con sede en esta Capital. Acto Reclamado. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO O NOTIFICACIÓN DEL AUTO O RESOLUCIÓN QUE HAYA DADO INICIO Y SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO LABORAL QUE HA PROMOVIDO SALVADOR MALDONADO SANTILLÁN, EN CONTRA DE MARTÍN NAVA CAMPOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL; en el juicio laboral marcado con el número 436/IV/2013, del índice Administrativo de la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, ya que la Autoridad Responsable omitió notificar y/o emplazar al ahora quejoso, según se puede apreciar del Expediente Natural tramitado ante la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, bajo el número 436/IV/2013, pues en el domicilio del suscrito ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, (la) (el) C. Actuario omitió notificarme en forma personal, bien sea que haya dejado citatorio exprofeso o Cédula de Notificación personal en su caso; ni mucho menos que al igual haya dejado citatorio exprofeso para notificar a QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA EN PROLONGACIÓN ZÚÑIGA NÚMERO 66 DEL BARRIO DE SANTA RITA DE GUADALUPE ZACATECAS; de tal manera que debimos ser citados mediante actas circunstanciadas dirigidas a cada uno de los demandados con la cédula de notificación dirigida a los anteriormente citados o cuando menos un citatorio y una cédula de notificación para ambos en los que se corriese traslado a los dos codemandados con las copias simples de la demanda, toda vez de que como se advierte se trata de una demanda en la que se trata de varios demandados en un mismo domicilio en cuyo caso los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo advierten que el emplazamiento en materia laboral debe sujetarse a los lineamientos previamente establecidos, so pena de nulidad;." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su titular dictó proveído el nueve de abril de dos mil quince, en el que ordenó su admisión y registro bajo expediente 496/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se mandó emplazar al tercero interesado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La circunstancia de que no se haya llevado a cabo el emplazamiento del ahora impetrante del amparo, al procedimiento laboral 436/IV/2013, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerados que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y el Coordinador de Actuarios de la propia Junta, al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral 436/IV/2013, que en fotocopia certificada remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". El quejoso alega en esencia, en sus conceptos de violación, que el emplazamiento realizado en el juicio laboral instaurado en su contra, es violatorio de la garantía de previa audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional, porque se practicó en desapego al contenido del ordinal 743 de la Ley Federal de Trabajo, en atención a las siguientes consideraciones: a) Que aun cuando por regla general no existe obligación del Actuario de cerciorarse sobre el nombre de la persona que lo atiende, ni del carácter con el cual se ostenta, en el caso de que el emplazamiento deba realizarse a diversos demandados, es necesario que los datos asentados tengan claridad, a efecto de que el contenido de las actas, de ser confrontadas, lleven a la convicción de la sucesión lógica de los acontecimientos ocurridos, tanto para que de ellos el juzgador pueda advertir su congruencia, como para que la parte a quien le perjudique pueda controvertirlo. b) Que al ser dos demandados en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, una persona física y/o quien resulte responsable, el Actuario debió dejarles a cada uno de ellos tanto el auto que dio inicio al juicio como correr traslado a cada uno de los demandados con copias de la demanda para que se tuviera la certeza de una real y existencia legal de la notificación o llamamiento a juicio. Son infundados los anteriores conceptos de violación. En efecto, en cuanto a las formalidades que rigen el emplazamiento en materia laboral, es preciso destacar el contenido de los artículos 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la última reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, cuyos textos establecen: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.)" "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye". De los preceptos legales antes transcritos, se colige que el emplazamiento en el juicio laboral, en tratándose del primer proveído, se hará mediante notificación personal, asimismo, los requisitos para efectuar la primera notificación personal en materia laboral son: 1. Que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado para hacer la notificación. 2. Si está el interesado se le hará la notificación y, si se trata de persona moral se requerirá la presencia del apoderado. 3. Si no se encuentra el interesado o su representante, se dejará citatorio para que se le espere al siguiente día y en hora determinada. 4. Si el interesado no está presente el día y la hora de la cita, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local. Lo anterior, impone la obligación al actuario-notificador de que al realizar la primera notificación a la parte demandada (emplazamiento), previamente a realizarlo, debe cerciorarse de que la persona a quien deba notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local en el que se constituye, para así estar facultado legalmente para llevar a cabo el emplazamiento respectivo; pues al no colmarse estrictamente los supuestos establecidos por la ley, el emplazamiento resultará ilegal, habida cuenta que la falta de uno de esos elementos, siembra incertidumbre sobre el conocimiento fehaciente de la existencia del procedimiento y, desde luego, la falta de oportunidad de la defensa en contra de lo reclamado, razón por lo cual, al ser una violación de preponderancia mayor a las restantes en el procedimiento, cabe en su contra la reposición del mismo. Tiene aplicación la jurisprudencia número III.2o.T. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1452, del Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido." Una vez establecidos los lineamientos que deben colmarse para que el emplazamiento laboral sea acorde al texto constitucional, de la lectura de las razones asentadas en relación con el citatorio de espera y la cédula de notificación de emplazamiento de diez y trece de enero de dos mil catorce, respectivamente, se obtiene que contrario a lo sostenido por la parte quejosa en sus motivos de disenso, el actuario adscrito a la junta responsable, sí cumple con los requisitos indispensables que deben reunir ese tipo de actuaciones, acorde a lo establecido por el mencionado artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a lo siguiente: 1. Porque el actuario que practicó el emplazamiento, a la primer búsqueda de la persona a emplazar, esto es, en la diligencia de diez de enero de dos mil catorce, (fojas 37), precisó que se cercioró que el lugar en el que se constituyó (que según reconoce el impetrante del amparo es su domicilio), ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, era el designado por la parte actora para hacer la notificación al propio ahora quejoso Martín Nava Campos y además, que en dicho lugar tenía su domicilio; pues al respecto asentó que tuvo a la vista la nomenclatura de la calle, número oficial, colonia, y que aparte, así se lo dijo quien atedió la diligencia y recibió, que ese era el domicilio correcto; quien no se identificó, por cuyo motivo asentó como media filiación lo siguiente: "NOMBRE: ROSA PALAFOX BAÑUELOS, EDAD APROXIMADA: 40 AÑOS, SEXO FEMENINO, COLOR DE PIEL: MORENO CLARO, ESTATURA: 1.60 MTS. COLOR Y ESTILO DE CABELLO: CORTO, NEGRO, LACIO". Persona a quien le requirió la presencia del demandado MARTÍN NAVA CAMPOS, aquí quejoso, a lo cual contestó que la persona buscada no se encontraba; y, que ella habitaba en ese domicilio; motivo por el cual el fedatario de que se trata, dejó por su conducto el citatorio respectivo dirigido al mencionado quejoso, con apoyo en el artículo 743, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo ya transcrito. 2. Luego, en la segunda búsqueda del demandado aquí quejoso, el diligenciario responsable en la razón trece de enero de dos mil catorce (foja 38), asentó que se constituía nuevamente en el domicilio ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, cerciorado de que era el lugar para la notificación, por la nomenclatura de la calle, número oficial, colonia, municipio, así como por el dicho de quien atendió y recibió la documentación que al efecto precisó, que es la misma persona de nombre Rosa Palafox Bañuelos, en el sentido de que ese era el domicilio correcto. Así las cosas, contrario a lo señalado por la parte quejosa, las circunstancias asentadas por el actuario responsable en las diligencias de mérito, son suficientes para crear convicción de que el lugar en el que se constituyó, era el ordenado en el juicio natural, así como el domicilio que tiene la parte quejosa, dado que como se señaló en líneas precedentes, el propio impetrante del amparo reconoció como su domicilio el mencionado por el fedatario de mérito. Además, si bien es cierto que tanto en el citatorio como en la cédula de notificación a que se refieren las razones a que se ha hecho referencia, se asentó como parte demandada a MARTÍN NAVA CAMPOS y/o quien resulte responsable; también lo es que, al preguntar por el notificado, el actuario responsable indicó el nombre del antes mencionado. Lo que significa que los documentos que se dejaron con la persona con quien se entendieron las diligencias relativas al citatorio y cédula de notificación, es decir Rosa Palafox Bañuelos, eran precisamente para el impetrante del amparo, toda vez que no se cita ninguna otra persona, ni física ni moral, como lo pretende hacer el peticionario de garantías, sino únicamente, "y/o quien resulte responsable", que como puede apreciarse, no se puede precisar quién es. Por lo que los datos asentados en las mencionadas actuaciones, esto es, citatorio y cédula de notificación, así como razones correspondientes a cada uno de ellos, resultan claros para considerar que estaban dirigidos al ahora quejoso, y que por lo tanto, con un tanto de los documentos que se le entregaran, era suficiente para que estuviera en posibilidad de comparecer ante la Junta responsable, a efecto de hacer valer sus defensas. Consecuentemente, al haberse realizado el emplazamiento del impetrante del amparo conforme a lo establecido por los numerales 743 y 743 ya citados, de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto, resultar infundados los conceptos de violación y al no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la diligencia de emplazamiento al juicio laboral 436/IV/2013, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Determinación que debe hacerse extensiva por cuanto hace a los diversos actos reclamados, consistentes en todas y cada una de las actuaciones posteriores al emplazamiento de mérito, incluyendo el laudo ahí pronunciado y los relativos a la ejecución, porque la parte quejosa no los combatió por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento reclamado; de modo que al existir pronunciamiento expreso sobre la legalidad del llamamiento a juicio queden convalidadas las subsecuentes actuaciones respecto de las cuales la impetrante no formuló motivo de disenso alguno. Lo anterior conlleva a considerar que en el caso no debe reservarse jurisdicción alguna a la superioridad en relación al laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, al no haberse impugnado como acto destacado, sino en forma genérica al señalar los actos subsecuentes al emplazamiento; y, únicamente en vía de consecuencia del propio emplazamiento reclamado en la presente instancia constitucional; de ahí que se estime inaplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia número 70/2010, consultable en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una 'jurisdicción escalonada', el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". Ello porque -se insiste-, la jurisprudencia inserta parte de la base de que el quejoso está en aptitud de impugnar simultáneamente tanto el emplazamiento a juicio y como acto destacado, el laudo respectivo, lo que no sucede en la presente instancia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARTÍN NAVA CAMPOS, contra los actos y autoridades señaladas como responsables, por las razones vertidas en el último considerativo de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy dieciocho de agosto de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AQMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 496/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el siete de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MARTIN NAVA CAMPOS, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad responsable. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Ambos con sede en esta Capital. Acto Reclamado. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO O NOTIFICACIÓN DEL AUTO O RESOLUCIÓN QUE HAYA DADO INICIO Y SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO LABORAL QUE HA PROMOVIDO SALVADOR MALDONADO SANTILLÁN, EN CONTRA DE MARTÍN NAVA CAMPOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL; en el juicio laboral marcado con el número 436/IV/2013, del índice Administrativo de la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, ya que la Autoridad Responsable omitió notificar y/o emplazar al ahora quejoso, según se puede apreciar del Expediente Natural tramitado ante la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, bajo el número 436/IV/2013, pues en el domicilio del suscrito ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, (la) (el) C. Actuario omitió notificarme en forma personal, bien sea que haya dejado citatorio exprofeso o Cédula de Notificación personal en su caso; ni mucho menos que al igual haya dejado citatorio exprofeso para notificar a QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA EN PROLONGACIÓN ZÚÑIGA NÚMERO 66 DEL BARRIO DE SANTA RITA DE GUADALUPE ZACATECAS; de tal manera que debimos ser citados mediante actas circunstanciadas dirigidas a cada uno de los demandados con la cédula de notificación dirigida a los anteriormente citados o cuando menos un citatorio y una cédula de notificación para ambos en los que se corriese traslado a los dos codemandados con las copias simples de la demanda, toda vez de que como se advierte se trata de una demanda en la que se trata de varios demandados en un mismo domicilio en cuyo caso los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo advierten que el emplazamiento en materia laboral debe sujetarse a los lineamientos previamente establecidos, so pena de nulidad;." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su titular dictó proveído el nueve de abril de dos mil quince, en el que ordenó su admisión y registro bajo expediente 496/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se mandó emplazar al tercero interesado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La circunstancia de que no se haya llevado a cabo el emplazamiento del ahora impetrante del amparo, al procedimiento laboral 436/IV/2013, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerados que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y el Coordinador de Actuarios de la propia Junta, al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral 436/IV/2013, que en fotocopia certificada remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". El quejoso alega en esencia, en sus conceptos de violación, que el emplazamiento realizado en el juicio laboral instaurado en su contra, es violatorio de la garantía de previa audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional, porque se practicó en desapego al contenido del ordinal 743 de la Ley Federal de Trabajo, en atención a las siguientes consideraciones: a) Que aun cuando por regla general no existe obligación del Actuario de cerciorarse sobre el nombre de la persona que lo atiende, ni del carácter con el cual se ostenta, en el caso de que el emplazamiento deba realizarse a diversos demandados, es necesario que los datos asentados tengan claridad, a efecto de que el contenido de las actas, de ser confrontadas, lleven a la convicción de la sucesión lógica de los acontecimientos ocurridos, tanto para que de ellos el juzgador pueda advertir su congruencia, como para que la parte a quien le perjudique pueda controvertirlo. b) Que al ser dos demandados en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, una persona física y/o quien resulte responsable, el Actuario debió dejarles a cada uno de ellos tanto el auto que dio inicio al juicio como correr traslado a cada uno de los demandados con copias de la demanda para que se tuviera la certeza de una real y existencia legal de la notificación o llamamiento a juicio. Son infundados los anteriores conceptos de violación. En efecto, en cuanto a las formalidades que rigen el emplazamiento en materia laboral, es preciso destacar el contenido de los artículos 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la última reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil doce, cuyos textos establecen: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.)" "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye". De los preceptos legales antes transcritos, se colige que el emplazamiento en el juicio laboral, en tratándose del primer proveído, se hará mediante notificación personal, asimismo, los requisitos para efectuar la primera notificación personal en materia laboral son: 1. Que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado para hacer la notificación. 2. Si está el interesado se le hará la notificación y, si se trata de persona moral se requerirá la presencia del apoderado. 3. Si no se encuentra el interesado o su representante, se dejará citatorio para que se le espere al siguiente día y en hora determinada. 4. Si el interesado no está presente el día y la hora de la cita, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local. Lo anterior, impone la obligación al actuario-notificador de que al realizar la primera notificación a la parte demandada (emplazamiento), previamente a realizarlo, debe cerciorarse de que la persona a quien deba notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local en el que se constituye, para así estar facultado legalmente para llevar a cabo el emplazamiento respectivo; pues al no colmarse estrictamente los supuestos establecidos por la ley, el emplazamiento resultará ilegal, habida cuenta que la falta de uno de esos elementos, siembra incertidumbre sobre el conocimiento fehaciente de la existencia del procedimiento y, desde luego, la falta de oportunidad de la defensa en contra de lo reclamado, razón por lo cual, al ser una violación de preponderancia mayor a las restantes en el procedimiento, cabe en su contra la reposición del mismo. Tiene aplicación la jurisprudencia número III.2o.T. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1452, del Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido." Una vez establecidos los lineamientos que deben colmarse para que el emplazamiento laboral sea acorde al texto constitucional, de la lectura de las razones asentadas en relación con el citatorio de espera y la cédula de notificación de emplazamiento de diez y trece de enero de dos mil catorce, respectivamente, se obtiene que contrario a lo sostenido por la parte quejosa en sus motivos de disenso, el actuario adscrito a la junta responsable, sí cumple con los requisitos indispensables que deben reunir ese tipo de actuaciones, acorde a lo establecido por el mencionado artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a lo siguiente: 1. Porque el actuario que practicó el emplazamiento, a la primer búsqueda de la persona a emplazar, esto es, en la diligencia de diez de enero de dos mil catorce, (fojas 37), precisó que se cercioró que el lugar en el que se constituyó (que según reconoce el impetrante del amparo es su domicilio), ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, era el designado por la parte actora para hacer la notificación al propio ahora quejoso Martín Nava Campos y además, que en dicho lugar tenía su domicilio; pues al respecto asentó que tuvo a la vista la nomenclatura de la calle, número oficial, colonia, y que aparte, así se lo dijo quien atedió la diligencia y recibió, que ese era el domicilio correcto; quien no se identificó, por cuyo motivo asentó como media filiación lo siguiente: "NOMBRE: ROSA PALAFOX BAÑUELOS, EDAD APROXIMADA: 40 AÑOS, SEXO FEMENINO, COLOR DE PIEL: MORENO CLARO, ESTATURA: 1.60 MTS. COLOR Y ESTILO DE CABELLO: CORTO, NEGRO, LACIO". Persona a quien le requirió la presencia del demandado MARTÍN NAVA CAMPOS, aquí quejoso, a lo cual contestó que la persona buscada no se encontraba; y, que ella habitaba en ese domicilio; motivo por el cual el fedatario de que se trata, dejó por su conducto el citatorio respectivo dirigido al mencionado quejoso, con apoyo en el artículo 743, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo ya transcrito. 2. Luego, en la segunda búsqueda del demandado aquí quejoso, el diligenciario responsable en la razón trece de enero de dos mil catorce (foja 38), asentó que se constituía nuevamente en el domicilio ubicado en Prolongación Zúñiga número 66 del Barrio de Santa Rita de Guadalupe Zacatecas, cerciorado de que era el lugar para la notificación, por la nomenclatura de la calle, número oficial, colonia, municipio, así como por el dicho de quien atendió y recibió la documentación que al efecto precisó, que es la misma persona de nombre Rosa Palafox Bañuelos, en el sentido de que ese era el domicilio correcto. Así las cosas, contrario a lo señalado por la parte quejosa, las circunstancias asentadas por el actuario responsable en las diligencias de mérito, son suficientes para crear convicción de que el lugar en el que se constituyó, era el ordenado en el juicio natural, así como el domicilio que tiene la parte quejosa, dado que como se señaló en líneas precedentes, el propio impetrante del amparo reconoció como su domicilio el mencionado por el fedatario de mérito. Además, si bien es cierto que tanto en el citatorio como en la cédula de notificación a que se refieren las razones a que se ha hecho referencia, se asentó como parte demandada a MARTÍN NAVA CAMPOS y/o quien resulte responsable; también lo es que, al preguntar por el notificado, el actuario responsable indicó el nombre del antes mencionado. Lo que significa que los documentos que se dejaron con la persona con quien se entendieron las diligencias relativas al citatorio y cédula de notificación, es decir Rosa Palafox Bañuelos, eran precisamente para el impetrante del amparo, toda vez que no se cita ninguna otra persona, ni física ni moral, como lo pretende hacer el peticionario de garantías, sino únicamente, "y/o quien resulte responsable", que como puede apreciarse, no se puede precisar quién es. Por lo que los datos asentados en las mencionadas actuaciones, esto es, citatorio y cédula de notificación, así como razones correspondientes a cada uno de ellos, resultan claros para considerar que estaban dirigidos al ahora quejoso, y que por lo tanto, con un tanto de los documentos que se le entregaran, era suficiente para que estuviera en posibilidad de comparecer ante la Junta responsable, a efecto de hacer valer sus defensas. Consecuentemente, al haberse realizado el emplazamiento del impetrante del amparo conforme a lo establecido por los numerales 743 y 743 ya citados, de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto, resultar infundados los conceptos de violación y al no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la diligencia de emplazamiento al juicio laboral 436/IV/2013, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Determinación que debe hacerse extensiva por cuanto hace a los diversos actos reclamados, consistentes en todas y cada una de las actuaciones posteriores al emplazamiento de mérito, incluyendo el laudo ahí pronunciado y los relativos a la ejecución, porque la parte quejosa no los combatió por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento reclamado; de modo que al existir pronunciamiento expreso sobre la legalidad del llamamiento a juicio queden convalidadas las subsecuentes actuaciones respecto de las cuales la impetrante no formuló motivo de disenso alguno. Lo anterior conlleva a considerar que en el caso no debe reservarse jurisdicción alguna a la superioridad en relación al laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, al no haberse impugnado como acto destacado, sino en forma genérica al señalar los actos subsecuentes al emplazamiento; y, únicamente en vía de consecuencia del propio emplazamiento reclamado en la presente instancia constitucional; de ahí que se estime inaplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia número 70/2010, consultable en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una 'jurisdicción escalonada', el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". Ello porque -se insiste-, la jurisprudencia inserta parte de la base de que el quejoso está en aptitud de impugnar simultáneamente tanto el emplazamiento a juicio y como acto destacado, el laudo respectivo, lo que no sucede en la presente instancia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a MARTÍN NAVA CAMPOS, contra los actos y autoridades señaladas como responsables, por las razones vertidas en el último considerativo de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy dieciocho de agosto de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE."
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