Martín Naranjo Zapata

Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
56/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Martín Naranjo Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 56/2023. Improcedencia. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Actos reclamados. El análisis de la demanda de amparo pone de relieve que la parte quejosa como actos reclamados señala la determinación de tres de enero dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del juicio agrario 599/2019, en el cual, declara ejecutoriada la sentencia dictada en esos autos, y requiere su cumplimiento. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento jurídico, aplicado a contrario sensu, que conjuntamente prevén que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respetivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es, si en el caso no se está combatiendo la última resolución en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario 599/2019, el juicio de amparo indirecto será improcedente. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Conforme el segundo párrafo del artículo 107 antes transcrito, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa al quejoso. Dicho artículo además precisa, que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. En el último párrafo de ese precepto, se regula la procedencia respecto de los procedimientos de remate, y se define que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble, en cuyos supuestos también se pueden reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. En la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal y como se observa de la siguiente transcripción: Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: I. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o II. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o III. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración." . De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. Como se desprende de la anterior transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que, respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, como acontece en la especie, el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra la resolución que aprueba o declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y trascienden a la misma. En el segundo supuesto, relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, el amparo indirecto procede contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrá combatirse las violaciones que se cometieron durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. Ahora, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se destaca que la sentencia definitiva emitida en el juicio agrario 599/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en Tampico, Tamaulipas, se emitió el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que se condenó al demandado, aquí quejoso, a devolver al actor Zacarías Mancilla Flores, la parcela número 14 Z-1 P1/1, con superficie de 11-05-74-72 hectáreas, ubicado en el Ejido Damián Carmona municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. En contra de dicho fallo, el aquí quejoso promovió demanda de amparo directo, misma que correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, desechó la misma. Con motivo de lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en Tampico, Tamaulipas, por proveído de tres de enero dos mil veintitrés, declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el juicio agrario 599/2019, de su índice, y requirió su cumplimiento, otorgando un plazo de quince días hábiles al demandado para que devuelva al aquí señalado como tercero interesado Zacarías Mancilla Flores la parcela ya precisada en líneas que anteceden, apercibiéndolo que en caso de no realizarlo en forma voluntaria se procederá con el auxilio de la fuerza pública; asimismo, ordenó girar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, para que, atendiendo a los resolutivos tercero y cuarto de la sentencia, procediera a cancelar el contrato de enajenación de derechos parcelarios de nueve de marzo de dos mil dieciocho, así como el certificado parcelario número 1049189 -dicho proveído es el acto reclamado en esta instancia-. Sin embargo, el citado acto reclamado no es la última determinación hecha en el procedimiento de ejecución de la sentencia de origen. En efecto, la determinación de tres de enero dos mil veintitrés y su ejecución, no son impugnables en esta vía de amparo indirecto, porque no encuadra en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de ejecución de sentencia, esto es, no se trata de resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco se trata de aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, ello de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene recalcar, la citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al caso concreto, porque, como se puede advertir, el Alto Tribunal de la Nación determinó que, por última resolución, debía entenderse como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", tal como lo dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por lo que es dable afirma que el legislador, al momento de la creación de la norma y a fin de dotar de alcance y contenido a la misma, incorporó la interpretación que el Máximo Tribunal del país, había hecho con antelación respecto del término "última resolución", añadiendo, únicamente un tercer supuesto, como es el auto donde se ordena el archivo definitivo. Dicho de otra forma, tanto la ley de amparo vigente, como la citada jurisprudencia, son acordes en establecer que, por última resolución, debe entenderse, en lo que interesa, como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado". En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica a la parte quejosa la determinación de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 56/2023. Improcedencia. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Actos reclamados. El análisis de la demanda de amparo pone de relieve que la parte quejosa como actos reclamados señala la determinación de tres de enero dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del juicio agrario 599/2019, en el cual, declara ejecutoriada la sentencia dictada en esos autos, y requiere su cumplimiento. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento jurídico, aplicado a contrario sensu, que conjuntamente prevén que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respetivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es, si en el caso no se está combatiendo la última resolución en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario 599/2019, el juicio de amparo indirecto será improcedente. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Conforme el segundo párrafo del artículo 107 antes transcrito, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa al quejoso. Dicho artículo además precisa, que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. En el último párrafo de ese precepto, se regula la procedencia respecto de los procedimientos de remate, y se define que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble, en cuyos supuestos también se pueden reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. En la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal y como se observa de la siguiente transcripción: Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: I. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o II. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o III. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración." . De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. Como se desprende de la anterior transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que, respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, como acontece en la especie, el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra la resolución que aprueba o declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y trascienden a la misma. En el segundo supuesto, relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, el amparo indirecto procede contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrá combatirse las violaciones que se cometieron durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. Ahora, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se destaca que la sentencia definitiva emitida en el juicio agrario 599/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en Tampico, Tamaulipas, se emitió el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que se condenó al demandado, aquí quejoso, a devolver al actor Zacarías Mancilla Flores, la parcela número 14 Z-1 P1/1, con superficie de 11-05-74-72 hectáreas, ubicado en el Ejido Damián Carmona municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. En contra de dicho fallo, el aquí quejoso promovió demanda de amparo directo, misma que correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, desechó la misma. Con motivo de lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en Tampico, Tamaulipas, por proveído de tres de enero dos mil veintitrés, declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el juicio agrario 599/2019, de su índice, y requirió su cumplimiento, otorgando un plazo de quince días hábiles al demandado para que devuelva al aquí señalado como tercero interesado Zacarías Mancilla Flores la parcela ya precisada en líneas que anteceden, apercibiéndolo que en caso de no realizarlo en forma voluntaria se procederá con el auxilio de la fuerza pública; asimismo, ordenó girar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, para que, atendiendo a los resolutivos tercero y cuarto de la sentencia, procediera a cancelar el contrato de enajenación de derechos parcelarios de nueve de marzo de dos mil dieciocho, así como el certificado parcelario número 1049189 -dicho proveído es el acto reclamado en esta instancia-. Sin embargo, el citado acto reclamado no es la última determinación hecha en el procedimiento de ejecución de la sentencia de origen. En efecto, la determinación de tres de enero dos mil veintitrés y su ejecución, no son impugnables en esta vía de amparo indirecto, porque no encuadra en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de ejecución de sentencia, esto es, no se trata de resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco se trata de aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, ello de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene recalcar, la citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al caso concreto, porque, como se puede advertir, el Alto Tribunal de la Nación determinó que, por última resolución, debía entenderse como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", tal como lo dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por lo que es dable afirma que el legislador, al momento de la creación de la norma y a fin de dotar de alcance y contenido a la misma, incorporó la interpretación que el Máximo Tribunal del país, había hecho con antelación respecto del término "última resolución", añadiendo, únicamente un tercer supuesto, como es el auto donde se ordena el archivo definitivo. Dicho de otra forma, tanto la ley de amparo vigente, como la citada jurisprudencia, son acordes en establecer que, por última resolución, debe entenderse, en lo que interesa, como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado". En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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