Martin Moreno Monroy

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Martin Moreno Monroy
  • Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I-Agréguese el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ******************** autorizada del quejoso ******************** mediante el cual, solicita la devolución de la escritura pública número 11,294, volumen 312 que contiene el poder General para pleitos y cobranzas del quejoso a favor de Erika del Rosario Zapata Yama. En atención a su contenido y como lo solicita, realícese el cotejo y compulsa de la copia certificada respecto al poder notarial en comento, que adjuntó a su escrito inicial de demanda, levantado ante la fe del Notario Público tres del Parral Chihuahua ********************, y devuélvase a persona autorizada para ello, previa copia certificada que de la misma se deje agregado en autos. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  2. Principal

    I-Agréguese el escrito de cuenta, signado por Noemí Elda Estrada Ramos autorizada del quejoso Martín Moreno Monroy, mediante el cual, solicita copia certificada del informe justificado y anexos presentados por la autoridad responsable en este asunto. En atención a su solicitud, hágase de su conocimiento que se esté a lo acordado en proveído de siete de los actuales, en el cual ya se proveyó sobre esa solicitud. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta, signado por Erika del Rosario Zapata Maya apoderada del quejoso Martín Moreno Monroy, mediante el cual, solicita por duplicado, copias certificadas de lo siguiente: Informes justificados rendidos por las autoridades responsables (registradas en la Oficialía de Partes de este Juzgado, bajo los folios 7546 y 7547) Las constancias que adjuntaron al rendir sus informes justificados. Proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictado en este expediente. Al respecto, con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa, únicamente un juego de copias certificadas de las constancias que refiere, las cuales podrán ser entregadas a las personas autorizadas para tales efectos, previa constancia de recibo que se deje en autos. En la inteligencia que, se autoriza en esos términos porque la solicitante no expone razón por la cual requiere esa cantidad de constancias. Lo anterior, en el entendido que, el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  4. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese los oficios de cuenta, mediante los cuales rinden sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables Al respecto, este órgano jurisdiccional estima no ser factible proveer de conformidad a lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, por las consideraciones legales que a continuación se exponen. Causales de improcedencia Las causales de improcedencia del juicio, constituyen una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, tal y como se verá a continuación: Así, se tiene que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento [inexistencia del acto], resulta preferente a cualquier causal de improcedencia [artículo 61 de la Ley de Amparo], pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no exista el acto reclamado, o 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resultare patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que ninguna prueba desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En efecto, como ya se adelantó, de los informes recibidos se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que ********************, apoderada de ********************, acudió a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos que atribuyó a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 y actuario de su adscripción, consistente en: La omisión de notificar el auto de quince de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario 527/2021 [en el cual se proveyó respecto de las medidas cautelares otorgadas al directo quejoso ********************], a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo. En lo particular, la existencia de tal reclamación debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa, es decir, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Así, dado que la parte quejosa expresó en sus antecedentes [los cuales expuso bajo protesta de decir verdad], que derivado de la adquisición de derechos ejidales, respecto a una porción de terreno del Ejido de Juan Sarabia, Quintana Roo, el quince de abril del año inmediato anterior, dentro del juicio agrario 527/2021, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con residencia en esta ciudad, dictó un acuerdo en el que decreto diversas medidas cautelares dictadas a su favor; no obstante, omitió realizar la notificación a la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el Estado, con sede en esta ciudad; y desde entonces, no ha realizado tal diligencia, por lo cual, estimó dicho actuar omisivo motivó a instar ante este órgano jurisdiccional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora, de las constancias remitidas por la magistrada responsable como apoyo de su informe justificado, se advierte que en actuación de quince abril de dos mil veintidós, dictada en el citado expediente agrario, efectivamente se decretaron las medidas cautelares a favor del quejoso ********************, y fue a través del oficio 153/2023 de trece de febrero de dos mil veintitrés, que se notificó a la encargada del Despacho de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, lo cual sucedió, el catorce de marzo del año que transcurre; es decir, previo a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe [veintiuno de abril de dos mil veintitrés]. Es de puntualizarse que dichas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior se observa que a la fecha de presentación de la demanda que dio génesis al juicio en que se actúa -el veintiuno de abril del año en curso-, no existía el acto reclamado por la parte quejosa, pues desde el catorce de marzo de este año, el secretario de acuerdos B, del Tribunal Agrario de mérito, había atendido lo solicitado por la parte quejosa en el escrito precisado en líneas anteriores [pues mediante oficio 153/2023, realizó la diligencia de notificación que se tildó de inconstitucional]. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resultó inexistente y conforme con lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que se combate, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Puntualizando que el presente asunto se resuelve atendiendo al acto reclamado y en vista de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no existió a la fecha de imposición de demanda, de tal manera que no agravia a la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Sin que obste, el no proceder en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, relativo a la vista con los informes justificados de las autoridades responsables, porque como quedó justificado, en el presente se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica al quejoso, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por oficio a las autoridades señaladas como responsables.

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