Martin Montes Garcia

Expediente 1528/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1528/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Martin Montes Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa de recibo del expediente original del juicio de amparo 1528/2017. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte en su oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual solicita el original del juicio de amparo 1528/2017en atención que se encuentra relacionado con un diverso Juicio de Amparo del cual se hace necesario tener a la vista para mejor proveer. Ahora bien, en atención a lo solicitado por la Superioridad y del análisis que se hace al presente expediente del cual se advierte que es un asunto totalmente concluido, mismo que ya se encuentra archivado, por lo tanto, envíesele los autos originales previo acuse de recibo; no obstante lo anterior, se le solicita a dicho Tribunal Colegiado que de ser necesario tenerlo a la vista por cualquier trámite o medio de defensa interpuesto por las partes del presente juicio, le será solicitado en cualquier momento, lo anterior para que tenga a bien proveer. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, se solicita a la Superioridad acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Poder Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual, acusa de recibo el anexo que este juzgado federal le remitió mediante auto de once diciembre del año en curso. Al respecto, únicamente a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 255), para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".A juicio de este órgano de control constitucional, del análisis pormenorizado de la resolución reclamada (fojas 1651 a 1707 del tomo de pruebas), se obtiene que la responsable omitió observar el principio de congruencia consagrado en los artículos 16, en relación con el 17, de la Constitución General de la República. [.] De lo expuesto, se puede establecer que resulta incongruente la resolución reclamada, dado que no se tiene certeza cuál fue la conducta por la cual se declaró responsable al quejoso, pues por una parte se analizan las fracciones I, XIX, XX y XXI del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y al momento en que se pretende individualizar la sanción, se estima que la conducta que se acreditó solo se encuentra establecida en las fracciones I y XIX del precepto y ley indicadas en líneas precedentes; asimismo, se indica que la sanción se tiene acreditada en términos del considerando sexto, cuando en dicho apartado se analizó diversa cuestión a la acreditación de la responsabilidad del amparista; actualizándose así, la figura que se analiza; es decir, la existencia de una incongruencia interna, dejando al promovente del juicio en estado de indefensión, pues al no haberse emitido el acto atendido dicho principio, el amparista no puede hacer valer los motivos de inconformidad que estime convenientes para que en su caso se encuentre inconforme con dicha determinación. [.] A más de lo anterior, de la lectura del acto reclamado también se advierte que carece de fundamentación y motivación, que conlleva a la responsable a pronunciarse en el sentido en el que lo hizo, ello es así, porque no indicó lo siguiente: En qué consiste el concepto de "plazo razonable" para el plazo contemplado del dictado de las sentencias. Porqué en el caso, no es aplicable el "plazo razonable" en favor del quejoso. Cuál es el plazo para el dictado de las sentencias. En el caso, desde qué momento transcurrió el plazo y cuando feneció, para el dictado de las sentencias. [.] En virtud de los razonamientos señalados con antelación, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para que la responsable deje sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción emita una diversa purgando los vicios formales apuntados en la presente instancia constitucional; y a su vez deberá fundar y motivar la determinación que emita, ya sea en el mismo o diverso sentido." Por tanto, la sentencia causo ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el delegado de la autoridad responsable Comisión Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (creada en virtud de la extinción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos), mediante oficio JUR/ABA/01072/2018 de ocho de octubre de dos mil dieciocho, informó que en sesión extraordinaria de cinco de octubre del año en curso, dicha Comisión dejó sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la queja administrativa 143/2016, así como por consecuencia los actos de ejecución llevados a cabo, ajuntando las constancias que acreditan lo anterior (fojas 126 a 129). Posteriormente, allegó el oficio JUR/ABA/01265/2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que anexó copia certificada de la resolución emitida el veinte de noviembre del año en curso por la Comisión Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en la que expusieron los motivos y fundamentos legales por los que determinaron declarar la existencia de responsabilidad administrativa atribuida al servidor público, aquí quejoso, Martín Montes García, y le impusieron la sanción administrativa prevista en la fracción III del precepto 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 202 a 253), por lo que este Juzgado Federal, dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con dichas constancias. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la autoridades responsable, con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete emitida dentro de la queja administrativa 143/2016, y en su lugar, el veinte de noviembre del año en curso, emitió una nueva de manera fundada y motivada, en la que declararon la existencia de responsabilidad administrativa atribuida al quejoso y le impusieron la sanción administrativa prevista en la fracción III del artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, ello con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios formales aducidos en la ejecutoria de amparo, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción, emitiera una diversa purgando los vicios formales apuntados en el fallo protector, y a su vez, fundaran y motivaran la nueva determinación, ya sea en el mismo o diverso sentido. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por el delegado de la autoridad responsable las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que en sesión extraordinaria de cinco de octubre del presente año, dejó sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitida en la queja administrativa 143/2016, así como los actos de ejecución consecuencia de dicha resolución, asimismo, el veinte de noviembre del año en curso, emitió una diversa resolución la que expuso los motivos y fundamentos legales por los cuales declaró la existencia de responsabilidad administrativa al quejoso Martín Montes García y le impusó la sanción administrativa prevista en el artículo 194, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, ello con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios formales aducidos en el fallo protector. Ahora bien, mediante escrito presentado el treinta de noviembre del año en curso, el quejoso manifestó que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que, la Comisión de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (la cual fue constituida en suplencia del extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos), no es competente para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, sino que debe ser la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, asimismo, el quejoso aduce que en la nueva resolución emitida por dicha Comisión de Magistrados, nuevamente realizan un análisis dogmático de las constancias que integran la queja administrativa 143/2016, así como una valoración aritmética en lo que concierne a los plazos para el dictado de las sentencias. Al respecto, dígase al quejoso que dichas cuestiones no pueden ser analizadas en el presente estudio, en razón de que en la ejecutoria de amparo no se analizó respecto de la competencia de quien emitió el acto reclamado, sino la falta de motivación y fundamentación en la resolución reclamada en atención de que era incongruente; lo cual ya fue valorado en la nueva resolución dictada por la autoridad que alude ser competente, quien así se pronunció respecto de la competencia para resolver la queja administrativa instaurada contra el aquí quejoso, asimismo, este juzgado no puede prejuzgar si la responsable valoró o no correctamente las constancias que integran la queja administrativa 143/2016, si valoró aritméticamente lo relativo a los plazos del dictado de las sentencias, o si existe una indebida fundamentación y motivación, ya que esas cuestiones son situaciones de fondo que no fueron motivo de la concesión del amparo y salen del alcance de sus efectos. Por tanto si la responsable dejó sin efectos la resolución emitida el diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar, emitió una diversa con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en el que expresó ser competente, señalando además la conducta atribuida al quejoso y los preceptos legales en los cuales encuadraba dicha conducta, así como de la sanción impuesta, es incuestionable que dio cumplimiento a la ejecutoria en todos sus términos, pues los efectos del amparo fueron precisamente que la responsable únicamente dejara sin efectos la resolución reclamada (toda vez que dicha resolución carecía de la debida motivación y fundamentación), y emitiera una diversa en el que tomara en cuenta los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, no obstante que se puntualizó que la responsable emitiera su determinación con plenitud de jurisdicción, por tanto, si el cumplimiento de las resoluciones constitucionales se encuentra limitado a sus efectos expuestos en el fallo, no es posible jurídicamente otorgarle otros distintos a los que ahí se hayan establecido, por ello que no es materia de estudio aquéllas cuestiones de fondo a la determinación emitida por la responsable. Sin embargo, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer por la vía y forma correspondiente. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional y definitiva se concedió. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió copia certificada de las documentales que anexó a su informe justiciado, por las cuales se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvase, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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