Martín Miguel Domínguez Delgado

Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
217/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Martín Miguel Domínguez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de mayo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos enviados por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el seis de abril de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su informe, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Ahora bien, de las probanzas en comento se advierte la actualización de una causa de improcedencia, por tanto, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: De la Junta responsable, la omisión de pronunciarse respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1734/2020JE1; así como no dar cuenta con diversa promoción presentada por la parte quejosa el cinco de julio de dos mil veintiuno. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, manifestó que, en relación con la admisión de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio natural, se acordó lo conducente el quince de marzo de dos mil veintidós. Posteriormente, en el oficio de cuenta, hace del conocimiento de este juzgado, lo proveído en relación con el tratamiento dado al aludido escrito presentado por la parte actora el cinco de julio de dos mil veintiuno el cual fue atendido el diecinueve de abril de dos mil veintidós. Cuestiones que se dilucidan con las constancias que anexó a los oficios que se analizan; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiuno de febrero de dos mil veintidós), existieran como ciertos los actos reclamados por el quejoso en su demanda. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba, por una parte, en la omisión de pronunciarse en cuanto a las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, la autoridad ya proveyó lo que concierne a las mismas el quince de marzo del presente año. Asimismo, por lo que refiere a la omisión de acordar la promoción presentada por la parte quejosa el cinco de julio de dos mil veintiuno, esta se acordó el diecinueve de abril del año que transcurre. En esa virtud, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por los multicitados actos reclamados. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril del año en curso-. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito suscrito por los autorizados legales de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en virtud de que se difirió la audiencia constitucional del presente juicio tal día. Estado de los autos. Luego, del estado de los autos, se advierte que en el escrito inicial de demanda, el quejoso señala como actos reclamados lo siguiente: La omisión de resolver respecto de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1734/2020JE1. No dar cuenta con promoción presentada en Oficialía de partes el cinco de julio de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, si bien es cierto, en la determinación judicial citada de veintiocho de marzo de este año, se dio cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en el cual se dilucida que lo rindió en sentido negativo en cuanto al primero de los actos reclamados apenas plasmados, toda vez que proveyó lo conducente el quince de marzo anterior. Requerimiento. No obstante, toda vez que limitó su informe únicamente a lo que refiere al acto apenas citado, requiérase a la junta responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste la situación actual en relación con la promoción presentada por la parte actora el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de origen 1734/2020JE1, esto es, si ya se pronunció en cuanto a la misma, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; esto, para estar en aptitud de determinar lo conducente. Apercibimiento. En el entendido que no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexos presentados por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por la responsable. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se señalan las once horas con veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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