Martín Méndez Martínez
Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Martín Méndez Martínez
Actuaciones
- Principal
Devuélvase documentales, previo cotejo, a persona legitimada para recibirlos.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, promovida por MARTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ, contra actos de la Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 211/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, el acto reclamado en el presente juicio consiste: ? El oficio de uno de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Fiscal General del Estado de Veracruz, a través del cual, entre otras cosas, se nombró al quejoso MARTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ, como Auxiliar de Fiscal en la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, y se dejó sin efectos cualquier nombramiento expedido con anterioridad. ? Así como los actos tendentes a la reducción del sueldo que venía percibiendo el quejoso como Fiscal Visitador. Sobre el particular, se estima que contra los citados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que en su orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.). De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, autoridad para efecto del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis aislada P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, febrero de 1997, registro 199459, de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. También cabe preciar que, el máximo Tribunal del País, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ? Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ? Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, registro 161133, de rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. En esas condiciones, se tiene que los actos que reclama el quejoso MARTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ, no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado. Es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, al emitir los actos reclamados las autoridades señaladas como responsables Fiscal General en el Estado de Veracruz, Director General de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Jefe del Departamento de Nómina y Control de Pagos y Visitador General, estos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su carácter de ordenadora y ejecutoras, no se encuentran en un plano superior dotados de autoridad, sino que constituye un acto en su calidad de patrones equiparados del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten cualquiera de los titulares de las dependencias señaladas como responsables ordenadora y ejecutoras, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Esto es, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular. Por tanto, los actos de que se duele no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior, pues para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos que el quejoso considera le han sido violados, con motivo de la expedición de un nombramiento en una categoría inferior a la que tenía dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como las consecuencias que derivan del mismo. Ya que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las autoridades que señala como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, que señala: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Del mismo modo, tiene aplicación, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, décima época, que dispone: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. No pasa inadvertido la circunstancia de que el promovente de amparo refirió laborar en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, como Fiscal Visitador; sin embargo, no se actualiza el caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se implementó un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los elementos de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, en el cual puede culminar con la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Señalándose además que aun cuando pudiera obtener una resolución favorable en virtud de dicho procedimiento, no podrán ser reinstalados en el cargo que venían desempeñando y únicamente se podría condenar al Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuvieran derecho. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO; misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos. Dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Delfino Bonilla Zamora, debido a que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza y da fe.
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