Martín Mena López

Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
82/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Martín Mena López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Sentencia causa ejecutoria. De autos del que se advierte que en el presente asunto, se negó la protección constitucional, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diez de noviembre de dos mil veinte, ha causado ejecutoria en sus términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I. inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Devuélvase un disco versátil digital (DVD), que contiene los archivos de audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa penal *******, que la autoridad responsable, anexó a su informe con justificación; en virtud a que resulta innecesario permanecer con el mismo. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 07 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE REZA: Sentencia causa ejecutoria. De autos del que se advierte que en el presente asunto, se negó la protección constitucional, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diez de noviembre de dos mil veinte, ha causado ejecutoria en sus términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I. inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Devuélvase un disco versátil digital (DVD), que contiene los archivos de audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa penal *******, que la autoridad responsable, anexó a su informe con justificación; en virtud a que resulta innecesario permanecer con el mismo. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. archívese y remítase al lugar de guarda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA DEFENSORA PÚBLICA Y/O ASESORA JURÍDICA DEL QUEJOSO GRACIA MUÑOZ VERA, LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 82/2020-II, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: V I S T O S para dictar sentencia en el juicio de amparo 82/2020-II, promovido por Martín Mena López, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato con base en San Francisco del Rincón, Guanajuato, los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Por escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y en este Juzgado de Distrito por razón de turno, Martín Mena López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que más adelante se precisarán; luego, por auto de seis de febrero del mismo año, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 82/2020-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios de la Fiscalía Región "A" y las víctimas indirectas de la causa penal, cuya identidad se protege en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracciones VI y VIII de la Ley General de Víctimas, por tanto, se hará referencia a ellas, bajo las iniciales IPC, ALPJ, ARC y JARC. Luego, con motivo del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se determinó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo del año en curso, a excepción de la tramitación de los asuntos urgentes establecidos en dicho acuerdo. Posteriormente, mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levantó la suspensión previamente decretada, por lo que en auto de trece de agosto de dos mil veinte (foja 82), se reanudaron los plazos y términos, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 151), la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro de la jurisdicción de este tribunal, ya que el imputado quejoso se encuentra recluido en el centro de reinserción social del municipio de León, Guanajuato. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama: De la Juez de Control de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato con base en San Francisco del Rincón, Guanajuato: El auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte dictado en contra del quejoso, en la causa penal 1P3119-253, por el delito de homicidio simple. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato al rendir su informe justificado convino en su existencia (foja 20), lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas relativas a la causa penal 1P3119-253, que constan en un disco compacto. Prueba documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; atento al criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Encuentra puntual aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante son infundados, aún suplidos en su deficiencia en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), por las razones que enseguida se exponen. La parte quejosa sostiene medularmente lo siguiente: 1.- Que el juez responsable violentó sus derechos fundamentales de debido proceso y legalidad al abrir debate al inicio de la audiencia de quince de enero de dos mil veinte, sobre la admisión o exclusión de los datos de prueba aportados por la defensa del inculpado durante la dilación constitucional, sin ningún apoyo legal para ello; debido a que el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales claramente dispone que la continuación de la audiencia inicial comenzará con los datos de prueba aportados por las partes, sin hacer mención a la posibilidad de que se abra dicho debate. Al abrir el mencionado debate, tuvo como consecuencia que se excluyera una prueba documental aportada por la defensa en el término constitucional, consistente en un CD que contiene una audiencia inicial de coinculpado (Jairo Emanuel Sánchez Cisneros) por los mismos hechos; en la cual el diverso juez de control, para resolver la situación jurídica del inculpado determinó que los testigos de cargo declararon con mendacidad al hacer imputación en contra de Jairo, ya que existió una diversa prueba documental que ubicó al mencionado imputado en un lugar distinto a la hora del evento delictivo. Al excluir dicho medio de convicción en el aludido debate previo, condujo a que no se incorporara como dato de prueba para resolver la situación jurídica del quejoso, momento en el cual el juez responsable podría haber valorado libremente el contenido e idoneidad de la documental (CD), al tenor de lo que disponen los artículos 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues lo que se pretendía demostrar con dicha documental, es que si los testigos de cargo mintieron sobre la participación de Jairo en la comisión del delito de homicidio, también debía estimarse que mintieron sobre la participación del ahora quejoso en los mismos hechos. 2.- Que fue incorrecta la exclusión de la documental (CD) por estimarla impertinente, ya que el objeto de ese dato de prueba era atacar la utilidad de que tendrían los testigos de cargo en los que la fiscalía sustentaba su solicitud de auto de vinculación a proceso, concretamente las entrevista de Saira Noemí García Pérez y los adolescentes de edad cuyos nombres llevan por iniciales JARP y OJAP. Para dictar un auto de vinculación a proceso la utilidad y pertinencia de los datos de pruebas es el tema toral para tener por colmados los requisitos de fondo a que se refiere la fracción III del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y si el dato de prueba a incorporar era una certificación del video de una audiencia dentro de la misma causa penal en la que distinto juez de control valoró las entrevistas de los testigos de cargo y las calificó de mendaces, pues estaban contradichas con las constancias existentes en la diversa carpeta de investigación 4942/2019 de la Fiscalía General de la República. Entonces, el juez responsable violentó sus derechos fundamentales dejando al quejoso en estado de indefensión, al no permitir dar cuenta y argumentar sobre el contenido de esa copia certificada, la cual guardaba relación con mismos hechos. 3.- Que el argumento del juez violenta el principio de inocencia y el derecho de igualdad, ya que es incorrecto que dijera que el alegato de la defensa era insuficiente parta emitir un auto de no vinculación a proceso -en cuanto a que los testigos de cargo habían mentido sobre la participación de un coinculpado debía estimarse que también mentían respecto a la participación del quejoso, por tratarse de los mismos hechos-. Pues bajo las reglas de la lógica y la razón, los testigos de cargo no pueden ser valorados positivamente para un imputado y negativamente para otro. Ya que la información que proporcione un testigo de cargo debe valorarse integralmente, mencionando si hay interés o motivo para beneficiar o perjudicar a alguien, y realizar una interpretación conjunta y armónica con el resto de los datos de prueba. Ahora bien, como se dijo con antelación el acto reclamado destacado se hace consistir en el auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte, dictado dentro de un procedimiento penal de corte oral, en contra del impetrante por el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en los numerales 138 y 139 de la ley sustantiva penal de la entidad. Al respecto, la Primera Sala del alto tribunal de la nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 87/2016, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, registro 2014800, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)" sostuvo que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2) La ley señale como delito a ese hecho. 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Explica el alto tribunal que en el nuevo sistema penal los requisitos para el dictado de auto de plazo constitucional, fueron sustituidas las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Luego, para dictar un auto de vinculación a proceso, bastará que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar -independientemente de la metodología que adopte-, el tipo penal aplicable. Sostiene el alto tribunal que este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Entonces, debe decirse que en el sistema penal, se establece como requisito para el análisis de los datos de prueba, únicamente que el juzgador los considere de manera libre y lógica, lo cual si bien no exime de la obligación de ponderar su alcance demostrativo, ello resulta ser tarea del juzgador, al llevar a cabo un razonamiento silogístico de los elementos ya demostrados con elementos aislados que lo lleven a la convicción de ponderar un juicio de racionabilidad sobre la conducta atribuida al quejoso. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 316. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo anterior se obtiene que en el dictado del auto de vinculación a proceso, basta que se desprendan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos". Del precepto trascrito se desprende que los datos de prueba son los medios de convicción aún no desahogados ante el juez, los cuales deben ser suficientes para que se evidencie la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando como normas rectoras, entre otras, la legalidad (la imputación de hechos que la ley señale como delitos, e información que constituya datos de su comisión), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Hecha la anterior precisión, debe señalarse que en el caso se encuentra satisfechos los requisitos previstos en el citado numeral 316, porque de autos se desprende: En primer lugar, que en audiencia inicial de dos de enero de dos mil veinte, el juez de control hizo saber al indiciado los derechos que le asistían, como son la presunción de inocencia, el derecho a estar informado de todos los datos del proceso, derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, derechos a probar y ofrecer datos de prueba, a que la audiencia sea pública, etcétera; hecho lo anterior, el juez cuestionó al indiciado sí tenía alguna duda sobre sus derechos y si los había comprendido, a lo que expresamente dijo no tener dudas y haber entendido los derechos explicados. Posteriormente, la representación social formuló imputación en contra del aquí quejoso, por los hechos delictivos denominados en la ley penal como homicidio simple y homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de personas del sexo masculino, que en vida llevaron por nombre con iniciales MAPC, AHPC, AHPJ y ARC (por lo que hace al homicidio simple) y de CMA, DVZV, AFdeJLJ, GGB y EIAP (por lo que respecta al homicidio en grado de tentativa); para efecto de lo cual relacionó el cuadro fáctico que sustentó dicha petición. En la misma audiencia, se le preguntó al indiciado sí comprendía el cuadro fáctico y petición expuestos por la fiscalía, a lo que respondió que sí; luego, una vez consultado a su abogado defensor, el quejoso manifestó su deseo de reservarse a rendir declaración con relación a los hechos materia de investigación. En la hora 14:22 el Agente del Ministerio Público solicitó se decretara en contra del indiciado auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley penal establece como delitos de homicidio simple y homicidio en grado de tentativa; para efecto de lo cual expuso el cuadro fáctico y procedió a relacionar y explicar los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación. En la hora 14:47:32 el juez de control preguntó al indiciado el momento en que deseaba fuera resuelta su situación jurídica, y una vez consultado con su abogado defensor, adujo que solicitaba la duplicidad del término constitucional. A lo anterior, el juez explicó que dicha ampliación es con la finalidad de que la defensa aportara pruebas de descargo, lo cual podría hacer por sí, o con apoyo de la fiscalía. En la hora 14:48:32 el juez de control hizo la precisión de que en la continuación de la audiencia inicial, comenzaría abriendo un debate respecto de la información obtenida por la defensa, a efecto de decidir si se incorpora o no como dato de prueba para efecto de resolver la situación jurídica del indiciado; sosteniendo la necesidad de dicho debate, debido a que, por el momento, no se conoce el contenido de los datos de prueba e información que se pretende recabar durante la duplicidad del término constitucional. Preguntando a los defensores del indiciado sí estaban de acuerdo con dicho debate, a lo que expresamente en el minuto 14:49 contestaron sí estar conformes. En la hora 14:49:43 el juez de control ordenó la duplicidad del término constitucional, y señaló las 10:40 horas del quince de enero siguiente para la continuación de la audiencia inicial. A las 14:51:21 horas el juez de control decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin someter a debate de las partes, determinando que su vigencia sería hasta que se resolviera la situación jurídica del indiciado. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público formuló imputación por los delitos de homicidio consumado y tentado, y se utilizaron medios violentos para su comisión (armas de fuego). Posteriormente, en la continuación de la audiencia inicial de quince de enero de dos mil veinte, a las 10:41:39 el juez de control abrió debate para establecer si los datos de prueba e información aportada por la defensa durante la duplicidad del plazo constitucional son útiles y pertinentes para resolver la situación jurídica del indiciado, siendo únicamente la documental consistente en un CD que contiene la audiencia inicial respecto de diverso coinculpado sobre los mismos hechos. En uso de la voz, la fiscalía expuso su argumento de impertinencia de dicha información. En la hora 10:47:50 la defensa alegó las razones por las cuales estimaba que dicho dato de prueba sí debía incorporarse. A las 10:49:30 el juez penal determinó la impertinencia del CD aportado, debido a que la decisión contenida en dicha grabación se refiere exclusivamente al coacusado Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, y ningún pronunciamiento hay en cuanto a la conducta o participación del aquí indiciado. Que la mendacidad con la que se calificó la entrevista de los testigos de cargo, tuvo sustento en un diverso dato de prueba aportado en dicha audiencia, consistente en la carpeta de investigación 4642/219 de la fiscalía federal, en donde constó que el mencionado Jairo Emanuel ya se encontraba detenido y puesto a disposición de dicha Agencia del Ministerio Público, una hora antes de ocurridos los hechos que son materia de la presente causa penal. Entonces como no existe en esta causa ningún dato de prueba que revele mendacidad de los testigos de cargo sobre la versión que emitieron respecto a la participación de Martín Mena López, es que necesariamente debe excluirse dicho material por no comprobarse su utilidad y pertinencia, ya que en aquélla decisión judicial no se declaró la nulidad o invalidez de la entrevista de los testigos de cargo, esto es, que no fueron excluidos expresamente. Aunado a que cada juzgador tiene libertad de decisión, de modo que lo resuelto por el aquél juez de control no incide en lo que resolverá el juez que conoce del presente proceso. A las 10:53:00 la defensa del aquí quejoso, alegó en contra de dicha postura judicial. Y sostuvo que debe incorporarse como dato de prueba, puesto que los testigos de cargo identificaron a tres personas como las que arribaron al lugar de los hechos y dispararon sus armas de fuego, privando de la vida a los ahora occisos y lesionando a los ofendidos; y si de las constancias derivadas de la diversa carpeta de investigación 4642/219 de la fiscalía federal, se desprende que el coinculpado Jairo Emanuel no pudo haber participado en el evento, porque para la hora que aconteció estaba detenido y puesto a disposición de una autoridad federal; entonces, eso debe provocar que se destruya la eficacia de la entrevista por conducirse los testigos con falsedad. A las 11:17:39 el juez de control declaró cerrado el debate, y procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso en los siguientes términos: Con relación a la conducta típica de homicidio simple (consumado), con los datos de prueba recabados por el Ministerio Público está establecido que los cuerpos sin vida de las ahora víctimas directas fueron localizados en el pórtico del domicilio ubicado en calle Veracruz número 116 colonia el Llano de San Francisco del Rincón Guanajuato, lugar donde también se encontraron un gran número de casquillos por disparos de armas de fuego, incluso sobre la fachada de dicho inmueble. Los cadáveres objeto de la peritación (necropsia) arrojaron que todos ellos presentaron heridas de bala (entre diez y trece) en distintas partes del cuerpo (cráneo, tórax, abdomen, etc.), con orificios de entrada y otros incluso de salida. El médico legista también estableció, de acuerdo al estado de los cuerpos, que el probable deceso de las víctimas directas lo fue el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, entre las 19:30 horas y las 21:00 horas. Estos indicios llevan a establecer que las víctimas directas perdieron la vida a mano de terceros. Que es posible deducir que intervinieron por lo menos tres sujetos, debido a que se encontraron una suma considerable de casquillos de diversos calibres en el lugar de los hechos. Lo que conlleva a establecer que a través de la manipulación de dichos objetos bélicos (disparos de armas de fuego) se produjo el resultado buscado, que era causar la muerte de las víctimas directas. En la hora 11:32:49 el juez de control añadió que por lo menos una de las cuatro personas que los testigos de cargo refirieron que participaron no pudo haber sido, siendo el identificado con el nombre de Jairo, debido a que en diversa audiencia inicial, se determinó que en la hora indicada como aquélla en que se produjeron los disparos en contra de los hoy occisos, dicho sujeto (Jairo) se encontraba detenido y a disposición de la fiscalía federal, por diversos hechos; de modo que una persona no puede estar al mismo tiempo en diferente lugar. El juez de control continuó explicando que en esta etapa preliminar no se tiene que tener plena certeza para vincular a proceso a una persona, y por el momento, no cuenta con información adicional que revele que los testigos de cargo mintieron sobre todos los elementos e imputaciones que dieron en su entrevista, de modo que, como dichos atestes estuvieron en el lugar de los hechos al momento en que estos acontecieron, y vieron descender de una camioneta blanca al aquí quejoso, quien saben se apoda "el Ronco", con un arma de fuego de las llamadas cuerno de chivo; sujeto que es de su personal conocimiento, por haber relación de amistad y proporcionar su media filiación. La testigo de cargo del sexo femenino, en su entrevista adujo que los implicados portaban varias armas de fuego (algunas largas otras cortas), referencia que resulta coincidente con el tipo de casquillos encontrados en el domicilio, y en el cuerpo de las víctimas. Por otro lado, el testigo de cargo adolescente de nombre OJAP, por vivir frente al domicilio donde acontecieron los hechos, se percató de que las víctimas se encontraban platicando y bebiendo en el pórtico del número 116 de la calle Veracruz, al momento en que arribó la camioneta blanca de la que descendieron varios sujetos, entre ellos Martín Méndez López, alias "el Ronco", todos armados y dispararon contra ellos en reiteradas ocasiones. Destacando que conoce al indiciado porque pertenece a un grupo delictivo denominado de la Renovación, con los que ha tenido problemas porque venden droga. Ambos testigos ubican al ahora quejoso como una de las personas que descendió de la camioneta blanca y disparó contra de los ahora occisos. Por otra parte, el diverso testigo adolescente de nombre JARP, vive cerca del domicilio donde tuvo lugar el evento de reproche, conociendo dicho inmueble y a las víctimas porque algunos son familiares y otros amigos; quien escuchó disparos y al salir vio una camioneta blanca pasar a toda velocidad, y al arribar a la casa marcada con el número 116 vio a las victimas ya sin vida. De modo que, como la defensa del indiciado no incluyó durante la duplicidad del término constitucional, otro dato de prueba que excluya al quejoso del lugar de los hechos, es decir, que lo ubique en un lugar distinto al momento en que el evento de reproche tuvo lugar (como así sucedió con su coacusado Jairo); entonces es evidente que el alegato de la defensa es débil, por no tener sustento. En tanto que los datos de prueba que hasta ahora constan agregados son suficientes para estimar con cierto grado de probabilidad de que el indiciado ejercitó acciones que, conjuntamente con otros, provocaron la muerte de las víctimas directas. Considerándose que el fin propuesto de la acción desplegada era provocar el deceso de las víctimas directas, pues su proceder fue encaminado a lograr dicho objetivo, bajo el supuesto de coautoría propia, porque se atribuye a todos los intervinientes una misma conducta típica mancomunada, realizada integral y simultáneamente, la cual fue acordada previamente. Con lo cual se estimó que la participación o colaboración del indiciado fue conciente y querida. Por tanto, eso justifica que se decrete la continuación de la investigación, pues precisamente ello permitirá dilucidar si el indiciado participó en la comisión del hecho que la ley califica como delito de homicidio simple, o no lo hizo. A partir de la hora 11:44 el juez de control resolvió lo concerniente al diverso hecho calificado por la ley como el delito de homicidio en grado de tentativa, respecto del cual decretó un auto de no vinculación a proceso. Determinación que no se hace relación ya que no fue reclamada por la parte quejosa en esta queja constitucional. Posteriormente, en la hora 11:51:46 el juez de control determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la audiencia inicial, debía prevalecer durante todo el tiempo que durara el proceso, pues se imputaba el delito de homicidio doloso por arma de fuego, es decir, cometido por medios violentos. Añadiendo que dicha medida debía ejecutarse en el centro de reinserción social de la ciudad de León, Guanajuato. Ahora bien, en el primer concepto de violación, el quejoso se duele de la actuación indebida del juzgador responsable de abrir periodo de debate para calificar la pertinencia de los datos de prueba aportados por la defensa en la duplicidad del plazo constitucional; motivo de disentimiento que se califica de inoperante, básicamente por la razón de que el quejoso y sus defensores consintieron dicho debate, de modo que, si no se inconformaron en su oportunidad procesal, no puede alegarse como una violación a las reglas de procedimiento en el amparo que ocupa la atención, pues se estima consentido. Se explica. En la audiencia inicial de dos de enero de dos mil veinte, de manera posterior a que la fiscalía solicitara la vinculación a proceso del ahora quejoso y de que éste pidiera se resolviera su situación jurídica en duplicidad del plazo constitucional, el juez de control expresamente aclaró que en la siguiente audiencia de continuación a la inicial, se comenzaría abriendo debate para establecer si se incorpora o no como dato de prueba al proceso la información recabada por la defensa en la duplicidad, ya que en ese momento se desconocía su existencia y contenido (hora 14:48:32). Procediendo a preguntar al defensor del indiciado si estaban de acuerdo con dicho debate, a lo que expresamente respondió sí estar conforme (minuto 14:49:00). Lo anterior pone en evidencia que fue del conocimiento de la parte quejosa la intención del juzgador penal de abrir debate sobre la pertinencia de incluirse como datos de prueba la información que recabara durante la duplicidad del plazo constitucional en una audiencia de fecha anterior (dos de enero de dos mil veinte) a aquélla reclamada de la que emanan los actos reclamados (quince de enero de dos mil veinte); luego entonces, si el juez de control comenzó la continuación de la audiencia el quince de enero siguiente con el aludido debate, es inconcuso que ya no es posible analizar constitucionalmente dicha actuación, refiriéndose únicamente al "debate", pues es evidente que el solicitante del amparo lo consintió expresamente. Con independencia de lo anterior, este juzgado federal estima necesario aclarar que el juez de control, para resolver sobre la vinculación a proceso, tiene obligación de ponderar los datos de prueba que se incorporen a favor del imputado, durante el plazo constitucional o su ampliación. Al respecto, se tiene que los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de Control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el Juez de Control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este código. (.)" En ese orden de ideas, se tiene como premisa fundamental que el juez de control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, debe ponderar los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público. Por ende, es necesario el debate previo para establecer la idoneidad y pertinencia del dato de prueba ofrecido por la defensa durante la duplicidad del término constitucional, en aras de respetar el principio de contradicción que rige el procedimiento penal. Pues en términos de lo dispuesto por el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales el dato de prueba que se incorpore al proceso debe ser "idóneo y pertinente" para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Siendo, por consecuencia, infundado el diverso motivo de disentimiento esgrimido en el que aduce el quejoso que el juez no permitió que se argumentara sobre la pertinencia del dato de prueba consistente en el CD que contiene la audiencia inicial de un coacusado; pues como quedó visto, al inicio de la audiencia de quince de enero actual, el juez abrió debate sobre dicho dato de prueba, y en la hora 10:47:50 la defensa hizo las alegaciones de su intención, a través de las cuales expuso las razones por las que debería tomarse en cuenta tal CD. De igual manera, en la hora 10:53:00, la defensa del indiciado aquí quejoso volvió a tomar el uso de la voz para argumentar a favor de la pertinencia de dicho dato de prueba. Circunstancias que evidencian que a la parte quejosa no se le privó de derecho alguno de audiencia y defensa, pues hay prueba fehaciente que se le escuchó, sin límite de tiempo, quien hizo uso de su derecho de réplica y contraréplica. En otra línea de pensamiento, en la audiencia reclamada una vez cerrado el debate antes referido, el juez de control concluyó con que el dato de prueba ofrecido por la defensa en la duplicidad de plazo constitucional, que contiene la grabación de la audiencia inicial del coindiciado Jairo Emanuel Sánchez Cisneros dentro de la misma causa penal, no era pertinente y, por tanto, no debía incorporarse como dato de prueba. Explicó que la anterior decisión obedecía a que los datos de prueba deben dar luz en cuanto a las circunstancias fácticas que pretender demostrar; y en la audiencia de mérito se resolvió únicamente sobre la imputación hecha por parte de los testigos de cargo en contra de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, y que a la luz de copia certificada de la carpeta de investigación 4642/2019, del índice de la Fiscalía General de la República, se determinó que no pudo haber colaborado en el homicidio porque no podía estar dicho coacusado en dos lugares distintos en un mismo momento, por lo cual se estimó que los testigos no se condujeron con verdad. El juez de control aquí responsable refirió que como las entrevistas de los testigos de cargo no fueron declaras nulas ni fueron excluidas de aquél proceso, sino que solo se les restó eficacia en lo concerniente a la imputación en contra de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, entonces pueden seguir siendo incorporadas como datos de prueba de la representación social. Aunado a que la valoración que sobre las mismas efectuó el juez de control que resolvió la situación jurídica de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros fue una percepción jurídica propia de aquél juzgador que no vincula al juez de control aquí responsable. Pues solo la exclusión probatoria haría que no pudieran tomarse en cuenta las entrevistas de las testigos de cargo en la audiencia que ocupa la atención. Al respecto debe decirse que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, sostuvo que la valoración de la prueba puede definirse como el acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación (relacionando unos medios de prueba con otros) para así obtener un resultado -en cuanto a la conducta o hecho, certeza o duda y, respecto a la personalidad del delincuente, certeza-, es decir, se trata del proceso intelectual que consiste en una interpretación individual e integral de los resultados que conduce a asignarles o rechazarles consecuencias jurídicas. Para llevar a cabo el procedimiento valorativo el juez de la causa empleará: a) Su preparación intelectual: conocimientos jurídicos, psicológicos, experiencia en la materia, cultura, etcétera. b) Las denominadas 'máximas de la experiencia', enseñanzas o precedentes de la vida cotidiana que, en forma concreta, según cita de Leone, debemos entender como: 'definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, independientes del caso concreto que debe decidirse en el proceso y de las singulares circunstancias de él, conquistadas con la experiencia pero autónomas respecto de los casos singulares de cuya observación han sido deducidos y, además, de los cuales deben valer para nuevos casos'. c) El conocimiento de los hechos notorios que, por su propia naturaleza, no están necesariamente sujetos a prueba, ya que son acontecimientos provenientes del hombre o de la naturaleza que por su fuerte impacto quedan grabados en la conciencia general. Añadió el Máximo Tribunal que en el derecho mexicano, en términos generales, la valoración incumbe al juez o al magistrado, en primera y segunda instancia, y la realizan en diversos momentos del proceso: al resolver la solicitud de la orden de aprehensión, la situación jurídica del procesado al fenecer el término de setenta y dos horas, en algún incidente, al dictar un auto de formal prisión o vinculación a proceso y, básicamente, de manera integral al dictar sentencia. Asimismo, añadió, que los resultados de la valoración de la prueba pueden ser los siguientes: a) La certeza, obliga al juez a definir la pretensión punitiva estatal y a hacer factibles los aspectos positivos del delito, o bien, los negativos; de tal manera que frente a los primeros se aplica la pena y en los segundos la absolución correspondiente. b) La duda, en el juez genera un verdadero problema, digno de meditarse para tratar de llegar a su correcta solución. El Alto Tribunal concluyó que resulta evidente que el ejercicio intelectual llevado a cabo por el juez de la causa para otorgar un valor determinado a una prueba dentro del proceso penal -valoración de la prueba- es una facultad exclusiva de éste, que no puede ser ejercitada por los Jueces de Distrito, ya que ello se traduciría en una sustitución del primero, salvo que se comprueben alteraciones que afecten, precisamente, esa actividad intelectual, tal y como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio jurisprudencial siguiente: "PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO. El tribunal constitucional no puede válidamente sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, a menos que advierta alteración de los hechos, infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las reglas fundamentales de la lógica." En ese orden de ideas, si bien la ponderación de los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa a favor de sus intereses, y en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, para los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercer los Jueces de Distrito y, por tanto, no pueden sustituirse a aquéllos en su apreciación. Sin embargo, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que realizan las autoridades judiciales de instancia; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí. Esto es, su análisis debe circunscribirse única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el juez de control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación; sin que ello implique que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que únicamente se analiza la legalidad de la ponderación que hizo la autoridad responsable, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar así, que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Bajo esa línea de pensamiento, debe declararse inoperante el concepto de violación esgrimido por el impetrante tendente a combatir la falta de pertinencia del dato de prueba consistente en el CD que contiene la audiencia de su coindiciado; ya que como lo explicó el Alto Tribunal, dicho ejercicio es una facultad exclusiva del juez de control, sobre la cual no tiene injerencia el órgano de control constitucional. Orienta el punto de vista expuesto la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 109/2019, correspondiente a la Décima Época, número de registro 2022178, publicada el viernes 02 de octubre de 2020 10:12 h, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." En otro orden de ideas, con relación a la resolución de vinculación a proceso reclamada, el juez penal responsable concluyó que los hechos atribuidos al imputado y que acontecieron el día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, a las 20:30 horas aproximadamente, sí encuadran en la conducta sancionada por la ley penal, específicamente en el artículo 138 de la ley sustantiva penal, que literalmente dispone: "Artículo 138.- Comete homicidio quien priva de la vida a otro." Lo anterior con base en los siguientes datos de prueba, recabados por la fiscalía: Informe del oficial de la agencia de investigación criminal, quien tuvo noticia de los hechos, habiéndose constituido en el domicilio ubicado en calle Veracruz número 116, colonia el Llano en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato en donde tuvo a la vista cuatro cuerpos de personas de sexo masculino inertes, próximos al pórtico de dicho inmueble, con aparentes lesiones de armas de fuego, quienes fueron identificados con los nombres que llevan por iniciales MAPC, AHPC, AHPJ y ARC. Informe de necropsia practicado por los médicos legistas respecto de los cuerpos que en vida llevaron los nombres cuyas iniciales son MAPC, AHPC, AHPJ y ARC, quienes presentaron múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, que como resultado de heridas perforantes y/o penetrantes, siendo la causa de la muerte, la cual fue producida entre las 19:30 y 21:00 horas. Entrevista de Ismael Pérez Cano, Ana Luisa Pérez Jiménez, Andrés Rangel Camargo y Juan Antonio Rangel Camargo, quienes dijeron ser hermanos, respectivamente de quienes en vida llevaron los nombres con iniciales MAPC, AHPC, AHPJ y ARC, reconociendo sus cuerpos e identificándolos plenamente, y haber fallecido el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Entrevistas del adolescente cuyo nombre lleva por iniciales OAJP -en presencia de adulto de su confianza y asistido por experta en psicología-, así como de la persona del sexo femenino cuyo nombre lleva por iniciales SNGP, quienes fueron coincidentes en referir que el día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, alrededor de las 20:30 horas, el indiciado a quien también conocen por su apodo "el Ronco", arribó al domicilio ubicado en calle Veracruz número 116, colonia "el Llano" a bordo de una camioneta blanca tipo Voyager o familiar, en compañía de otros sujetos del sexo masculino, todos portando armas de fuego, largas y cortas, específicamente el indiciado una conocida como cuerno de chivo, gritando "ya les cayó la verga, hijos de su puta madre" disparando en varias ocasiones en contra de las personas del sexo masculino que se encontraban en la entrada de dicho inmueble, causándoles la muerte. Que conocieron de los hechos narrados de manera directa y personal porque, el primero de ellos vive frente al domicilio donde ocurrieron los hechos, y la segunda, se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Veracruz número 116, colonia "el Llano". Entrevista al adolescente cuyo nombre lleva por iniciales JART, quien en presencia de adulto de su confianza y asistido por experta en psicología, refirió que vive cerca del domicilio ubicado en calle Veracruz número 116, colonia "el Llano", y que el día de los hechos escuchó disparos y al salir, vio pasar una camioneta blanca a toda velocidad, y al acercarse vio varios hombres lesionados. Este tribunal de amparo, concuerda con el criterio del juez de control responsable, en el sentido de que los datos de prueba recabados por la fiscalía, son útiles para comprobar el cuadro fáctico narrado, y cuyos hechos encuadran en la conducta prevista por la norma penal, por ser idóneos, pertinentes, razonables y suficientes atendiendo a la etapa procedimental en la que se encuentra el proceso. Se explica; contrario a lo afirmado por el quejoso, el juez de control responsable dio eficacia al dicho de los entrevistados cuyos nombres llevan por iniciales SNGP y OJAP en cuanto a la narración y mecánica de los hechos, no considerando tales versiones de manera aislada y como datos de prueba únicos en contra del imputado, sino por estar corroboradas en aspectos circunstanciales y esenciales con el resto de los datos de prueba recabados por la representación social; todo lo anterior hace que se torne creíble aquélla información, máxime que, como lo sostuvo el juez de control responsable, no existe dato de prueba que contradiga la información expuesta en la audiencia de formulación de imputación; pues ningún dato de prueba aportó la defensa del implicado para su beneficio que sea eficaz y pertinente. En efecto, tal como lo sostuvo la juez penal, la mecánica descriptiva de los aludidos testigos de cargo cuyos nombres llevan por iniciales SNGP y OJAP, relacionada con el lugar en que acontecieron los hechos, se corrobora con los informes policial y pericial, de los que se obtiene que en el pórtico o entrada del domicilio ubicado en la calle Veracruz número 116 de la colonia el Llano, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, se localizaron los cuerpos de cuatro personas del sexo masculino. Las circunstancias de tiempo y modo proporcionadas por los mencionados entrevistados SNGP y OJAP, se robustecen, en principio, con el dicho del diverso entrevistado JART cuyo domicilio se ubica muy cercano a aquél en que acontecieron los hechos, quienes refirieron que en alrededor de las 20:30 horas, vieron arribar al domicilio ubicado en la calle Veracruz número 116 de la colonia el Llano, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, una camioneta (tipo Voyager o familiar) color blanca, de la que descendieron cuatro sujetos, portando todos armas de fuego cortas y largas, quienes gritaron "ya les cargó la verga", dirigiéndose a los sujetos del sexo masculino que se hallaban en ese momento platicando y bebiendo a la entrada del mencionado domicilio, a quienes dispararon en varias ocasiones, provocándoles la muerte; huyendo posteriormente en el mismo vehículo. Siendo esta información proporcionada de manera coincidente en aspectos sustanciales por los entrevistados SNGP y OJAP, quienes apreciaron los hechos de manera directa por haber estado, la primera de ellos, al interior del domicilio donde ocurrió el evento de reproche, y el otro entrevistado vivir frente al preindicado domicilio. Siendo el último evento (huida de los sujetos activos) del que dio testimonio el entrevistado JART, pues desde su domicilio escuchó los disparos y gritos y al salir vio a una camioneta blanca pasar a toda velocidad. En segundo término, con el horario de muerte fijado por los peritos que efectuaron la necropsia sobre los cuerpos hallados, siendo entre la 19:30 y 21:00 horas del día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, de las opiniones técnicas de quienes realizaron la necropsia a los cuerpos hallados en el aludido domicilio, se obtiene que los pasivos perdieron la vida a causa de lesiones producidas por disparos por arma de fuego, por lo menos de tres tipos diferentes, que penetraron o perforaron órganos de mucha importancia para la vida del ser humano. Puesto que los indicios de las perforaciones y restos de bala encontrados en los cuerpos arrojan tres calibres diferentes, aunado a que en el lugar de los hechos también se hallaron casquillos provenientes de tres armas distintas. Con todo lo cual, con acierto jurídico, el juez de control responsable sostuvo que se acreditó el hecho que la ley tipifica como delito de homicidio en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres que llevan por iniciales MAPC, AHPC, AHPJ y ARC. También fue acertado el argumento que efectuó el juez de control responsable, en el sentido de estimar que en dicho evento de reproche participaron cuando menos tres de los cuatro sujetos activos que fueron señalados por los testigos de cargo, en principio, por la razón de que fueron encontrados vestigios de disparos de tres armas de diferente calibre, lo que conlleva a que fueron manipuladas por tres sujetos; y en segundo lugar, porque en diversa audiencia inicial dentro del mismo proceso penal, el juez de control que resolvió la situación jurídica de uno de los implicados, específicamente de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, sostuvo que no participó en los hechos en los que perdieran la vida MAPC, AHPC, AHPJ y ARC; ya que en aquélla audiencia inicial se ofreció un dato de prueba consistente en copia certificada de la carpeta de investigación 4642/2019, del índice de la Fiscalía General de la República, en la que consta que Jairo Emanuel Sánchez Cisneros estaba detenido y puesto a disposición de la aludida autoridad ministerial desde las 19:30 horas por hechos diversos, por tanto, no pudo haber participado en los hechos acontecidos a las 20:30 horas del día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. De igual manera, este juzgado de Distrito coincide con lo argumentado por el juez penal responsable en cuanto a que la carpeta de investigación 4642/2019 del índice de la Fiscalía General de la República no tiene el alcance de demostrar la no participación del aquí quejoso en la comisión del delito que se le imputa, pues la misma solo hace referencia a la detención del coinculpado Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, y ninguna información arroja respecto del ahora impetrante; por tanto como en la audiencia inicial en la que se resolvió la situación jurídica de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, no se invalidaron las entrevistas de los testigos de cargo, sino que únicamente se le restó eficacia respecto al señalamiento hecho en contra del mencionado coindiciado; entonces, tal como lo aduce la responsable, no hay razón legal que justifique la pretensión de que dichas entrevistas no sean valoradas como datos de prueba de la fiscalía. De tal manera, que el ejercicio valorativo realizado por el diverso juzgador penal en la audiencia de Jairo Emanuel Sánchez Cisneros, ciertamente no vincula al juez penal aquí señalado como responsable, porque su apreciación sobre los datos de prueba y los hechos es conforme a la lógica, la razón y su experiencia, de manera que tienen libertad de decisión, aunado a que su determinación fue dirigida solamente a la participación del aludido coinculpado. Lo que así se desprende del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales que literalmente dice: "El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." En ese sentido, fue correcto que el juez penal adujera que no hay ningún dato de prueba o información aportada por la defensa que ponga en tela de juicio la imputación realizada por los testigos de cargo en contra del indiciado aquí quejoso, ya que la sola audiencia en contra del coindiciado no puede tener dicho alcance, pues como se lleva dicho, en ningún momento se abordó tópico sobre la falsedad o mendacidad de la narración de los hechos en general, sino solamente del señalamiento que se hizo del coacusado, ya que respecto de los hechos, hay dato de prueba que directamente comprueba que éstos tuvieron lugar en el domicilio señalado por los entrevistados de cargo, en la hora señalados por ellos, y bajo las circunstancias fácticas descritas, que fueron la intervención de varios sujetos que dispararon armas de fuego en contra de los ahora occisos. Asimismo, los testigos de cargo identificaron plenamente al aquí quejoso, refiriendo que se le apoda el Ronco, y después de dar su descripción física que es de su personal conocimiento por existir relación de amistad entre ellos, lo ubicaron en el lugar y momento de los hechos, señalando que el mismo portaba un arma larga, en tanto que en el cuerpo de los hoy occisos y en el domicilio se localizaron vestigios de bala de calibre 223 que corresponden a rifle (arma larga), con independencia de que los testigos la identificaran como cuerno de chivo. Por tanto, como bien lo adujo el juez de control responsable, las entrevistas de los testigos de cargo, se encuentran corroboradas con los indicios localizados en el lugar de los hechos y por los médicos legales que efectuaron el informe de necropsia sobre los cuerpos de las personas que perdieron la vida a causa de disparos de arma de fuego. Datos de prueba aportados por la fiscalía sobre los cuales la defensa no formuló objeción, ni fueron desmentidos con datos de prueba en contrario. Asimismo, este tribunal de amparo coincide con el juez de control responsable en el sentido de que el hecho que la ley califica como delito de homicidio simple se perpetró con dolo, pues el comportamiento del sujeto activo hace ostensible la fría y perseverante resolución de causar daño en la salud de los sujetos pasivos, pues arribó al lugar con el factor sorpresa (pues los pasivos estaban platicando y bebiendo) y portando armas de fuego, con una de la cual disparó el impetrante en varias ocasiones sobre el cuerpo de los ofendidos hasta asegurar el objetivo planteado, que es la muerte de aquéllos. Lo que hace que la valoración efectuada por el juez de control responsable sobre éste tópico no vulnere ni restrinja derecho alguno en perjuicio del promovente del amparo. En otro tenor, también se considera acertada la postura del juez de control responsable en el sentido de que los datos de prueba relacionados por la fiscalía son suficientes, por ahora, para establecer bajo una condición de razonabilidad, que posiblemente el aquí quejoso intervino en la comisión de los hechos que se atribuyen, de manera conjunta con otros sujetos, pues todos ellos tuvieron codominio funcional del hecho y lo ejecutaron bajo un plan común. Por ende, es cierto que existen datos de prueba razonables que arrojan la probabilidad de que el ahora quejoso haya cometido el hecho punible de homicidio, de manera dolosa en términos de lo dispuesto por el numeral 13 del Código Penal de la entidad, y a título de coautoría propia, actuando con otros en común, con quienes tuvo el codominio funcional del hecho, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo, tercer supuesto del numeral 20 de la ley sustantiva penal de la entidad; Lo anterior se estima así ya que cuando hay pluralidad de activos, se configura la participación conjunta, la cual constituye la coautoría cuando, a pesar de la división de funciones, los autores concurrentes se encuentran en el mismo plano de participación, o bien, uno tiene el dominio directo, pues es quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los demás partícipes coadyuvan a la producción del resultado típico, por lo que estos últimos suelen constituirse como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un plan común preconcebido, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible importa la realización conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del hecho. Por tanto, en los casos de coautoría no es dable imputar exclusivamente a cada uno de los inculpados la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado a la consecución total del resultado, cada copartícipe debe responder del delito, considerado en forma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas múltiples, precedidas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pacto criminoso". Cobra aplicación lo expuesto la tesis V.2o.P.A.26 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 978, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, registro 168377, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe: "COAUTORÍA. EN ESTA FORMA DE PARTICIPACIÓN CADA COPARTÍCIPE DEBE RESPONDER DEL DELITO EN FORMA UNITARIA, SIN QUE SEA DABLE IMPUTAR LA APORTACIÓN PARCIAL QUE CADA UNO DE LOS INCULPADOS REALIZÓ." También sirve de apoyo la jurisprudencia I.8o.P. J/2 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 1242, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163505 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COAUTORÍA. SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA PERPETRACIÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO PUNIBLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La figura de la coautoría a que se contrae la fracción II del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de condiciones; de ahí que una aportación segmentada, adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y penada como coautoría, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución compartida de actos que se realizan en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica, sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida "codominio funcional del hecho"; sin embargo, esa actuación funcional para convertir al agente como coautor, debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo." Para establecer lo anterior, el juez responsable no contó con elementos para realizar un ejercicio de ponderación, pues el implicado no emitió una versión de los hechos distinta a los expuestos por la fiscalía, por haberse reservado su derecho a declarar con relación a los mismos; como tampoco aportó datos de prueba, ni su defensa objetó los datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación; aunado a que los datos de prueba de la fiscalía fueron idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a la conclusión apuntada. Sin que se advierta la actualización de alguna excluyente de responsabilidad previstas por la ley penal, tal como lo sostuvo el juez de control responsable. Por las razones expuestas, es por lo que se considera que el auto de vinculación a proceso emitido en contra del aquí quejoso, no es violatorio de sus derechos fundamentales. Es orientadora la tesis aislada V.1o.P.A.2 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 1862, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2013273, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." En otra línea de pensamiento, debe decirse que resulta igualmente infundado el último de los conceptos de violación alegados, relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del imputado, suplido en su deficiencia, conforme a lo estipulado en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. El segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal dispone textualmente que ".El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." Por su parte, el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su cuarto párrafo señala que: ". El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." De los preceptos legales trascritos se obtiene que siempre que se trate del delito de homicidio doloso, como el que ocupa la atención en el presente asunto, el juez penal tiene la obligación de decretar la prisión preventiva de oficio, es decir, aun sin mediar petición expresa de la fiscalía. Analizada la determinación reclamada, no se advierte que resulte violatoria de derechos fundamentales en perjuicio del impetrante, por no ser irracional, ya que en la especie no existe dato alguno que ponga en evidencia la necesidad de modificar la prisión preventiva para resguardar al imputado aquí quejoso en su domicilio o lugar diverso (artículo 155, fracción XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales), debido a algún estado grave de salud o circunstancias personales que hagan que la prisión preventiva oficiosa a cumplimentarse en un centro de reclusión, pueda resultar un trato cruel o inhumano, por agravar estado de salud o bien condiciones personales específicas. Como tampoco puede someterse el análisis de la medida de prisión preventiva oficiosa reclamada a escrutinio de proporcionalidad e idoneidad, desde el momento en que, es por disposición expresa de la Constitución Federal que los jueces de control impongan obligadamente dicha medida cautelar en delitos como el que ocupa la atención, por ende, goza de la presunción de ser proporcional, necesaria e idónea para el fin perseguido que es asegurar la presencia del quejoso en el proceso y la continuación de éste sin interrupciones. Así las cosas, es inconcuso que la prisión preventiva oficiosa decretada en contra del impetrante, no es violatoria de sus derechos fundamentales. Por último, no se atiende a la petición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado Federal contenida en su oficio de alegatos 181/2020, visible a foja 18 del sumario, ya que resulta contradictorio; debido a que, por una parte, solicita se analicen las causales de improcedencia y de encontrar alguna actualizada, se sobresea en el juicio; y, por el otro, solicita se niegue el amparo a la parte promovente; de ahí que su pedimento resulte confuso. En las relatadas condiciones, al resultar, por un lado inoperantes y, por el otro, infundados, los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Mena López, respecto de los actos que reclamó del Juez de Control de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, con base en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, primer párrafo, 75 y 76 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Mena López contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones asentadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, secretaria judicial que autoriza y da fe. L´IRM

  4. Principal

    Defensora pública y/o asesora jurídica acepta cargo y formula diversas manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito, mediante el cual *********, Defensora Pública Estatal, acepta y protesta el cargo de defensora pública y/o asesora jurídica del quejoso ********, dentro del juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido; lo anterior, para los efectos legales procedentes. téngasele señalando como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en *********; asimismo, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico y número de teléfono con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). en cuanto a su diversa solicitud en el sentido de que le sean remitidas vía correo electrónico, copia de la demanda de amparo, así como de los informes rendidos por las autoridades responsables, a fin de imponerse de su contenido y manifestar lo conveniente; consecuentemente, a fin de proteger el derecho del amparista a una tutela judicial efectiva, remítase copia digitalizada de las constancias de que insta a la dirección electrónica ******, con el propósito de que la aludida defensora pública y/o asesora jurídica del quejoso se encuentre en aptitud de manifestar lo que a su técnica jurídica convenga. En la inteligencia de que, para el caso de que sea su deseo realizar una consulta a la totalidad de constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se le exhorta a que transite al esquema de actuación de juicio en línea. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública y/o asesora jurídica. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignada como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo a la Defensora Pública Estatal Gracia Muñoz Vera, para los efectos legales a que haya lugar.

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