Martin Mejia Debray

Expediente 1245/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1245/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Martin Mejia Debray

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Martín Mejía Debray, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Martín Mejía Debray, contra actos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1245/2018-IV que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. La parte quejosa reclama "la autorización que concede a la Ruta 2 del servicio Público que presta el Servicio de Transporte de Pasajeros de Zacatepec a Tetela y Tetelpa a Zacatepec, para establecer paradero de dicha Ruta con Cajones de estacionamiento de las unidades de dicha Ruta en calle José María y Morelos número 11 Colonia Centro de Zacatepec Morelos, y por la cual afecta al suscrito y me obstruye el acceso para ingresar vehículo a mí propiedad (sic). Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se desprende una causal notoria y manifiesta de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." Conforme al precepto trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, autoridad eminentemente administrativa, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. De igual forma, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto reclamado en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del citado artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2ª./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." En relación al tercer requisito relativo a la suspensión del acto reclamado, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales 43 y 109 al 116 establecen que: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Sobre el plazo para decidir sobre la suspensión, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País determinó en la jurisprudencia 2ª./J.19/2015, que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. En efecto, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2ª./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que el acto fue emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, cuyo titular en términos del artículo 14, fracción I, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, tiene la facultad legal de planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el Servicio de Transporte, por lo que atento al principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad, es evidente que al contar con facultades para reglar lo relativo al servicio de transporte, todos los actos que emita al respecto devienen a virtud de dicho fundamento, en el entendido que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad es la autoridad competente para analizar la fundamentación del acto combatido, es decir, la legalidad o ilegalidad del acto de molestia que el quejoso aduce ser objeto mediante el juicio de nulidad, cuyo objeto es dejar sin efectos el acto impugnado y obligar a las autoridades responsables a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados, ante el actuar de la autoridad administrativa como en el caso de incumplimiento u omisión de las formalidades legales, violación de la Ley o no haberse aplicado la disposición debida, así como arbitrariedad, entre otros. Lo que implica que el acto reclamado emana de una disposición legal y por ende, está fundado, con independencia de que tales preceptos legal sean o no aplicables o estén indebidamente citados; bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así como en la siguiente tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 212868, Tomo XIII, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es el recurso idóneo para combatir los actos que se reclaman en esta vía, por tanto la parte quejosa tiene la obligación de agotar dicho medio ordinario de defensa; por ende, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal y persona autorizada. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1º.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Asimismo, se tiene por autorizado en los términos precisados en la demanda de amparo, a la persona propuesta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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