Martin Martinez Macias

Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Martin Martinez Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Tribunal de alzada, remite las constancias descritas en la cuenta secretarial; relativas al juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Es fundado el incidente. SEGUNDO.- Se declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad en el juicio de amparo IV-356/2019; y, consecuentemente, se ordena el archivo del asunto. TERCERO.- Ríndase el informe estadístico en términos de la parte final del considerando segundo. Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución; devuélvanse los autos al lugar de su procedencia; y, en su oportunidad, archívese este expediente como concluido." Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo. Acúsese recibo de estilo. Finalmente, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, a través del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia relativo al juicio de amparo de donde emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa e informa que con fecha veintinueve de julio anterior, se admitió a trámite dicho incidente

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE:" Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia secretarial, de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que desahogara la vista la parte quejosa; por lo tanto, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, visible a página 243, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Atento a la constancia secretarial, se obtiene que la concesión del amparo otorgada a ---, para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dejara sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en consecuencia, fijara una nueva data que cumpliera con lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, de igual forma proveyera todos los trámites correspondientes a efecto de que sin mayores dilaciones estuviera en condiciones de celebrar la referida audiencia, es decir emplazara a juicio a la demandada---dentro del término a que alude el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; asimismo, toda vez que de la citada constancia, se desprende que en proveído de diecinueve de enero pasado, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por informada la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias con las cuales lo acredita, en el sentido de que la parte actora aquí quejosa con fecha veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, celebró convenio por la cantidad de cinco mil pesos con la demandada en el juicio de origen, mismo que ratificó el tres de diciembre pasado ante la autoridad responsable de mérito, de igual forma en la propia fecha se sancionó y elevó a la categoría de laudo ejecutoriado; consecuentemente se tuvo al quejoso por desistido de la demanda y acciones ejercitadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el juicio de origen y por tanto se ordenó el archivo del expediente 1B-2017/2018 de su índice, como asunto totalmente concluido, por no quedar materia sobre la cual fallar. En virtud de lo expuesto, se advierte que existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, cuyos efectos concesorios no podrán materializarse en virtud del estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen, pues resulta imposible que éste fije la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución en una data lo más próxima o cercana en tiempo posible, porque la parte actora -aquí quejosa----celebró convenido con la parte demandada, mismo que ratificó el tres de diciembre anterior ante la responsable, por lo que en la propia fecha fue sancionado y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenándose el archivo del expediente de origen como asunto totalmente finalizado, concluyendo con ello el juicio natural; en consecuencia, SE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, en términos del artículo 196, segundo y último párrafo, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el último párrafo del numeral citado en la parte final del párrafo que antecede, en el supuesto de que transcurra el plazo de quince días sin que las partes interpongan el recurso de inconformidad, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Decimoprimer Circuito, en turno, a fin de que emita el pronunciamiento que corresponda conforme a derecho; previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias certificadas necesarias de la demanda, acuerdo de admisión, acuerdos de diferimiento de la audiencia constitucional, de la sentencia, así como de las constancias de notificación de la sentencia, por ser necesarias y esenciales para conocer la historia procesal del asunto; lo anterior, con sustento además en la jurisprudencia P./J. 23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Décima Época de la del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, de contenido siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUEDECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese personalmente. ";.. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia secretarial, de la que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que desahogara la vista la parte quejosa; por lo tanto, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, visible a página 243, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Atento a la constancia secretarial, se obtiene que la concesión del amparo otorgada a ---, para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dejara sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en consecuencia, fijara una nueva data que cumpliera con lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, de igual forma proveyera todos los trámites correspondientes a efecto de que sin mayores dilaciones estuviera en condiciones de celebrar la referida audiencia, es decir emplazara a juicio a la demandada---dentro del término a que alude el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; asimismo, toda vez que de la citada constancia, se desprende que en proveído de diecinueve de enero pasado, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por informada la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias con las cuales lo acredita, en el sentido de que la parte actora aquí quejosa con fecha veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, celebró convenio por la cantidad de cinco mil pesos con la demandada en el juicio de origen, mismo que ratificó el tres de diciembre pasado ante la autoridad responsable de mérito, de igual forma en la propia fecha se sancionó y elevó a la categoría de laudo ejecutoriado; consecuentemente se tuvo al quejoso por desistido de la demanda y acciones ejercitadas en contra de todos y cada uno de los demandados en el juicio de origen y por tanto se ordenó el archivo del expediente 1B-2017/2018 de su índice, como asunto totalmente concluido, por no quedar materia sobre la cual fallar. En virtud de lo expuesto, se advierte que existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, cuyos efectos concesorios no podrán materializarse en virtud del estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen, pues resulta imposible que éste fije la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución en una data lo más próxima o cercana en tiempo posible, porque la parte actora -aquí quejosa----celebró convenido con la parte demandada, mismo que ratificó el tres de diciembre anterior ante la responsable, por lo que en la propia fecha fue sancionado y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenándose el archivo del expediente de origen como asunto totalmente finalizado, concluyendo con ello el juicio natural; en consecuencia, SE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, en términos del artículo 196, segundo y último párrafo, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el último párrafo del numeral citado en la parte final del párrafo que antecede, en el supuesto de que transcurra el plazo de quince días sin que las partes interpongan el recurso de inconformidad, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Decimoprimer Circuito, en turno, a fin de que emita el pronunciamiento que corresponda conforme a derecho; previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias certificadas necesarias de la demanda, acuerdo de admisión, acuerdos de diferimiento de la audiencia constitucional, de la sentencia, así como de las constancias de notificación de la sentencia, por ser necesarias y esenciales para conocer la historia procesal del asunto; lo anterior, con sustento además en la jurisprudencia P./J. 23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Décima Época de la del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, de contenido siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUEDECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese personalmente.

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