Martín Martínez Castillo
Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Martínez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 32 a 40), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Martín Martínez Castillo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARTÍN MARTÍNEZ CASTILLO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso Martín Martínez Castillo; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con las prevenciones que se le formularon en proveído de dieciocho de mayo del año en curso. Ahora, con la demanda de amparo promovida por Martín Martínez Castillo, por propio derecho, se le tiene, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Segundo Menor Mixto en Zamora Michoacán y al actuario de su adscripción, de quienes reclama los siguientes actos: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 955/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Atento a la precisión que antecede, se desprende que el quejoso reclama actos emanados de diversos asuntos. Entonces, si bien el promovente del amparo impugna los actos señalados en párrafos precedentes en una sola demanda de amparo, también lo es que aquéllos tienen las características de ser autónomos ya que derivan de procedimientos distintos que no podrían resolverse en un solo juicio de amparo ni ser materia de estudio en una sola sentencia, ello debido a que los actos se encuentran desvinculados entre sí, por ende, no pueden considerarse como consecuencia directa uno de otro. Máxime que, como lo señala el propio quejoso, los actos reclamados derivan de asuntos de diversos, no obstante que se substancian en el mismo órgano jurisdiccional. Por tanto, resulta inconcuso que se está en presencia de actos autónomos de naturaleza diversa desvinculados entre sí que tuvieron origen en distintos asuntos, por lo que, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo, se determina que lo correcto es que debió promoverse un juicio de amparo por cada acto al tratarse de acciones constitucionales diversas que deben tramitarse por separado y no resolverse en una sola sentencia. Separación de juicios respecto de los restantes actos reclamados. En consecuencia, se decreta de oficio la separación del presente juicio de amparo, pues como se dijo los actos reclamados derivan de asuntos distintos y son autónomos desvinculados entre sí, lo que imposibilita a este Juzgado Federal que sean estudiados y resueltos en forma conjunta en una sola sentencia como es el caso. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 76/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. En consecuencia, certifíquese una copia de la papeleta, de la demanda de amparo y del presente proveído, luego, junto con sus respectivos anexos remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que se registre, se asigne número y se turne a este juzgado de distrito para su debida tramitación. En el entendido de que el presente juicio se seguirá respecto a los actos reclamados a las autoridades que se mencionan en el siguiente cuadro: No. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUEZ SEGUNDO MENOR MIXTO EN ZAMORA MICHOACÁN. 2 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO MENOR MIXTO EN ZAMORA MICHOACÁN. Emanados del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; para lo cual deben actualizarse las circunstancias siguientes: a) Que sea el inconforme quien lo haya interpuesto contra el acto de autoridad del cual solicite la protección constitucional; b) Que haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página quince, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Martín Martínez Castillo es improcedente, al existir un medio de defensa ordinario en trámite con el cual puede anular los actos de autoridad combatidos, a saber, se encuentra en trámite una tercería excluyente de dominio. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar que el quejoso acude al presente juicio de amparo a reclamar: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Cabe destacar que el embargo reclamado en esta instancia, se combate partiendo de la perspectiva consistente en que el quejoso no forma parte del juicio ejecutivo mercantil subyacente, ya que en dicho procedimiento le reviste el carácter de parte demandada a Beatriz Valdez Padilla y, por tal motivo, el embargo se pretendió trabar sobre bienes de dicha persona y, en su lugar, dicho embargo se proyectó indebidamente sobre bienes propiedad del quejoso. En ese orden, debe decirse que el juicio de amparo indirecto constituye un medio de defensa extraordinario que tiene como finalidad proteger derechos humanos contra actos de autoridad. Luego, en términos del artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, el juicio de derechos humanos procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Así, la ley permite que las personas que no formen parte del juicio subyacente acudan al juicio de amparo cuando con motivo de la tramitación de un proceso jurisdiccional en el que no forman parte se afecte alguno de sus derechos. Sin embargo, cuando la persona que se vea afectada en su esfera de derechos en su calidad de tercera extraña al procedimiento decide acudir directamente a dicho juicio a hacer valer un medio de defensa ordinario a fin de restablecer el derecho que le hubiese sido vulnerado, entonces el juicio de amparo será procedente contra la resolución final que se dicte en dicho medio de defensa, donde podrá combatir todas las violaciones que hubiese sufrido, a saber, las procedimentales y las de fondo. De ahí que la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como supuesto de improcedencia de la acción de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, hipótesis que tiene como finalidad asegurar el principio de definitividad que constituye una parte sustancial del núcleo básico del juicio de amparo. En el caso que nos ocupa, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, así como del escrito aclaratorio, el quejoso señala que el embargo reclamado emana del juicio ejecutivo mercantil 885/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán, promovido por AFYPIME, S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. frente a Beatriz Valdez Padilla sobre pago de pesos. Agrega que cuenta con la calidad de tercero en dicho sumario, donde se señaló como domicilio de la demandada el mismo que tiene la parte quejosa, por lo que el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio del quejoso y embargó bienes de su propiedad. Asimismo, menciona que el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, presentó tercería excluyente de dominio; luego, en su escrito aclaratorio indica que lo requirieron para que exhibiera diversas documentales y, una vez hecho lo anterior, se admitió a trámite, la cual, como se aprecia de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, se registró bajo el número 361/2018, procedimiento que aún se encuentra en trámite. Cabe referir que la parte quejosa adujo que el juez dio entrada a la citada tercería:. y la tercería excluyente de dominio interpuesta dentro del juicio 885/2017, me solicitaron la exhibición de las notas y facturas originales así como también me pidieron que exhibiera mi INE, RFC y CURP, los cuales exhibí en forma oportuna, dándoseme entrada a dicha tercería. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el solicitante del amparo, antes de promover el presente juico de garantías, con el objeto de defender sus intereses respecto de los bienes muebles que manifiesta son de su propiedad, promovió tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida por el juez responsable. En el entendido de que, conforme a lo sostenido por la Tercera Sala del Alto Trtibunal de la Nación, la tercería excluyente de dominio tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es titular de los bienes o derechos que defiende y que han sido afectados en el juicio en el que se promueve, que se levante el embargo recaído sobre los mismos, y que se condene a los que lo tengan a devolvérselos al tercerista con todos sus frutos y accesorios cuando se le ha privado de la posesión. En ese orden, cabe señalar que en torno a la naturaleza jurídica de las tercerías excluyentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que constituyen un juicio autónomo tanto en la forma como en el fondo y no un mero incidente, puesto que se deduce una acción distinta a la del juicio seguido por dos o más personas, esto es, porque en ellas se ejercita una verdadera acción que se resuelve mediante la sustanciación de un procedimiento judicial, observándose en el mismo las formas esenciales de todo juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 126/2005, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página novecientos cincuenta y dos, de rubro y texto siguientes: TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. De modo que, cuando en un procedimiento jurisdiccional se afectan bienes respecto de los cuales un tercero afirma detentar la propiedad, éste puede oponerse invocando su derecho de dominio, por lo cual se le autoriza por la ley a deducir la acción de tercería excluyente de dominio y que, si ésta prospera, la sentencia debe reparar la violación al derecho de propiedad; y, tal reparación debe concederse en todos sus aspectos, es decir, no sólo en cuanto al dominio, sino también respecto a la posesión. Así las cosas, cuando el quejoso se ostente como tercero extraño típico y promueva de manera simultánea un juicio de amparo indirecto en contra actos de autoridades jurisdiccionales que argumente afectan bienes respecto de los cuales se ostente como propietario; y, una tercería excluyente de dominio para combatir la referida afectación, se actualizará la causal de improcedencia en comento, puesto que dicha tercería resulta idónea para provocar la insubsistencia legal de los aludidos actos de autoridad y sus consecuencias. En efecto, la tercería excluyente de dominio que sea promovida por el propio quejoso, contra actos que den origen al que se impugna en un juicio de amparo indirecto, sí constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos de autoridad reclamados, en la medida que, de resultar fundada tal tercería, se dejarán sin efectos todas aquellas actuaciones judiciales que afectaron el bien respecto del cual el tercerista demostró ser propietario, siendo tales efectos idénticos a los que produciría una eventual concesión de amparo. Conviene reiterar que, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Embargo respecto del cual, la parte quejosa promovió tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida a trámite por el juez responsable, registrándola bajo el número 361/2018. Por lo tanto, dado que el quejoso promovió dicha tercería excluyente de dominio, misma que fue admitida a trámite, a través de la cual controvierte la propiedad y los derechos que afirma le corresponden respecto de los bienes muebles embargados, y, a la vez, promovió el presente juicio de amparo en el que ostentándose como tercero extraño pretende defender la posesión y propiedad de dichos bienes, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la finalidad que se persigue con la promoción de aquélla trae como consecuencia que se nulifiquen, revoquen o modifiquen las actuaciones judiciales que en el juicio de origen provocaron la afectación de su derecho de propiedad. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda y escrito aclaratorio, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la demanda y escrito aclaratorio- por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 188/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, página mil quinientos sesenta y ocho, cuyo rubro y texto son: TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso Martín Martínez Castillo; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con las prevenciones que se le formularon en proveído de dieciocho de mayo del año en curso. Ahora, con la demanda de amparo promovida por Martín Martínez Castillo, por propio derecho, se le tiene, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Segundo Menor Mixto en Zamora Michoacán y al actuario de su adscripción, de quienes reclama los siguientes actos: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 955/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Atento a la precisión que antecede, se desprende que el quejoso reclama actos emanados de diversos asuntos. Entonces, si bien el promovente del amparo impugna los actos señalados en párrafos precedentes en una sola demanda de amparo, también lo es que aquéllos tienen las características de ser autónomos ya que derivan de procedimientos distintos que no podrían resolverse en un solo juicio de amparo ni ser materia de estudio en una sola sentencia, ello debido a que los actos se encuentran desvinculados entre sí, por ende, no pueden considerarse como consecuencia directa uno de otro. Máxime que, como lo señala el propio quejoso, los actos reclamados derivan de asuntos de diversos, no obstante que se substancian en el mismo órgano jurisdiccional. Por tanto, resulta inconcuso que se está en presencia de actos autónomos de naturaleza diversa desvinculados entre sí que tuvieron origen en distintos asuntos, por lo que, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo, se determina que lo correcto es que debió promoverse un juicio de amparo por cada acto al tratarse de acciones constitucionales diversas que deben tramitarse por separado y no resolverse en una sola sentencia. Separación de juicios respecto de los restantes actos reclamados. En consecuencia, se decreta de oficio la separación del presente juicio de amparo, pues como se dijo los actos reclamados derivan de asuntos distintos y son autónomos desvinculados entre sí, lo que imposibilita a este Juzgado Federal que sean estudiados y resueltos en forma conjunta en una sola sentencia como es el caso. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 76/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.". En consecuencia, certifíquese una copia de la papeleta, de la demanda de amparo y del presente proveído, luego, junto con sus respectivos anexos remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que se registre, se asigne número y se turne a este juzgado de distrito para su debida tramitación. En el entendido de que el presente juicio se seguirá respecto a los actos reclamados a las autoridades que se mencionan en el siguiente cuadro: No. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUEZ SEGUNDO MENOR MIXTO EN ZAMORA MICHOACÁN. 2 ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO MENOR MIXTO EN ZAMORA MICHOACÁN. Emanados del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.].". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; para lo cual deben actualizarse las circunstancias siguientes: a) Que sea el inconforme quien lo haya interpuesto contra el acto de autoridad del cual solicite la protección constitucional; b) Que haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página quince, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Martín Martínez Castillo es improcedente, al existir un medio de defensa ordinario en trámite con el cual puede anular los actos de autoridad combatidos, a saber, se encuentra en trámite una tercería excluyente de dominio. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar que el quejoso acude al presente juicio de amparo a reclamar: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Cabe destacar que el embargo reclamado en esta instancia, se combate partiendo de la perspectiva consistente en que el quejoso no forma parte del juicio ejecutivo mercantil subyacente, ya que en dicho procedimiento le reviste el carácter de parte demandada a Beatriz Valdez Padilla y, por tal motivo, el embargo se pretendió trabar sobre bienes de dicha persona y, en su lugar, dicho embargo se proyectó indebidamente sobre bienes propiedad del quejoso. En ese orden, debe decirse que el juicio de amparo indirecto constituye un medio de defensa extraordinario que tiene como finalidad proteger derechos humanos contra actos de autoridad. Luego, en términos del artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, el juicio de derechos humanos procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Así, la ley permite que las personas que no formen parte del juicio subyacente acudan al juicio de amparo cuando con motivo de la tramitación de un proceso jurisdiccional en el que no forman parte se afecte alguno de sus derechos. Sin embargo, cuando la persona que se vea afectada en su esfera de derechos en su calidad de tercera extraña al procedimiento decide acudir directamente a dicho juicio a hacer valer un medio de defensa ordinario a fin de restablecer el derecho que le hubiese sido vulnerado, entonces el juicio de amparo será procedente contra la resolución final que se dicte en dicho medio de defensa, donde podrá combatir todas las violaciones que hubiese sufrido, a saber, las procedimentales y las de fondo. De ahí que la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como supuesto de improcedencia de la acción de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, hipótesis que tiene como finalidad asegurar el principio de definitividad que constituye una parte sustancial del núcleo básico del juicio de amparo. En el caso que nos ocupa, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, así como del escrito aclaratorio, el quejoso señala que el embargo reclamado emana del juicio ejecutivo mercantil 885/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán, promovido por AFYPIME, S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. frente a Beatriz Valdez Padilla sobre pago de pesos. Agrega que cuenta con la calidad de tercero en dicho sumario, donde se señaló como domicilio de la demandada el mismo que tiene la parte quejosa, por lo que el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio del quejoso y embargó bienes de su propiedad. Asimismo, menciona que el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, presentó tercería excluyente de dominio; luego, en su escrito aclaratorio indica que lo requirieron para que exhibiera diversas documentales y, una vez hecho lo anterior, se admitió a trámite, la cual, como se aprecia de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, se registró bajo el número 361/2018, procedimiento que aún se encuentra en trámite. Cabe referir que la parte quejosa adujo que el juez dio entrada a la citada tercería: ". y la tercería excluyente de dominio interpuesta dentro del juicio 885/2017, me solicitaron la exhibición de las notas y facturas originales así como también me pidieron que exhibiera mi INE, RFC y CURP, los cuales exhibí en forma oportuna, dándoseme entrada a dicha tercería". Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el solicitante del amparo, antes de promover el presente juico de garantías, con el objeto de defender sus intereses respecto de los bienes muebles que manifiesta son de su propiedad, promovió tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida por el juez responsable. En el entendido de que, conforme a lo sostenido por la Tercera Sala del Alto Trtibunal de la Nación, la tercería excluyente de dominio tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es titular de los bienes o derechos que defiende y que han sido afectados en el juicio en el que se promueve, que se levante el embargo recaído sobre los mismos, y que se condene a los que lo tengan a devolvérselos al tercerista con todos sus frutos y accesorios cuando se le ha privado de la posesión En ese orden, cabe señalar que en torno a la naturaleza jurídica de las tercerías excluyentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que constituyen un juicio autónomo tanto en la forma como en el fondo y no un mero incidente, puesto que se deduce una acción distinta a la del juicio seguido por dos o más personas, esto es, porque en ellas se ejercita una verdadera acción que se resuelve mediante la sustanciación de un procedimiento judicial, observándose en el mismo las formas esenciales de todo juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 126/2005, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página novecientos cincuenta y dos, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo". De modo que, cuando en un procedimiento jurisdiccional se afectan bienes respecto de los cuales un tercero afirma detentar la propiedad, éste puede oponerse invocando su derecho de dominio, por lo cual se le autoriza por la ley a deducir la acción de tercería excluyente de dominio y que, si ésta prospera, la sentencia debe reparar la violación al derecho de propiedad; y, tal reparación debe concederse en todos sus aspectos, es decir, no sólo en cuanto al dominio, sino también respecto a la posesión. Así las cosas, cuando el quejoso se ostente como tercero extraño típico y promueva de manera simultánea un juicio de amparo indirecto en contra actos de autoridades jurisdiccionales que argumente afectan bienes respecto de los cuales se ostente como propietario; y, una tercería excluyente de dominio para combatir la referida afectación, se actualizará la causal de improcedencia en comento, puesto que dicha tercería resulta idónea para provocar la insubsistencia legal de los aludidos actos de autoridad y sus consecuencias. En efecto, la tercería excluyente de dominio que sea promovida por el propio quejoso, contra actos que den origen al que se impugna en un juicio de amparo indirecto, sí constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos de autoridad reclamados, en la medida que, de resultar fundada tal tercería, se dejarán sin efectos todas aquellas actuaciones judiciales que afectaron el bien respecto del cual el tercerista demostró ser propietario, siendo tales efectos idénticos a los que produciría una eventual concesión de amparo. Conviene reiterar que, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El embargo practicado en su domicilio el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil 885/2017, del índice del Juzgado Segundo Menor en Zamora, Michoacán. Embargo respecto del cual, la parte quejosa promovió tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida a trámite por el juez responsable, registrándola bajo el número 361/2018. Por lo tanto, dado que el quejoso promovió dicha tercería excluyente de dominio, misma que fue admitida a trámite, a través de la cual controvierte la propiedad y los derechos que afirma le corresponden respecto de los bienes muebles embargados, y, a la vez, promovió el presente juicio de amparo en el que ostentándose como tercero extraño pretende defender la posesión y propiedad de dichos bienes, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la finalidad que se persigue con la promoción de aquélla trae como consecuencia que se nulifiquen, revoquen o modifiquen las actuaciones judiciales que en el juicio de origen provocaron la afectación de su derecho de propiedad. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda y escrito aclaratorio, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la demanda y escrito aclaratorio- por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 188/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, página mil quinientos sesenta y ocho, cuyo rubro y texto son: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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