Martín Manuel Coronel Quiquia

Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • titular de la oficina de representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Estado Baja California
  • Martín Manuel Coronel Quiquia

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 949/2022-F El nueve de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el catorce de diciembre de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la misiva y anexos procedentes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, téngase devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto girado en autos. Asimismo, de las constancias remitidas por el juez federal oficiante se advierte que el directamente agraviado ********************, no ratificó la demanda de derechos fundamentales promovida en su favor; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de veintidós de noviembre del actual, conforme al artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico de este juzgado. Por otra parte, glósese el oficio remitido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano; de igual forma, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual refiere observar la suspensión de plano decretada en este asunto. Asimismo, téngasele nombrando delegados y señalando domicilio procesal. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el promovente, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento efectuado en autos; respecto a la ampliación de la demanda una vez que se ratifique se proveerá lo procedente. En ese tenor, toda vez que el directamente agraviado puede encontrarse privado de su libertad o alojado en la estación migratoria con sede en Villahermosa, Tabasco; por tanto, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en los numerales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298, primer párrafo, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria que se encuentre dentro de su jurisdicción, lugar en el que se considera puede ser localizado el agraviado ********************; el personal actuante vocee o llame al directamente agraviado, y en caso de obtener resultados positivos, le notifique el auto dictado el veintidós de noviembre del presente año, del cual se adjunta copia para los efectos conducentes; asimismo, dé fe del estado físico en el que se encuentre. De ser el caso, el fedatario judicial requiera las constancias a las autoridad(es) ante quien se encuentre el aquí agraviado, en las que se advierta su situación jurídica, en relación con su derecho a la libertad y tránsito en este país, por ser necesarias en el presente juicio. Asimismo, se haga saber a la(s) autoridad(es) ante quien(es) esté retenido el agraviado, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, y la(s) prevenga para que de inmediato se abstenga(n) de ejecutar cualquiera de los actos ahí mencionados. En caso de que las condiciones del quejoso lo permitan, lo cuestione para que manifieste si es de su interés ratificar la demanda que se promovió en su favor (misma que se remite en fotocopia simple junto con sus anexos), así como a los autorizados, además de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con la finalidad de dar trámite al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, de ser necesario, con apoyo en el precepto 21 de la Ley de Amparo, se faculta a la autoridad exhortada para que, en caso de ser necesario, habilite horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que se promueve en favor de Martín Manuel Corona Quiquia, contra actos del titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales contenidos en la constitución; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 949/2022-F. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: ( Cese de inmediato la incomunicación de la que se dice es objeto el directamente agraviado, y todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con la inminente deportación, retorno asistido o traslado a otra estación migratoria, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezca el quejoso en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar el directamente agraviado a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida del directamente agraviado. En relación con la ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables a fin de que pongan a Martín Manuel Corona Quiquia, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención del directamente agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene el aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional". En ese contexto, toda vez que se solicita se dicten las medidas necesarias para que el impetrante goce de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que el impetrante queda a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida en el presente acuerdo; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el agraviado. Asimismo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase al quejoso Martín Manuel Corona Quiquia, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro del plazo de tres días, legalmente computado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización del referido impetrante en el domicilio de las autoridades responsables. Medios de comunicación no procesal, autorizados, domicilio y acceso al expediente electrónico En relación con los medios de comunicación no procesal (dirección de correos electrónicos y teléfonos celulares), la designación de autorizados y domicilio, así como el acceso al expediente electrónico, se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

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