Martín Malfavón Andrade

Expediente 446/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Martín Malfavón Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que, feneció el plazo de dos años otorgado a la parte quejosa para que compareciera a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito *******, sin que lo hubiere realizado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, 11, fracciones XXVI y XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, se decreta la prescripción del derecho consignado en el billete citado, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad descrita en el mismo, la cual debe ingresar al erario federal. En consecuencia, se ordena remitir el mencionado documento debidamente endosado al Tesorero de la Federación, por conducto de la Dirección General de Procedimientos Legales, para que su cobro se aplique a favor del erario federal y ordene el acuse de recibo de estilo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que, a la parte tercera interesada le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso f), y 98 de la Ley de Amparo, sin que haya presentado promoción alguna mediante la cual interpusiera recurso de queja contra la resolución de dieciocho de junio del año en curso, que resolvió el incidente de reclamación de daños y perjuicios. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación del incidente. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante este Juzgado Federal, el tercero interesado ******, promovió incidente para hacer efectiva la garantía otorgada con motivo de la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo 446/2019-II. SEGUNDO. Admisión y trámite del incidente. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el referido incidente, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes; asimismo, por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, la cual se verifica al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, CUARTO, fracción XXXII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse actos con ejecución en esta ciudad y Manzanillo, Colima, en cuyos municipios y entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Oportunidad del incidente. El incidente de pago de daños y perjuicios interpuesto por el tercero interesado fue presentado en tiempo, por las razones que enseguida se exponen: El artículo 156 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". De conformidad con el precepto trascrito, las partes tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de seis meses, el incidente regulado en dicho numeral, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión provisional o definitiva concedida, cuando consideren que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado. Asimismo, establece que el plazo de seis meses se contará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, es decir, de la fecha en la que cause ejecutoria el fallo respectivo. Al respecto, las constancias del expediente acreditan que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó a las partes el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, que tuvo por recibida copia autorizada de la resolución dictada el siete del mes y año mencionados, en el recurso de revisión 516/2019 por parte del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, que confirmó la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. También se desprende que, el trece de noviembre de dos mil veinte, se ordenó hacer del conocimiento de la parte tercera interesada Javier Gordillo Camacho, que contaba con el plazo de seis meses, a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, para si era su deseo promoviera el incidente previsto en el referido numeral; y, que no obra constancia de notificación de dicha determinación al tercero interesado de mérito, en razón de que a pesar de que en auto admisorio se reservó su emplazamiento hasta en tanto obraran las constancias del expediente de origen, para estar e aptitud de saber su domicilio; sin embargo, no fue emplazado al juicio de amparo. Posterior a ello, en escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el tercero interesado interpuso incidente de pago de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía otorgada por el quejoso a propósito de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. De ahí que, se estima que el escrito por el que se promovió el incidente que nos ocupa, se presentó en el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo. TERCERO. Estudio del incidente. La parte incidentista señala que procede hacer efectiva la garantía otorgada por la parte quejosa, en virtud de que la sentencia dictada en autos sobreseyó el juicio de amparo, y esa determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito dentro del amparo en revisión 516/2019. Con base en ello, refiere, que considera justo y equitativo que le pague y endose el billete de depósito ****** con valor de $******.00 (****** mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco Nacional de Servicios Financieros, que el quejoso exhibió como garantía de la suspensión del acto reclamado dentro del incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo, toda vez que dicha suspensión le causó daños y perjuicios en su patrimonio al obstaculizarle el goce del local comercial ********, por más de seis meses. El incidente planteado es infundado, por las razones que en seguida se exponen: De conformidad con el precepto 156 de la Ley de Amparo, antes trascrito, que para que proceda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa en un juicio de amparo, es menester que se tramite el incidente respectivo, ante la autoridad que conoció del juicio dentro de lo seis de meses, contados al día siguiente de la notificación de la ejecutoria del juicio principal. Por otro lado, cabe precisar que la institución de la suspensión en el juicio de amparo, tiene como objeto fundamental preservar la materia del juicio de amparo; es decir, impedir que dicha materia se consume o se extinga como consecuencia de la ejecución, en muchos casos irreparable, del acto reclamado. En los casos en que se estima fundada la petición de suspender la ejecución del acto reclamado, pero existe la posibilidad de que tal suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios al tercero interesado, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, dicha suspensión surtirá efectos siempre y cuando el quejoso otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a la citada parte, si acaso el promovente del amparo no obtuviera sentencia favorable en el juicio principal. En la hipótesis en que el quejoso no vea favorecida su pretensión de amparo y que con motivo de la suspensión concedida, se le hayan ocasionado daños o perjuicios al tercero interesado, éste tiene la oportunidad de promover el incidente al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, dentro del término de seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 20/2016, publicada en la página 28, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo". En esa línea de pensamiento, las partes tienen, tanto el derecho a la prueba, en cuanto manifestación esencial de la garantía de la acción y de la defensa en juicio, como la carga de la prueba, que se refiere a que el que afirma la existencia de un hecho debe demostrarlo mediante pruebas, para evitar una resolución desestimatoria. Así, el derecho a la prueba implica que las partes tengan la posibilidad de satisfacer la carga de la prueba; es decir, de allegarse de todas las pruebas disponibles para demostrar la verdad del hecho que cada una de ellas tiene la carga de probar. En esencia, se necesita que la parte que tiene la carga de la prueba demuestre la verdad de los hechos que ha argumentado como fundamento de su derecho, y por lo mismo, que pruebe que sus enunciados se encuentran debidamente fundados. En lo hasta aquí relacionado, se infiere como premisa fundamental, en lo que al caso acontece, que en la exposición del escrito incidental, el tercero interesado ha de expresar como hechos relevantes, aquellos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama. Pues, el actor incidentista tiene la carga: De manifestar en los hechos de su escrito inicial, en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de amparo). De demostrar sus afirmaciones. En efecto, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. De esta forma, si la afectación al patrimonio puede ocurrir, ya sea por el daño o ya sea por el perjuicio sufrido, es necesario establecer en primer orden, en qué consiste cada uno de esos extremos, a fin de dilucidar si el estándar de prueba requerido para cada uno de esos extremos es idéntico, o bien, si en uno y otro casos, existen divergencias que ameriten un análisis diferenciado. Por su parte, los artículos 2108 al 2110 y 2117 del Código Civil Federal, establecen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación". "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". "Artículo 2117. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa." Conforme a lo previsto en los artículos 2108 a 2110 del Código Civil Federal, los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Puede establecerse que hay casos en que la demostración de los daños y perjuicios se logra con la prueba del incumplimiento del cual derivan, como ocurre cuando la obligación incumplida consiste en el pago de dinero, en que por disposición del artículo 2117 del mismo ordenamiento, se traducen en el pago de un interés derivado de la falta de entrega del numerario; o bien, cuando se demuestra el incumplimiento en el plazo de entrega de un bien mueble o inmueble, en que tal hecho acredita al mismo tiempo el menoscabo patrimonial que representa verse privado del derecho de uso de un bien, que amerita ser resarcido. En cambio, hay otros casos en que los daños y perjuicios no aparecen claramente derivados de la obligación incumplida, sino que resulta necesario que el afectado exponga en qué consistieron, para estar en condiciones de demostrar su existencia. En ese sentido, quien esto resuelve estima pertinente establecer que, atendiéndose a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 95/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", estableció que en los casos en que el tercero interesado haya dejado de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor, y que para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero; esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios. Ahora bien, de las constancias del incidente suspensión se obtiene que la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa fue para el único efecto de que se continuara con el curso del procedimiento de remate -en el expediente de origen- hasta antes de que se ordenara la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario y, que la suma de dinero otorgada con motivo de dicha suspensión, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, se impuso con la finalidad de garantizar los perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado. En el caso, el tercero interesado ******, refiere que promueve el presente incidente en razón de la determinación por virtud de la cual se sobreseyó el juicio de amparo, fue confirmada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito -en el amparo en revisión 516/2019-; por tanto, exige el pago de la cantidad de $******.00 (****** mil pesos 00/100 moneda nacional), consignados a través del billete de depósito ****** expedido por el Banco Nacional de Servicios Financieros, exhibido por el quejoso con el objeto de garantizar los daños y perjuicios que se pudieran garantizar al tercero interesado. Ello, porque el otorgamiento de la medida cautelar le causó daños y perjuicios en su patrimonio al obstaculizarle el goce del local comercial número ******, por más de seis meses. Bajo tales premisas, el tercero interesado estima actualizado el derecho a favor de la parte tercera interesada, para que le sean cubiertos los daños y perjuicios ocasionados con la suspensión definitiva del acto reclamado, que fueron garantizados con el billete de depósito identificado en el inciso b), de apartado de "PRETENSIONES" de su escrito. Sin embargo, no expuso en qué consistieron los daños y perjuicios, ya que se concreta a mencionar que el otorgamiento de la medida cautelar le causó daños y perjuicios en su patrimonio al obstaculizarle el goce del local comercial número ******, por más de seis meses; sin precisar la cantidad que dejó de recibir con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa. Más aun, de autos no se observa que el acto reclamado haya consistido en una determinada cantidad de dinero, ni mucho menos en la suspensión definitiva se establecieron factores a tomar en cuenta para la fijación de la garantía, como la cantidad de dinero establecida líquidamente y el instrumento financiero aplicable; esto es, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio y las operaciones aritméticas conducentes; lo anterior es así, porque el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este incidente consistió en la privación de la propiedad o posesión del local comercial número *******, y la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, fue para el único efecto de que continuara el curso del procedimiento de remate hasta antes de que se ordenara la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario; es decir, que no se realizara acto alguno tendente a afectar los bienes o el patrimonio de la parte quejosa. Luego, si el tercero interesado no acreditó el monto que dejó de recibir con motivo de la suspensión otorgada, habiéndose generado con ello daños y perjuicios a su favor, resulta inconcuso que el incidente respectivo resulta infundado. Aunado a que cuando los daños y perjuicios no aparecen claramente derivados de la obligación incumplida, en este caso es necesario que el afectado exponga en qué consistieron para estar en condiciones de demostrar su existencia, circunstancia que no aconteció. Por otra parte, se estima mencionar que el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto a la parte quejosa, no provocó en sí mismo que al tercero interesado, ahora incidentista, haya dejado de recibir una suma de dinero, y con ello se le hayan generado daños y perjuicios a su favor, menos aún que ello constituya un hecho notorio, conforme a la tesis de jurisprudencia 95/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2288, cuyos rubro y texto dicen: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios". Como se ve, la aludida jurisprudencia refiere en su parte conducente, que en los casos en que el tercero interesado deja de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Sin embargo, acorde a lo expresado en párrafos precedentes y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado no es evidente que la parte actora incidentista haya dejado de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto. En esa medida, la incidentista debió probar sus afirmaciones de daños causados. Así es, el Alto Tribunal ha dicho que en los casos en que, por ejemplo, no se pudo disponer de un inmueble, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado; y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos -dice el Alto Tribunal-, es importante conocer si el tercero interesado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así -dice también el Alto Tribunal-, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron; y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Consideraciones que se desprenden de la parte conducente de la jurisprudencia 80/2011, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, cuyos rubro y texto dicen: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". En consecuencia, si el actor incidentista afirma que sufrió daños y perjuicios con motivo del otorgamiento de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, sin duda debía acreditar con medios idóneos su causación, por lo que ante la falta de prueba de los hechos que relata, resulta inconcuso que con la medida cautelar otorgada no se causaron daños y perjuicios a dicho incidentista. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. LXIV/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 579, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2014645, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE ACREDITARLOS. Tomando en cuenta que conforme a lo previsto en los artículos 2108 a 2110 del Código Civil para el Distrito Federal, los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse, puede establecerse que hay casos en que la demostración de los daños y perjuicios se logra con la prueba del incumplimiento del cual derivan, como ocurre cuando la obligación incumplida consiste en el pago de dinero, en que por disposición del artículo 2117 del mismo ordenamiento, se traducen en el pago de un interés derivado de la falta de entrega del numerario; o bien, cuando se demuestra el incumplimiento en el plazo de entrega de un bien mueble o inmueble, en que tal hecho acredita al mismo tiempo el menoscabo patrimonial que representa verse privado del derecho de uso de un bien, que amerita ser resarcido. En cambio, hay otros casos en que los daños y perjuicios no aparecen claramente derivados de la obligación incumplida, sino que resulta necesario que el afectado exponga en qué consistieron, para estar en condiciones de demostrar su existencia." Así como también la tesis aislada I.3o.C.120 K (9a.) de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1983, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro electrónico 159870, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Por otra parte, si bien es cierto que la incidentista ofreció como pruebas, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones y la documental publica, que fueron relacionadas en esta resolución, únicamente acreditan lo que en ellas se contiene; es decir, la existencia del presente juicio en el que se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, más no los daños y perjuicios que a su criterio le ocasionó la suspensión otorgada en el incidente respectivo. Consecuentemente, la pruebas referidas, no son aptas para demostrar el fundamento de la pretensión del incidentista, esto es, no se demuestra plenamente haber resentido los daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada, pues en el caso, no existen mayores pruebas que sustenten las afirmaciones del incidentista, en el sentido de que se le causaron daños y perjuicios, en virtud de la concesión de la medida cautelar. Por lo anterior, resuelta infundado el incidente tramitado para hacer efectiva la garantía otorgada por el quejoso, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 446/2019-II, materia de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en lo dispuesto por el artículo 156, de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se declara infundado el presente incidente promovido por ******, para hacer efectiva la garantía otorgada por el quejoso ******en el incidente de suspensión derivada del juicio de amparo 446/2019-II. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Colima, Colima, quince de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que, el término de tres días otorgado a las partes, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, feneció para el quejoso ******, el siete de junio de dos mil veintiuno, mientras que para el tercero interesado ******, el catorce del mismo mes y año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con veintidós minutos del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, para la verificación de la audiencia incidental. Notifíquese personalmente.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
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