Martin Lujano Hernández

Expediente 421/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
421/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • Martin Lujano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficios a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso Martín Lujano Hernández, mediante el cual señala nuevo domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autoriza para tal efecto a la persona que designa sin revocación de los autorizados con anterioridad, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo por no habérselas conferido expresamente. Se comisiona al actuario tome nota del señalamiento de domicilio para realizar las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 421/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 10280, atento a su contenido se acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público adscrita. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia, la cual es del tenor siguiente: RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia; Martín Lujano Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes; Autoridades responsables: 1) Director del Centro Penitenciario; 2) Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social; y, Zamora, Michoacán. 3) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Ciudad. Actos reclamados: - La orden de traslado del lugar en que guarda reclusión a diverso complejo penitenciario, así como su ejecución. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 13, 14, 16, 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 421/2018 y en proveído de once de mayo de dos mil dieciocho se admitió la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos se reclaman a autoridades con domicilio dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, misma en que se encuentra recluida la parte quejosa. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La orden de traslado del lugar en que guarda reclusión a diverso complejo penitenciario, así como su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La totalidad de las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara medio de convicción para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en el considerando que antecede. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martín Lujano Hernández, en contra de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el tercero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios que remiten el Director y Encargado del Departamento de Seguridad y Custodia ambos del Centro Penitenciario en el Estado de Michoacán, con residencia en Zamora; sin embargo, agréguense únicamente para que obren como correspondan dado que el catorce de mayo del año en curso, se proveyó sobre su contenido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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