Martín Lucas Salinas

Expediente 1187/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1187/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Martín Lucas Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Martín Lucas Salinas, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1187/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La propuesta de pago por parte del ISSSTE mediante oficio número 2.11.15.5/2701/2022, por el que pretende dar cumplimiento a la sentencia de queja por defecto, de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio 746/20-21-01-8-OT del índice de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1.3. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula el promovente. El tres de junio de dos mil veintidós, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio DPSH/1172/2022, mediante el cual refirió dar cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 746/20-21-01-8-OT. De dicho oficio se advierten algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de los porcentajes de incremento que realmente corresponden a la parte quejosa. Posteriormente, derivado de dichas inconsistencias el veinticuatro de junio del año en curso, presentó una queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, por la propuesta de pago realizada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual se resolvió el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, el cinco de octubre de dos mil veintidós, se notificó al quejoso la propuesta de pago mediante el oficio 2.11.15.5/2701/2022, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la cual el ISSSTE, pretende dar cumplimiento a la sentencia de queja. Siendo éste el acto aquí´ reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado deben ser reclamadas en contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no tengan relación directa con lo juzgado en la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que sí será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución, como sucede con el arresto, los incidente de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, ya que en esos casos, la última resolución de esta etapa, a la que se refiere la norma analizada, no se ocupará de su análisis, precisamente por la autonomía que guardan respecto de la cosa juzgada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." En el caso, es importante destacar que de las manifestaciones narradas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el oficio 2.11.15.5/2701/2022 de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que realizó una propuesta de pago en relación a la actualización de los montos que deben ser pagados por motivo de la pensión que recibe el quejoso, ello en acatamiento a la resolución de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio 746/20-21-01-8-OT, en la que la parte quejosa resultó vencedora. A fin de corroborar lo anterior, es menester precisar que la naturaleza del oficio impugnado forma parte de la fase ejecutiva del juicio administrativo, más no se trata de un acto autónomo a dicho procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la materia, no le sea aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo. Asimismo, tampoco le es aplicable el caso de excepción al no vulnerar de manera irreparable los derechos sustantivos del promovente del amparo; aunado a que, se reitera, tratándose de la de ejecución de sentencia o laudo, el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse también los vicios que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución, de otra forma, daría lugar a desnaturalizar el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dicho acto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad. Es aplicable la Jurisprudencia P. /J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se sostiene lo anterior, ya que el oficio reclamado sólo tiene por efecto realizar una propuesta de pago, el cual no se advierte que haya sido aprobado, por lo que no se trata de un acto definitivo en la ejecución de la sentencia administrativa, aunado el quejoso está en condiciones de comparecer ante la responsable y manifestar lo relativo a la aceptación o no de la propuesta, de tal suerte que la posible violación que destaca no le irroga, de momento, un perjuicio en la esfera jurídica del impetrante que afecte algún derecho sustantivo para que por excepción proceda el amparo biinstancial. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que Josafat Torres Bravo gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas, mientras que Luis Ignacio Campos Anguiano y José Luis de la Cruz Neri, únicamente para oír y recibir notificaciones, ello por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARTIN LUCAS SALINAS LA DETERMINACION DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Martín Lucas Salinas, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1187/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La propuesta de pago por parte del ISSSTE mediante oficio número 2.11.15.5/2701/2022, por el que pretende dar cumplimiento a la sentencia de queja por defecto, de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio 746/20-21-01-8-OT del índice de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1.3. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como 1°, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula el promovente. El tres de junio de dos mil veintidós, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio DPSH/1172/2022, mediante el cual refirió dar cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio 746/20-21-01-8-OT. De dicho oficio se advierten algunas inconsistencias en cuanto a la aplicación de los porcentajes de incremento que realmente corresponden a la parte quejosa. Posteriormente, derivado de dichas inconsistencias el veinticuatro de junio del año en curso, presentó una queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, por la propuesta de pago realizada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual se resolvió el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, el cinco de octubre de dos mil veintidós, se notificó al quejoso la propuesta de pago mediante el oficio 2.11.15.5/2701/2022, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la cual el ISSSTE, pretende dar cumplimiento a la sentencia de queja. Siendo éste el acto aquí´ reclamado. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, deberá examinarse el escrito de demanda en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso concreto, se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado deben ser reclamadas en contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no tengan relación directa con lo juzgado en la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que sí será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución, como sucede con el arresto, los incidente de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, ya que en esos casos, la última resolución de esta etapa, a la que se refiere la norma analizada, no se ocupará de su análisis, precisamente por la autonomía que guardan respecto de la cosa juzgada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." En el caso, es importante destacar que de las manifestaciones narradas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el oficio 2.11.15.5/2701/2022 de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que realizó una propuesta de pago en relación a la actualización de los montos que deben ser pagados por motivo de la pensión que recibe el quejoso, ello en acatamiento a la resolución de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio 746/20-21-01-8-OT, en la que la parte quejosa resultó vencedora. A fin de corroborar lo anterior, es menester precisar que la naturaleza del oficio impugnado forma parte de la fase ejecutiva del juicio administrativo, más no se trata de un acto autónomo a dicho procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la materia, no le sea aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo. Asimismo, tampoco le es aplicable el caso de excepción al no vulnerar de manera irreparable los derechos sustantivos del promovente del amparo; aunado a que, se reitera, tratándose de la de ejecución de sentencia o laudo, el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse también los vicios que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución, de otra forma, daría lugar a desnaturalizar el juicio de amparo. Ello, en virtud de que dicho acto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad. Es aplicable la Jurisprudencia P. /J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se sostiene lo anterior, ya que el oficio reclamado sólo tiene por efecto realizar una propuesta de pago, el cual no se advierte que haya sido aprobado, por lo que no se trata de un acto definitivo en la ejecución de la sentencia administrativa, aunado el quejoso está en condiciones de comparecer ante la responsable y manifestar lo relativo a la aceptación o no de la propuesta, de tal suerte que la posible violación que destaca no le irroga, de momento, un perjuicio en la esfera jurídica del impetrante que afecte algún derecho sustantivo para que por excepción proceda el amparo biinstancial. De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que Josafat Torres Bravo gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas, mientras que Luis Ignacio Campos Anguiano y José Luis de la Cruz Neri, únicamente para oír y recibir notificaciones, ello por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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