Martín Lucano Vences Peralta
Expediente 376/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martín Lucano Vences Peralta
- Juez Segundo de Primera Instancia, Papantla, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista; la pieza postal que contiene el oficio 11192/2021 dirigido a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con la anotación al reverso que a la letra dice: "cerrado por vacaciones"; agréguese al sumario para que obre como corresponda y toda vez que mediante la Circular 1, de doce de enero del año en curso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, informó que el periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, será del doce al treinta de julio de dos mil veintiuno. Por lo que, resulta un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 16/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO." En consecuencia, resérvese el envío del oficio de que se trata, hasta en tanto la supracitada autoridad reanude sus labores, el cual deberá remitirse el dos de agosto de la presente anualidad. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y envíese el oficio 11192/2021, el dos de agosto de dos mil veintiuno. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 376/2020, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la pretensión de cumplimiento de la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el treinta de abril de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional solicitada a Martín Lucano Vences Peralta, por propio derecho, para el efecto de que la Jueza Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla de Olarte, Veracruz: ".deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emita otra en la que, una vez que considere que el plazo de tres años de prescripción previsto en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, transcurre por año de calendario, es decir, incluyendo días hábiles e inhábiles, realice al estudio de la figura extintiva a partir del requerimiento de pago efectuado al quejoso en fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda." Esto, al considerarse que lo resuelto el siete de septiembre de dos mil veinte, donde se declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, no se encontraba ajustada a derecho toda vez que señaló que existían actuaciones que interrumpían el término para la prescripción en el juicio ejecutivo mercantil número 111/2019-IV, promovido por Cristina Pérez García, en contra de Martín Luciano Vences Peralta. Lo anterior al considerar que la responsable inobservó el plazo de tres años establecido en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, el cual debe computarse por año de calendario, es decir, de fecha a fecha, sin que sea legalmente válido sustituir la unidad de tiempo a días, porque de haber sido esa la voluntad del legislador así lo hubiera plasmado en la disposición legal. En auto de veintiuno de mayo del año en curso se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Luego, por acuerdo de cuatro de junio pasado, se tuvo a la Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz, informando el cumplimiento dado al fallo protector con las constancias respectivas. Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a las constancias remitidas, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que la autoridad responsable por resolución de dos de junio del año en curso dictada en el expediente 111/2019/IV, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 111/2019-IV; y b) Con libertad de jurisdicción declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por el aquí quejoso Martín Lucano Vences Peralta, y determinó que había prescrito el derecho de la parte actora para exigir al demandado la ejecución de sentencia emitida en esos autos. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la responsable como anexo al oficio 1226/2021, del que se advierte, en lo que interesa, que la responsable dejó insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 111/2019-IV; asimismo, emitió una nueva determinación en la que lo declaró procedente y determinó que había prescrito el derecho de la parte actora para exigir al demandado la ejecución de sentencia emitida en esos autos. En estas condiciones, del examen comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable, se obtiene que cumplió con el núcleo esencial de la concesión consistente en dejar insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar emitió una nueva determinación en la que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 111/2019-IV y determinó que había prescrito el derecho de la parte actora para exigir al demandado la ejecución de sentencia emitida en esos autos. Sirve de apoyo a esta conclusión, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2007970 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 75/2014 (10a.) Página: 627 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la tercera interesada, como está ordenado en autos de diecinueve de noviembre y dieciocho de diciembre, ambos de dos mil veinte, respectivamente. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Diana Rodríguez Cruz, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en la lista de acuerdos publicada el siete de junio de dos mil veintiuno, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, omitió notificar a la parte quejosa Martín Lucano Vences Peralta y tercera interesada Cristina Pérez García, el acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, como se ordenó en autos de diecinueve de noviembre y dieciocho de diciembre, ambos de dos mil veinte, respectivamente. En tal virtud y en obvio de mayores dilaciones procesales, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las referidas partes procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de que el actuario judicial adscrito realice la notificación de mérito por lista. Con independencia a lo expuesto, se instruye al fedatario judicial adscrito para que en lo sucesivo realice las funciones propias de sus labores como actuario con el profesionalismo y debido cuidado que se requiere. Lo anterior, se determina de esa manera, en virtud de que la impartición de justicia no puede verse obstaculizada por ese tipo de omisiones y que éstos repercutan en perjuicio de las partes y en el buen desarrollo de las actividades de este órgano jurisdiccional. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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