Martin Lopez Martinez

Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Martin Lopez Martinez
  • MARTIN LOPEZ MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el que devuelve el despacho 120/2023 del índice propio, en razón a que en proveído de dieciséis de junio del año en curso se acordó lo conducente por haberse recibido la misma información vía correo electrónico. No obstante lo anterior, toda vez que en proveído de diecinueve de junio del año en curso, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, aceptó la competencia declinada, por este juzgado, remítasele vía postal el oficio y anexo de cuenta, para que pueda proveer conforme a derecho, sin que se óbice, que en el auto en mención, se le remitió dicho despacho, que se recibió por correo electrónico. Cúmplase.

  2. Principal

    SECCIÓN II. MESA V. PRAL. 585/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número 336/2023. Archivo del expediente como concluido En otro orden, con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 19, fracción I, inciso b), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, este expediente resulta DESTRUIBLE, de ahí que transcurridos seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Finalmente, envíense las constancias que solicita la autoridad oficiante, cuya remisión se había reservado, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto, este juzgado tuviera conocimiento qué juzgado de Distrito continuaría con el trámite del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que en atención al requerimiento de catorce de junio actual, remite copia autorizada en formato PDF de la sentencia de procedimiento abreviado dictada el catorce del actual, dentro de la causa penal ********************/2021 de su índice, que se instruye en contra de Lorenzo Jiménez López, por el delito de homicidio en riña, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Noé Pérez. Se informa a Tribunal de Alzada Ahora bien, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, es quién se encuentra tramitando el medio de impugnación interpuesto por el tercero interesado, contra el auto de diez de abril del presente año, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto y que deriva de este cuaderno de antecedentes, el cual quedó radicado bajo el número 11/2023, de su índice. A fin de que tenga conocimiento de la sentencia de procedimiento abreviado dictada el catorce de junio actual, dentro de la causa penal ********************/2021 del índice de la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca, mediante oficio, remítase copia certificada del oficio de cuenta, así como del diverso que remitió dicha autoridad con número de registro 8075, para que acuerde lo que conforme a derecho proceda en relación al recurso de inconformidad interpuesto en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno. Notifíquese.

  4. Principal

    "***** San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Recepción y registro Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 585/2023. Se decreta la suspensión de plano Previamente, con fundamento en los artículos 15, 126 y 164 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos fueron remitidos a las autoridades ministeriales responsables, de acuerdo a lo que narra la parte promovente, se concede a los directos quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos que reclaman consistentes en la orden de detención o retención ilegal de la libertad, para que conforme al artículo 165 de la Ley de Amparo, queden a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentran detenidos, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición del Ministerio Público para la debida integración de la investigación correspondiente, a fin de que éste dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o noventa y seis si se trata de delincuencia organizada, los ponga en libertad o los consigne ante la autoridad judicial que corresponda. Respecto de la incomunicación de la que indican son objeto, así como los tratos inhumanos y tortura, para el efecto de que las autoridades responsables de inmediato se abstengan de llevar a cabo los citados actos, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por lo anterior, requiérase a las responsables para dentro del término de VEINTICUATRO HORAS hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión decretada; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa reclama entre otros actos, la tortura; por ello, en términos del artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, para que actúe en consecuencia de acuerdo a sus atribuciones legales. Se ordena girar despacho Por tanto, con apoyo en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su ordinal 2º, gírese despacho, vía fax o vía correo electrónico, al Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, de inmediato, se presente en las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de la Costa (Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Distrito 22, Oaxaca), a efecto de que certifique si los directos agraviados se encuentran detenidos y el estado físico de los mismos, además, los requiera para que en ese acto o dentro del plazo de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por *** así como, para que señalen domicilio en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, o en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones. En el entendido que de no ratificar la demanda de amparo se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto las providencias dictadas, de conformidad con el aludido numeral 15 de la Ley de Amparo; además, de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones se tendrá como tal el que señaló el directo promovente en su demanda de amparo. Asimismo, ratifiquen a la autoridad ante quien estén detenidos los agraviados, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención o retención ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y tratos inhumanos, de que pudieran ser objeto; y, levante acta pormenorizada de todo lo anterior. Con independencia de lo anterior, en términos del último párrafo del artículo 15, de la ley de la materia, en el caso de que el fedatario judicial del juzgado auxiliar sea informado que los quejosos se encuentran detenidos en un lugar diverso, sin mayor razón o necesidad de proveído, se le comisiona para que se constituya en el lugar de retención que se le indique, siempre y cuando dicho sitio se encuentre dentro de la zona donde ejerza competencia dicho órgano jurisdiccional. Por otro lado, requiérase al Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, para que ordene a quien corresponda se haga entrega de los oficios derivados del presente juicio de amparo dirigidos a las autoridades responsables, debiendo recabar la constancia de entrega correspondiente. Hecho lo anterior, a la brevedad posible, deberá devolver la comunicación oficial debidamente diligenciada por la misma vía fax o correo electrónico, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. Declaración de Incompetencia En tales condiciones, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como del lugar de ejecución de dichos actos, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En el caso, la parte quejosa Uriel López Martínez a favor de Martín y Pedro, ambos de apellidos López Martínez, reclama de las autoridades responsables, Vicefiscal Regional de la Costa, Oaxaca, y Fiscal en Turno de la Vicesfiscalía Regional de la Costa, Oaxaca, lo siguiente: De las autoridades señaladas como responsables ORDENADORAS Y EJECUTORAS, reclamo la ORDEN DE DETENCIÓN, RETENCIÓN e INCOMUNICACIÓN EJECUTADA EN CONTRA DE LOS QUEJOSOS, en la Vicefiscalía de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oaxaca, en la calle Segunda Poniente, sin número, esquina tercera sur, sector Hidalgo, Puerto Escondido, Oaxaca. Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. En ese contexto, es necesario establecer que de acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias de autos, y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". (.) XII. (.) Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca. La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 37 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. Ahora bien, en el caso, se aprecia que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la orden de detención, retención e incomunicación, actos que reclama del Vicefiscal Regional de la Costa, Oaxaca, y Fiscal en Turno de la Vicesfiscalía Regional de la Costa, Oaxaca. En ese sentido, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino el Juez de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno; pues acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (.) San Pedro Mixtepec, (.)". En ese sentido, al advertirse que los actos reclamados tienen ejecución en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Distrito 22, Oaxaca, perteneciente a Puerto Escondido, Oaxaca, ya que se trata del lugar donde se encuentra detenida la parte quejosa, con lo que resulta evidente que los actos reclamados no tienen ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el citado Acuerdo General, siendo competente para ello, el Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, al ejercer jurisdicción en donde se están ejecutando los actos reclamados. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, la demanda de amparo y copias de la misma, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo el promovente, y por autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erick Lagunas Calvo, porque se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que menciona, en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Número telefónico Respecto al número telefónico que proporciona el promovente del amparo, toda vez que dicha parte procesal no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias relativas. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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