Martin López Bazaldúa
Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Martin López Bazaldúa
- Juez Mixto de Primera Instancia. del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el estado. Valle Hermoso, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada por este juzgado, terminada de engrosar el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías 606/2022-VIII, promovido por ********************(fojas 232 a 239); por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, no obstante que no se realice el cómputo del plazo para interponer recurso respecto de las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la citada ley, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dada la naturaleza del mismo en este juicio constitucional. En consecuencia y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, dado el sentido de su resolución definitiva, misma que no requiere ejecución alguna; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que es un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito dentro de los treinta días siguientes, deberá iniciar el procedimiento de destrucción y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Finalmente, de autos se advierte que en esta propia fecha, se ordenó el archivo definitivo de este asunto; sin embargo, obra en este órgano jurisdiccional un tomo de pruebas remitido por la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas; en consecuencia, devuélvase dicho anexo a su lugar de procedencia dado que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 606/2022-VIII, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensiones provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido para todos los efectos legales, por lo que resulta innecesaria la retención de los billetes de depósito N 884390 y N 884395 (fojas 46 y 93), expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que amparan cada uno, la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibidos por el quejoso ********************y su autorizado licenciado ********************para que surtieran efectos tanto la suspensión Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 606/2022-VIII. Conste. Secretaria provisional como la definitiva concedidas dentro del presente asunto. En consecuencia, requiérase al nombrado agraviado, para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a fin de devolverle dichos documentos, previa identificación con fotografía y acta que quede asentada en autos, apercibido que en caso de no hacerlo y una vez transcurrido el término de dos años, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 50, en relación con el diverso 21, ambos de la Ley de Tesorería de la Federación; esto es, se declarará su prescripción y se ordenará hacer efectivas las cantidades que amparan los citados billetes de depósito, en favor del Fisco Federal. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
S e n t e n c i a . Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 606/2022-VIII, promovido por Martín López Bazaldúa, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Recepción de demanda. Por escrito y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, el trece de junio de dos mil veintidós y turnado a este tribunal el catorce siguiente (fojas 1 a 37 de esta contienda), el impetrante de mérito, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y actos reclamados que se describen: Autoridades responsables: Como ordenadora. 1) Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Valle Hermoso. Como ejecutora: 2) Actuario adscrito al mismo Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Valle Hermoso. Actos reclamados. ".De la autoridad ordenadora el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, de la ciudad de Valle Hermoso, le reclamo el auto de fecha 16 de mayo del 2022, dictado dentro de los autos del expediente 57/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la empresa SOLUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR, a través de su apoderado RAMÓN GARCÍA SALINAS, ya que mediante dicho auto, se decretó o declaró formalmente el embargo del dinero, acciones, títulos de crédito, títulos valor y/o valores que se encontraban a nombre de los demandados MALOBA, S de RL de CV, con registro federal de causantes MAL120305157; MARTÍN LÓPEZ BAZALDÚA, con registro federal de causantes LOBM680108JN4 y BRENDA PATRICIA ORTEGA MARTÍNEZ con registro federal de causantes OEMB720319H18, con clave única de registro de población OEMB720319MTSRRR01, ya sea en moneda nacional y extranjera, en las cuentas de depósito bancario de dinero de cualquier tipo y forma de disposición, cuentas de depósito bancario de dinero de cualquier tipo y forma de disposición, cuentas de depósito bancario de valores, cuentas de cheques, cuentas de nómina, cuentas de inversión, cuentas de valores, títulos de valor, títulos de crédito y acciones depositadas en cuenta de depósito y/o en cargas de seguridad de las siguientes instituciones de crédito: 1. BANORTE. 2. BANAMEX ahora CITIBANAMEX. 3. BBVA MÉXICO, S.A., institución de banca múltiple, GRUPO BBVA México. 4. BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Institución de banca múltiple, grupo financiero SANTANDER. De igual manera, resulta de suma importancia señalar, que en el auto que hoy se reclama de inconstitucional, se decretó el embargo de un terreno rústico con superficie de 2-53-12 Hectáreas (DOS HECTÁREAS, CINCUENTA Y TRES ÁREAS, DOCE CENTIARIAS) identificado como fracción de lote 74, ubicado en la brecha 109-110 kilómetro, 82-125-250-W, municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al NORTE en 230 metros con lote 73, al SUR en 145 metros con lote 75; al ESTE en 125 metros colinda con brecha 110; y al OESTE en línea inclinada de 145 metros colinda con fracción que se reserva RAMÓN GALINDO ROJAS; dicho inmueble está amparado con escritura pública número 4400, volumen 38, de fecha 10 de noviembre del 2006 a favor del suscrito quejosa y se encuentra inscrita bajo la finca 3015 del municipio de Valle Hermoso en el Registro Público de la Propiedad." Segundo. Radicación de ocurso inicial. El catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 38 a 40 del presente asunto), se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada en el libro de gobierno bajo el número 606/2022-VIII; se ordenó la apertura de incidente de suspensión en virtud de haberse solicitado expresamente; asimismo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se emplazó al tercero interesado (fojas 84 a 143, 157 y 158 de este juicio); de igual forma, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que en su oportunidad, tuvo verificativo según el acta que antecede (fojas 230 y 231 del presente expediente); y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías y anexos (fojas 1 a 37 del cuaderno principal), se desprende que los actos que reclama la parte quejosa de las autoridades señaladas como responsables, son: ? El auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 88 a 90 del tomo anexo que obra por cuerda separada), dictado en el expediente 57/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Valle Hermoso, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Soluciones Financieras Internacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada; proveído en el cual, se decretó el embargo precautorio, entre otras cosas, de las cuentas bancarias existentes a nombre del demandado, aquí quejoso [Martín López Bazaldúa] y de un bien inmueble inscrito a nombre de dicho agraviado; así como la ejecución del embargo aludido. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen al Titular y al Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en Valle Hermoso, pues al rendir su informe justificado así lo manifestaron expresamente (fojas 55 y 56 del cuaderno principal). Lo que además se colige del contenido de las constancias que allegaron a este asunto, como complemento de su informe justificado (fojas 57 y 103 a 226 del expediente en que se actúa, así como un tomo de pruebas que obra por cuerda separada); a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del numeral 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." Las autoridades responsables hicieron valer como causal de improcedencia la definitividad (fojas 55 y 56 del cuaderno principal); en el caso, este tribunal considera que se actualiza dicha causa, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." Dicho numeral contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. En efecto, el mencionado 'principio de definitividad' supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Esto es, es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En principio, el juez responsable admitió a trámite en fecha seis de mayo del año en curso, el juicio ejecutivo mercantil 57/2022 de origen (fojas 79 a 82). Asimismo, mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 1068, 1069, 1070, 1071, 1168, 1175 al 1178, todos del Código de Comercio, obsequió providencias precautorias sobre embargo (fojas 88 a 90 del tomo anexo que obra por cuerda separada), al efecto, decretó el embargo precautorio, entre otras cosas, de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del demandado Martín López Bazaldúa, en las instituciones de crédito que integran el sistema bancario nacional y de un bien inmueble rústico ubicado en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, a efecto de garantizar la cantidad de $1'669,780.14 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta pesos 14/100 moneda nacional), que es el importe que en cantidad líquida se reclama dentro del juicio natural. Así, se pone de relieve que el controvertido de origen es de cuantía mayor, al tenor del artículo 1340 del Código de Comercio, ya que excede de $757,365.46 pesos por concepto de suerte principal. Ahora, el ordenamiento aplicable al acto reprochado (Código de Comercio), en sus numerales 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas 'providencias precautorias', consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. Al mismo tiempo, el referido recurso de apelación también comprende las providencias precautorias dictadas como actos prejudiciales o antes de juicio. Cierto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 102/2017, suscitada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, y jurisdicción en toda la República, y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en lo que importa, se estableció: "37. Como se observa, en los juicios mercantiles, el Código de Comercio dispone un sistema de medidas cautelares o providencias precautorias cerrado, en el que únicamente contempla como tales: la radicación de persona y la retención de bienes, en la forma y términos que establecen los artículos 1168 a 1180 del capítulo transcrito. Y nótese que, indistintamente, las denomina "medidas cautelares" o "providencias precautorias", pero siempre refiriéndose sólo a las dos anteriores. 38. La primera, es decir, la radicación de persona, se prevé sobre la base de la existencia de temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba promover o se haya promovido una demanda. 39. La segunda, esto es, la retención de bienes, se contempla sobre la base de los siguientes presupuestos fácticos: a) cuando exista temor fundado de que los bienes dados en garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, b) cuando la acción a ejercer o ejercida sea de carácter personal, y el demandado no tenga otros bienes que aquellos sobre los cuales se pide la medida y existe temor fundado de que aquél disponga de ellos, los oculte, dilapide o enajene. 40. De conformidad con dicho sistema, esas medidas cautelares o providencias precautorias pueden decretarse como actos prejudiciales o una vez iniciado el juicio mercantil (artículo 1177); y una vez ordenada, la persona contra la cual se decreta (el demandado) tiene la oportunidad de consignar el valor u objeto reclamado, otorgar fianza o garantizar con bienes suficientes el valor de lo reclamado, a fin de que la medida quede sin efectos (artículo 1179); asimismo, una vez ejecutada la medida o providencia de que se trate, en el caso en que ésta se haya decretado antes de la promoción de la demanda del juicio mercantil respectivo, la medida quedará sin efectos si el actor no promueve el juicio dentro del plazo que para el caso le otorga la ley, declaración que deberá hacerse por el Juez incluso oficiosamente (artículos 1181 y 1182); también se prevé la posibilidad de que el demandado solicite la modificación o revocación de la medida cuando ocurra un hecho superveniente que faculte para ello, siempre que no exista sentencia ejecutoria en el juicio (artículo 1183). 41. Además de las anteriores formas en que pueden levantarse o quedar sin efectos las medidas cautelares o providencias precautorias (radicación de persona o retención de bienes), el Código de Comercio prevé que la resolución que las decreta es impugnable mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata y en efecto devolutivo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de ese ordenamiento (artículo 1183). 42. Y, adicionalmente, la legislación en análisis contempla una instancia de "reclamación" a favor de tercero, cuando se trate de retención de bienes, bajo el procedimiento regulado en los artículos 1184 a 1186 ante el propio Juez que conoce del proceso mercantil; de igual modo, la resolución que resuelve dicha reclamación, también es impugnable mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata y en efecto devolutivo (artículo 1187). 43. Por otra parte, los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1, del Código de Comercio, mencionados en el numeral 1183, establecen: (Reformado primer párrafo, D.O.F. 9 de enero de 2012) (actualizado en su monto, D.O.F. 26 de diciembre de 2017) "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (Adicionado, D.O.F. 9 de enero de 2012) "Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. (Adicionado, D.O.F. 9 de enero de 2012) "Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. (Reformado, D.O.F. 9 de enero de 2012) "Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este código." N. de E. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, ver artículo único transitorio del decreto que modifica el código. (Reformado, D.O.F. 17 de abril de 2008) "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: "... "IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo. " N. de E. en relación con la entrada en vigor del presente artículo, ver artículo único transitorio del decreto que modifica el código. (Adicionado, D.O.F. 17 de abril de 2008) "Artículo. 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. (Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2008) "Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. " 44. De manera que de acuerdo con los preceptos citados hasta aquí, la resolución que otorga una medida cautelar o providencia precautoria relativa a la radicación de persona o retención de bienes en un juicio mercantil, puede ser impugnada por el demandado o futuro demandado contra quien se decreta, inclusive por el actor si es que estima que los términos en que se concedió la medida le causan perjuicio, mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata, en efecto devolutivo, siempre y cuando la sentencia definitiva que deba recaer al juicio sea apelable por razón de cuantía." Como se ve, el acto reclamado consiste en una medida de aseguramiento como providencia precautoria en un juicio mercantil (fojas 88 a 90 del tomo anexo), ya que decreta el embargo precautorio, entre otras cosas, de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del demandado Martín López Bazaldúa, en las instituciones de crédito que integran el sistema bancario nacional y de un bien inmueble rústico ubicado en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, a efecto de garantizar la cantidad de $1'669,780.14 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta pesos 14/100 moneda nacional), que es el importe que en cantidad líquida se reclama dentro del juicio natural. Por lo que, de acuerdo a los artículos 1183 y 1345 fracción IV, del Código de Comercio, es recurrible a través de la apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pues como se dijo en párrafos precedentes, es de cuantía mayor a la prevista por el numeral 1340 del ordenamiento mercantil en cita, al exceder la suerte principal a la cantidad de $757,365.46 pesos. En consecuencia, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo antes de acudir al juicio constitucional, ya que a través del aludido medio de defensa ordinario, el acto reclamado pudo ser modificado, revocado o nulificado por el tribunal de alzada. Empero, la parte agraviada no lo hizo y vulneró el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, relativo al agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo. Se invoca en sus aspectos sustanciales y conducentes, el texto de la jurisprudencia 1a./J.40/2018 (10a.), con registro digital número 2017693, de rubro y texto: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Por otra parte, aunque el acto reclamado produzca efectos de imposible reparación, la parte quejosa no quedó relevada de agotar el recurso ordinario. Corrobora lo expuesto el contenido de la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), con registro digital 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Para recapitular, la procedencia del recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, contemplado en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, tampoco está sujeto a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. Cierto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dirimió la contradicción de tesis 385/2014, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en lo que interesa estableció: ".En consecuencia, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis: RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación. Ahora bien, a mayor abundamiento, dado que la presente contradicción de tesis ha sido resuelta, es importante advertir que la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, en este caso formada por contradicción de tesis, brinda seguridad jurídica a los gobernados, por lo que al haberse determinado con carácter obligatorio cuál es el recurso ordinario a interponer previamente a la promoción del juicio de garantías, a partir de la vigencia de la presente jurisprudencia no resultará aplicable el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, debido a que, precisamente, a través de la jurisprudencia y la certeza jurídica que ésta da al ordenamiento jurídico, no existe la necesidad de realizar una "interpretación adicional" o colmar la "insuficiencia de la fundamentación" respecto a la procedencia de los recursos ordinarios." De tal suerte, a través de la jurisprudencia y la certeza jurídica que da al ordenamiento jurídico, no existe la necesidad de realizar una interpretación adicional o colmar la insuficiencia de la fundamentación, respecto a la procedencia del recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en contra de una resolución que otorga una medida de aseguramiento en un juicio mercantil. Lo anterior, porque la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de rubro, texto y datos de localización citados en líneas precedentes, habilita su procedencia. Por estas razones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías promovido por el quejoso Martín López Bazaldúa, contra los actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, en términos del ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Valle Hermoso, Tamaulipas, habida cuenta que tales actos no se combaten por vicios propios. Al anterior punto de vista se estima aplicable la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, página 690, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Dado que operó el motivo de improcedencia analizado, resulta innecesario determinar si concurren diversas causales, ni tampoco examinar los conceptos de violación plasmados por el impetrante (fojas 1 a 37 de este asunto), pues no variaría el sentido de esta resolución, dado que al ser improcedente el amparo, no serán susceptibles de estudio las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa. Al respecto, se cita la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, identificada con registro electrónico 216878 y que obra publicada en la página 233, del tomo XI, marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e : Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Martín López Bazaldúa, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, conforme a los razonamientos plasmados en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, terminada de engrosar hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, quien actúa asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado [complemento] rendido por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva mención del mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación con las documentales que se reciben con el informe rendido por la mencionada autoridad, téngasele cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral citado en el capítulo que antecede. Por tanto, tomando en cuenta que la audiencia constitucional se encuentra programada para esta propia fecha, y a fin de dar oportunidad a las partes de imponerse del contenido del informe de cuenta agregado anteriormente [complemento], se difiere su celebración y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y tres minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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