Martín López Álvarez
Expediente 1147/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2018
Partes del expediente
- Martín López Álvarez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de cinco días que prevé el numeral 98 de la Ley de Amparo en vigor, no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 8 a 12), mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** En consecuencia, conforme lo dispuesto en los dispositivos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia vigente, en su numeral 2, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el arábigo 214 de la Ley en comento, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el nueve de febrero del año en curso (fojas 48 a 57), la autoridad responsable denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, por conducto de su Presidente Árbitro, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de trece de febrero del año actual (foja 58), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 26 a 35), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en los ordinales 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, dispongan lo conducente para la elaboración del proyecto de laudo y emitan el mismo; lo anterior, en los autos del juicio laboral 460/2014, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables". Luego, por oficio y anexo recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit el nueve de febrero de la presente anualidad (fojas 48 a 57), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de la Presidente Árbitro, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió en copia certificada el laudo dictado en igual fecha, dentro del expediente laboral 460/2014 de su índice, del que se aprecia que condenó al demandado Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit (aquí tercero interesado), por diversas prestaciones y lo absolvió por otras. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once de abril del año en curso (fojas 163 a 172), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de ese mismo mes y año (foja 173), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el dieciocho siguiente (fojas 174 a 176); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veinticuatro de abril de este año; y en su oportunidad el quejoso realizó manifestaciones de su parte (fojas 177 a 181). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia de tres de enero de dos mil diecisiete (fojas 46 a 51), se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. Luego, mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre del año próximo pasado (fojas 118 a 130), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, dentro del amparo en revisión 422/2017 de su índice, derivado del diverso 102/2017 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se revocó la sentencia recurrida y en su lugar, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "(.) procede conceder la protección de la Justicia Federal para efectos de que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución reclamada. Atendiendo a las consideraciones aquí expuestas, de nueva cuenta analice el recurso de reconsideración y, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en el recurso de reconsideración 27/2016, en la que se declaró sin materia dicho medio de impugnación; y, Atendiendo las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida, con libertad de jurisdicción, acordar lo conducente. Ahora bien, por oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecinueve de enero del presente año (fojas 142 a 144), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó en lo que al caso interesa, que mediante acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, el Pleno de dicho Tribunal dejó insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en los autos del recurso de reconsideración 27/2016 de su índice, derivado del Juicio Contencioso SC-E-JCA 01/2016. Posteriormente, mediante libelo y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once del mes próximo pasado (fojas 163 a 173), el Secretario General de Acuerdos de la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en el medio de impugnación de previa cita, el tres de abril de dos mil dieciocho, en la que el Tribunal responsable se avocó a resolver el fondo del recurso promovido, analizó los agravios vertidos por el recurrente, aquí quejoso, considerándolos inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes; además, confirmó la resolución de veintinueve de marzo de dieciséis, dictada en el juicio de origen, a través de la cual se desechó de plano la ampliación de demanda formulada por el promovente de garantías. El aquí quejoso Walter Oswbaldo Especiano Parada manifestó que la ejecutoria no se encontraba cumplida; ello, porque la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con residencia en esta ciudad, estrictamente debió determinar lo que en derecho proceda, tal como lo estableció el Órgano Colegiado Auxiliar resolutor, es decir, considera que se debió admitir a trámite la ampliación de demanda que éste promovió en el juicio natural (fojas 177 a 181). Sin embargo, son infundados los motivos de inconformidad del agraviado, pues para tener por acatada la sentencia concesoria sujeta a cumplimiento, resulta suficiente que la autoridad responsable hubiere dejado insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de reconsideración 27/2016 de su estadística, derivado del Juicio Contencioso Administrativo SC-E-JCA 01/2016, en la cual se declaró sin materia el medio de impugnación en cuestión; y que hubiere emitido otra en el recurso de reconsideración que confirmó la determinación de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, ya que el núcleo esencial de la aludida ejecutoria fue precisamente que se analizara el recurso de reconsideración con libertad de jurisdicción. De ahí que, al otorgarse plenitud de jurisdicción a la responsable para que emitiera el fallo correspondiente, significa que en el sumario constitucional no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no se le constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, tiene libertad de decisión. En este tenor, si considera que la determinación de que se trata, en cuanto a la forma y fondo le causa alguna violación a sus derechos, deberá recurrirla a través del medio de impugnación respectivo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello en atención a la ejecutoria emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la que se revocó la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la resolución dictada en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 94 a 96), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 97), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad en mención a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 50 a 69), se determinó conceder a Modesto García Bañuelos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifiquen las normativas de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) que pagó el catorce de febrero de la presente anualidad, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARROT. <200M2. CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cabe precisar, que el cobro de la cantidad de $3.00 (tres pesos) por comisión bancaria, deberá descontarse del importe total referido, pues dicha cantidad no forma parte de la cantidad a devolver, según se aprecia de la impresión de pago que exhibió la quejosa y que fue adjuntada a su demanda de amparo, así como la que remitió el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 84 y 85). En cumplimiento a ello, por acuerdo de quince de mayo del año en curso (foja 97), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal del director general de ingresos responsable, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó que notificó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque 0000447 expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, que ampara la cantidad de $6,830.10 (seis mil ochocientos treinta pesos 10/100 moneda nacional), correspondiente al pago por los preceptos declarados inconstitucionales, pero que ésta no había comparecido a recogerlo, por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que se constituyera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $3.00 (tres pesos), por comisión bancaria, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil dieciocho, y el diez de mayo del año en curso se le notificó al peticionario del amparo que se encontraba a su disposición un cheque valioso por la cantidad citada; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil dieciocho a marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida y toda vez que el referido título de crédito se expidió el nueve de mayo del presente año, fecha que aún no se había actualizado el índice del mes de abril. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue 131.508; y para el mes de marzo de dos mil dieciocho 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00705. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,830.05 (seis mil ochocientos treinta pesos 05/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $47.81 (cuarenta y siete pesos 81/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la parte quejosa acuda ante la responsable para hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
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