Martin Limon Garcia

Expediente 2647/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2647/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Martin Limon Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió la protección constitucional para efectos de que el Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: "Dicte un auto en el cual se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes y señale fecha para su desahogo en el juicio laboral 1207/2020-16-C, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello, y ordene hacerlo del conocimiento a las partes." III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a través del comunicado de registro 3863 a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que la junta local el trece de febrero de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo donde se pronunció respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral 1207/2020-16-C, y ordenó hacerlo del conocimiento a las partes. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo 3516/2018, por estar concluido, en el cual, se consideró susceptible de destrucción, al haber causado estado el auto por medio del cual se tuvo por no presentada; sin embargo, en el acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. Por tanto, con la única finalidad de regularizar el procedimiento, con apoyo en lo establecido en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2, se provee de la manera siguiente: Orden de depuración y destrucción. Visto el estado procesal del presente expediente, y en cumplimiento los puntos décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el presente expediente, es susceptible de depuración, en tanto que, de autos se desprende que se concedió la suspensión de plano solicitada en autos; plazo que comenzó a transcurrir, al día siguiente al en que se ordenó el archivo como asunto concluido.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Informa opinión técnica. Vistos los oficios remitidos por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, se le tiene informando que mediante oficio CJ/DGJ/DC/300-01/2023, el Consejo Jurídico del citado Poder Ejecutivo emitió opinión técnica en la que determinó que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco es la dependencia de la actual administración pública que cuenta con las facultades y competencia legal para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que desde el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós se declaró firme la resolución incidental de nueve de mayo del mismo año, en la que se cuantificaron las prestaciones que se deben pagar en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, dé cumplimiento al fallo protector y acredite el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso *****, conforme a las cantidades cuantificadas en la planilla de liquidación de nueve de mayo de dos mil veintidós, que ascienden al monto de $1´065,290.04 (un millón sesenta y cinco mil doscientos noventa pesos 04/100 moneda nacional). Cantidad sobre la cual la autoridad responsable deberá calcular el monto que corresponda al Impuesto Sobre la Renta y lo relativo al fondo de pensiones, realizar la deducción correspondiente y el resto entregarlo al quejoso, descontando el monto que corresponde al aguinaldo (debido a que está exento de deducciones, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco). Además, teniendo presente que respecto del cumplimiento a las sentencias de amparo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en los casos en que en acatamiento a una sentencia de amparo se deba restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, las autoridades legalmente facultadas para disponer de los recursos presupuestales autorizados por el órgano competente para ello, deben realizar las acciones necesarias para efectuar el pago relativo aun cuando esos recursos no estén destinados para tal fin, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 constitucional, en cuanto prevé que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, ya que esta disposición no puede oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, dado que es la propia Constitución General de la República la que determina la exigibilidad inmediata de su cumplimiento, al señalar en su artículo 107, fracción XVI, que en caso de que ello no suceda y su incumplimiento sea inexcusable, las autoridades responsables serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda. Es por lo cual, se requiere al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, realice la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre, a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; en su caso, solicite la aprobación de esa reestructura al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Además, remita copias certificadas de las constancias en que conste lo previamente requerido. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la precitada autoridad responsable, esto es, al Gobernador del Estado de Jalisco, para que en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto, requiera a dicho Secretario de Seguridad, para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad oficiante haya referido que no le reviste el carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable y que por ello no está en aptitud de requerirle el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo; toda vez que el artículo 194 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." Además, conforme a lo dispuesto en el precitado numeral, se precisa que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece: "Artículo 2. El Poder Ejecutivo se confiere a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, quien lo ejerce exclusivamente. El Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado. La Administración Pública del Estado es el conjunto de dependencias y entidades públicas que señalan la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanen, la presente ley, y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, jerárquicamente subordinados al Gobernador. " En ese sentido, si el numeral 2 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone que las secretarías se encuentran jerárquicamente subordinadas al titular del poder ejecutivo, es inconcuso que el Gobernador del Estado de Jalisco sí ejerce sobre la Secretaría de Seguridad poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o incluso, cumplirla por sí mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Por tanto, se insiste, si bien las Coordinaciones Generales Estratégicas, tienen la función de coordinar y coadyuvar con las dependencias agrupadas para el mejor despacho de los asuntos de su competencia y con ello garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la función gubernamental y administrativa; aun cuando supervisen o evalúen su actuar, no inhibe la subordinación de las Secretarías a la que se encuentran sujetas ante el Gobernador, conforme al precitado numeral 2 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por tanto, deberá acreditar que en su carácter de superior jerárquico dio la orden al Secretario de Seguridad responsable, Bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto que reclamó del Actuario Notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, contra el acto reclamado a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y su Presidente Auxiliar, indicado en el considerando segundo, por lo motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista física y electrónica.

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