Martin Julian Mauleon Pacheco

Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
672/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Martin Julian Mauleon Pacheco
  • Ameyalli Hernández Carrera
  • MARTIN JULIAN MAULEON PACHECO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para las partes legitimadas para ello el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla los tomos de pruebas formados con las copias certificadas del expediente de origen, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el que se le notifique el presente proveído hará las veces de este. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita consulta de expediente electrónico. Agréguese a los autos el escrito suscrito por la parte quejosa, Martín Julián Mauleón Pacheco, mediante el cual solicita la consulta del expediente electrónico, para lo cual proporciona nombre de usuario y correo electrónico. Consulta de expediente electrónico. En atención a su solicitud, y en vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se localizó el nombre de usuario "martinmp", correspondiente a la parte quejosa; de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza a consultar el expediente electrónico vía internet. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Autoridad da cumplimiento. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, y remite copia certificada del auto de trece de julio del año en curso, del que se advierte que radicó y declaró procedente la providencia cautelar que solicitó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Litis constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. ******************** y ********************, por propio derecho. Parte tercera interesada.********************. Autoridad responsable. Tribunal Laboral del Estado con sede en Tehuacán, Puebla. Acto reclamado. La resolución de quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, consistente en ordenar al demandado que se abstenga de darlos de baja del instituto que les brinda servicios de salud. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. De acuerdo con en el artículo ********************2 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la resolución del quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo ********************1, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo ********************1. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Como se desprende del precepto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales de la persona gobernada, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, atento al acto reclamado, conviene recordar que por acuerdo de diez de julio de la presente anualidad, se tuvo al Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán remitiendo copia certificada del auto de seis de julio pasado, dictado en el expediente ********************/2022 de su índice y, de igual forma, comunicando el resultado la resolución recaída al conflicto competencial ********************/2022 de la estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO, Se declara legalmente competente para conocer del procedimiento ordinario laboral, promovido por ******************** y ********************, al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. SEGUNDO. Mediante oficio, comuníquese el sentido de esta resolución a los Tribunales disidentes para su conocimiento oportuno y efectos legales; y, mediante notificación, a la parte actora, así como a la********************, parte demandada en el procedimiento laboral." En tal virtud, se requirió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para que informara lo que proveyó respecto a la citada resolución y, por tanto, si subsistía el acto reclamado en el presente asunto. Así, en el auto que anexó al oficio de cuenta -dictado el trece de julio pasado- determinó, en lo que interesa: "Finalmente. Con fundamento en los artículo 857, 11 y 90 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla; 857 y 858 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Este Tribunal de Arbitraje, tiene a bien conceder la Providencia Cautelar, solicitada por los promoventes; ordenando a la parte demandada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO, no dar de baja a las partes actores los CC. ******************** y ******************** como sus trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en el caso de que la parte patronal ya haya presentado la baja del promovente antedicha institución de salud, se conmina a que se ordene la reinscripción inmediata, para que continúe siendo derechohabiente y pueda tener acceso a la atención medica (sic) que solicita; Atento a lo anterior; se requiere al demandado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba ante este H. Tribunal de Arbitraje documento idóneo que acredite el alta de los CC. ******************** y ********************, ante el en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado." En ese orden, se advierte que el acto reclamado en esta acción constitucional, consistente en la resolución del quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, ha cesado en sus efectos por sustitución procesal. Lo anterior es así, toda vez que la resolución referida se sustituyó procesalmente por el aludido acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente D-********************/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Por ende, se concluye que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo ********************1, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal ********************3, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Autoridad da cumplimiento. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, y remite copia certificada del auto de trece de julio del año en curso, del que se advierte que radicó y declaró procedente la providencia cautelar que solicitó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Litis constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. ******************** y ********************, por propio derecho. Parte tercera interesada.********************. Autoridad responsable. Tribunal Laboral del Estado con sede en Tehuacán, Puebla. Acto reclamado. La resolución de quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, consistente en ordenar al demandado que se abstenga de darlos de baja del instituto que les brinda servicios de salud. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. De acuerdo con en el artículo ********************2 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la resolución del quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo ********************1, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo ********************1. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Como se desprende del precepto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales de la persona gobernada, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, atento al acto reclamado, conviene recordar que por acuerdo de diez de julio de la presente anualidad, se tuvo al Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán remitiendo copia certificada del auto de seis de julio pasado, dictado en el expediente ********************/2022 de su índice y, de igual forma, comunicando el resultado la resolución recaída al conflicto competencial ********************/2022 de la estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO, Se declara legalmente competente para conocer del procedimiento ordinario laboral, promovido por ******************** y ********************, al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. SEGUNDO. Mediante oficio, comuníquese el sentido de esta resolución a los Tribunales disidentes para su conocimiento oportuno y efectos legales; y, mediante notificación, a la parte actora, así como a la********************, parte demandada en el procedimiento laboral." En tal virtud, se requirió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para que informara lo que proveyó respecto a la citada resolución y, por tanto, si subsistía el acto reclamado en el presente asunto. Así, en el auto que anexó al oficio de cuenta -dictado el trece de julio pasado- determinó, en lo que interesa: "Finalmente. Con fundamento en los artículo 857, 11 y 90 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla; 857 y 858 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Este Tribunal de Arbitraje, tiene a bien conceder la Providencia Cautelar, solicitada por los promoventes; ordenando a la parte demandada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO, no dar de baja a las partes actores los CC. ******************** y ******************** como sus trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en el caso de que la parte patronal ya haya presentado la baja del promovente antedicha institución de salud, se conmina a que se ordene la reinscripción inmediata, para que continúe siendo derechohabiente y pueda tener acceso a la atención medica (sic) que solicita; Atento a lo anterior; se requiere al demandado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba ante este H. Tribunal de Arbitraje documento idóneo que acredite el alta de los CC. ******************** y ********************, ante el en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado." En ese orden, se advierte que el acto reclamado en esta acción constitucional, consistente en la resolución del quince de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria Instructora del Tribunal Laboral del Estado, con sede en Tehuacán, en el juicio laboral ********************/2022, en la que declaró improcedente la providencia cautelar que solicitaron los quejosos en su escrito inicial de demanda, ha cesado en sus efectos por sustitución procesal. Lo anterior es así, toda vez que la resolución referida se sustituyó procesalmente por el aludido acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente D-********************/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Por ende, se concluye que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo ********************1, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal ********************3, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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