Martín Juárez Sánchez

Expediente 1335/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1335/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Martín Juárez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO La secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. En la misma fecha, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado de los autos, en específico con el acuerdo dictado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis a través del cual se desechó la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. DEY____ SISE_______

  2. Principal

    En treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un escrito con número de registro 21456 y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Eduardo Román de los Santos, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado mediante proveído de veintisiete de diciembre de la anualidad que transcurre, y al efecto refiere que insta la acción constitucional por su propio derecho, no así en representación de Martín Juárez Sánchez, como lo indicó en su ocurso primigenio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y Director de Seguridad Pública, ambos con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas: El proveído dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio especial de desahucio 308/2016, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, a través del cual gira oficio al Director de Seguridad Municipal a fin de que mediante el uso de la fuerza pública haga entregado al demandado Miguel Carrillo Saldivar de su vehículo, mismo que se encuentra en posesión del depositario judicial, hoy quejoso, apercibiéndolo con arresto hasta por cuarenta y ocho horas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la parte quejosa, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente, toda vez que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafos primero y cuarto de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De los preceptos trascritos, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el promovente debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, no pasa inadvertido que el juicio constitucional de derechos fundamentales podrá promoverse por quien tenga un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Siendo oportuno señalar, que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, que se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener que le afecta en su esfera jurídica el hecho de que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, haya ordenado el uso de la fuerza pública girando el oficio correspondiente al Director de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se haga entrega del vehículo embargado propiedad del demandado Miguel Carrillo Saldivar, a éste, apercibiendo al depositario judicial, aquí quejoso, ante su conducta contumaz o rebeldía, su arresto hasta por cuarenta y ocho horas. Bajo la tesitura apuntada, de un análisis integral y exhaustivo de su demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por el quejoso no afecta su interés jurídico, toda vez que como depositario judicial en un procedimiento jurisdiccional su función se limita a auxiliar en la administración de justicia en el juicio de origen; por tanto, es claro que los actos que aquí reclama no producen ninguna lesión o perjuicio en sus derechos. Cabe señalar que no pasa desapercibido para este juzgador el que jurisprudencialmente se ha sostenido que por regla general el quejoso hasta antes de que se dicte sentencia puede aportar al juicio las pruebas conducentes para justificar su interés jurídico, empero existen casos, como sucede en el que nos ocupa, en los que esa demostración no podrá acontecer en ningún momento de la secuela procedimental, ya de forma manifiesta e indudable se percibe que el acto que reclama no incide en su esfera jurídica, al no trastocársele alguno de sus derechos subjetivos; requisito que resulta indispensable para instar el medio de control constitucional, cuando se reclama un acto de alguna autoridad jurisdiccional; siendo aplicable la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.". En dicho orden de ideas, es innegable que el quejoso en este sumario no tiene interés jurídico, pues su participación en el procedimiento de origen se limita a la de coadyuvar en la substanciación del juicio de origen como depositario del bien ahí embargado, al no tener el carácter de parte en el mismo, siendo que tal cargo más que constituirle un derecho era una obligación al tener el deber de cuidar de dicho bien (vehículo) y de responder por el mismo aunque no sea de su propiedad. Luego, es inconcuso que al haber ordenado el Juez destrabar el embargo del vehículo asegurado, al haber pagado el demandado las rentas vencidas en el juicio sumario de desahucio, el cargo de depositario del ahora quejoso feneció, en esa medida, más que afectarle en su esfera jurídica, lo libera de una obligación al no estar vinculado como parte demandada en el juicio de origen, por lo que el auto en el que se autorizó el uso de la fuerza pública, no afecta sus derechos fundamentales jurídicamente tutelados por la Constitución, pues como bien, lo adujó el Juez de origen, dependerá del justiciable colocarse en esa hipótesis de contumacia y/o rebeldía, para que se le hiciera efectivo el apercibimiento con el que fue conminado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página cuatrocientos catorce, de rubro y texto siguientes: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso". En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por carecer el quejoso de interés jurídico, y ante tales circunstancias, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de control constitucional, promovido por José Eduardo Román de los Santos, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 112 y 113 del citado ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido de que subsisten los autorizados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, precisados en el auto inicial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. SISE___ DEY____

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Eduardo Román de los Santos, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado mediante proveído de veintisiete de diciembre de la anualidad que transcurre, y al efecto refiere que insta la acción constitucional por su propio derecho, no así en representación de Martín Juárez Sánchez, como lo indicó en su ocurso primigenio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y Director de Seguridad Pública, ambos con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas: El proveído dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio especial de desahucio 308/2016, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, a través del cual gira oficio al Director de Seguridad Municipal a fin de que mediante el uso de la fuerza pública haga entregado al demandado Miguel Carrillo Saldivar de su vehículo, mismo que se encuentra en posesión del depositario judicial, hoy quejoso, apercibiéndolo con arresto hasta por cuarenta y ocho horas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la parte quejosa, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente, toda vez que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, párrafos primero y cuarto de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." De los preceptos trascritos, se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el promovente debe acreditar en forma fehaciente cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, no pasa inadvertido que el juicio constitucional de derechos fundamentales podrá promoverse por quien tenga un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Siendo oportuno señalar, que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, que se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener que le afecta en su esfera jurídica el hecho de que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, haya ordenado el uso de la fuerza pública girando el oficio correspondiente al Director de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se haga entrega del vehículo embargado propiedad del demandado Miguel Carrillo Saldivar, a éste, apercibiendo al depositario judicial, aquí quejoso, ante su conducta contumaz o rebeldía, su arresto hasta por cuarenta y ocho horas. Bajo la tesitura apuntada, de un análisis integral y exhaustivo de su demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por el quejoso no afecta su interés jurídico, toda vez que como depositario judicial en un procedimiento jurisdiccional su función se limita a auxiliar en la administración de justicia en el juicio de origen; por tanto, es claro que los actos que aquí reclama no producen ninguna lesión o perjuicio en sus derechos. Cabe señalar que no pasa desapercibido para este juzgador el que jurisprudencialmente se ha sostenido que por regla general el quejoso hasta antes de que se dicte sentencia puede aportar al juicio las pruebas conducentes para justificar su interés jurídico, empero existen casos, como sucede en el que nos ocupa, en los que esa demostración no podrá acontecer en ningún momento de la secuela procedimental, ya de forma manifiesta e indudable se percibe que el acto que reclama no incide en su esfera jurídica, al no trastocársele alguno de sus derechos subjetivos; requisito que resulta indispensable para instar el medio de control constitucional, cuando se reclama un acto de alguna autoridad jurisdiccional; siendo aplicable la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.". En dicho orden de ideas, es innegable que el quejoso en este sumario no tiene interés jurídico, pues su participación en el procedimiento de origen se limita a la de coadyuvar en la substanciación del juicio de origen como depositario del bien ahí embargado, al no tener el carácter de parte en el mismo, siendo que tal cargo más que constituirle un derecho era una obligación al tener el deber de cuidar de dicho bien (vehículo) y de responder por el mismo aunque no sea de su propiedad. Luego, es inconcuso que al haber ordenado el Juez destrabar el embargo del vehículo asegurado, al haber pagado el demandado las rentas vencidas en el juicio sumario de desahucio, el cargo de depositario del ahora quejoso feneció, en esa medida, más que afectarle en su esfera jurídica, lo libera de una obligación al no estar vinculado como parte demandada en el juicio de origen, por lo que el auto en el que se autorizó el uso de la fuerza pública, no afecta sus derechos fundamentales jurídicamente tutelados por la Constitución, pues como bien, lo adujó el Juez de origen, dependerá del justiciable colocarse en esa hipótesis de contumacia y/o rebeldía, para que se le hiciera efectivo el apercibimiento con el que fue conminado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página cuatrocientos catorce, de rubro y texto siguientes: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso". En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por carecer el quejoso de interés jurídico, y ante tales circunstancias, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de control constitucional, promovido por José Eduardo Román de los Santos, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 112 y 113 del citado ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido de que subsisten los autorizados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, precisados en el auto inicial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación."

  4. Principal

    CUENTA. En veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la demanda de amparo promovida por José Eduardo Román de los Santos, quien se ostenta como representante legal de Martín Juárez Sánchez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas y otra autoridad; y seis copias de traslado, con número de registro 21257. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a José Eduardo Román de los Santos, quien se ostenta como representante legal de Martín Juárez Sánchez, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1335/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, tomando en consideración que el aquí promovente José Eduardo Román de los Santos, se ostenta como representante legal de Martín Juárez Sánchez; sin embargo, derivado del análisis de la satisfacción de los requisitos que prevén los artículos 6, 11, 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al citado promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Acredite con documento idóneo presentado en original o copia certificada, la representación legal que revele la personalidad con la que se ostenta respecto de Martín Juárez Sánchez, misma que es un presupuesto procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior en razón de que el que suscribe la demanda en representación de Martín Juárez Sánchez, fue omiso en acompañar algún documento certificado que revele la representación de su acción ante esta instancia constitucional, lo anterior se constata con el sello y razón de la oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito que únicamente dice: "Firmado 6 copias". APERCIBIMIENTO. Apercibida la parte signante, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención descrita en el plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En relación a lo expuesto cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta y como autorizado en términos restringidos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ortíz Ortíz, toda vez que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que el fedatario realice las notificaciones personales, que en su caso deriven del presente expediente. TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Razón. En la misma fecha se registró el expediente en el libro de gobierno bajo el progresivo 1335/2016-7, y se cumple con lo ordenado. Conste. SISE___ DEY____

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